El Frente para la Victoria realizó ayer modificaciones al proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia enviado por el Poder Ejecutivo y firmó dictamen para que la iniciativa sea tratada en el recinto del Senado la próxima semana. Con la oposición ausente del debate, ayer por la mañana expusieron el Centro de Estudios Legales y Sociales y el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Sain, quienes plantearon sus críticas y la necesidad de realizar cambios. Luego de un cuarto intermedio, el jefe de bloque del FpV, Miguel Pichetto, anunció que se habían incorporado algunas de esas propuestas y que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia se reunirá hoy, donde se seguirán analizando otros aspectos del tema. Sain, legislador de Nuevo Encuentro, consideró que el Senado “fue receptivo de las consideraciones más sustantivas” realizadas en la comisión. Sin embargo, para el director del CELS, Horacio Verbitsky, el dictamen firmado “no es satisfactorio”. “No han solucionado el problema de fondo. El monstruo sigue adentro”, aseguró Verbitsky, quien agregó que todavía continuaban estudiando el texto.

Convocados por el Frente para la Victoria, tanto Sain como los representantes del CELS arrancaron su exposición a las 11 de la mañana. Si bien compartían críticas en varios puntos, mantenían diferencias en la apreciación integral de la iniciativa. “La propuesta del Poder Ejecutivo supone cambios trascendentes con una connotación positiva”, aclaró Sain antes de comenzar a desmenuzar el proyecto. El legislador bonaerense rescató la transferencia de la dirección de observaciones judiciales al ámbito del Ministerio Público Fiscal, “en sintonía con la reforma del Código Procesal Penal”. “No va a ser la procuradora (Alejandra Gils Carbó) quien ordene las escuchas, sino un fiscal con el aval de un juez en función de garantías”, aseguró Sain, respondiendo a las críticas mediáticas de la oposición. Al mismo tiempo, remarcó que el proyecto evita que haya “relaciones subterráneas” entre agentes de Inteligencia y la Justicia Federal, ya que ese vínculo estará monopolizado por el director y subdirector de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En cuanto a las críticas, planteó mejoras en la redacción para evitar confusiones de conceptos tales como “Inteligencia criminal” e “investigación criminal”, entre otros. El primer término apunta al análisis de información con fines preventivos, mientras que el segundo atiende a la necesidad de producir información con valor probatorio para perseguir a presuntos autores de delitos ya cometidos. Esta fue una de las críticas compartidas con el CELS, que finalmente fue corregida en el dictamen. Otra de las modificaciones es la subordinación a la AFI de la dirección de Inteligencia militar, que según la redacción original permitía un margen de autonomización. “También se aclara la diferencia entre Seguridad Interior y Defensa Nacional y se erradica cualquier tipo de concepto o actividad que podía constituir un atajo involuntario para que las Fuerzas Armadas hagan tareas de Inteligencia en materia de seguridad interior”, señaló Sain a Página/12 tras conocerse las correcciones realizadas al proyecto.

Con un tono mucho más crítico, el CELS mantuvo buena parte de las diferencias señaladas antes de la firma del dictamen. En su exposición, Verbitsky remarcó la demora de diez años que lleva el Estado en la reforma del Sistema de Inteligencia y criticó la actitud tanto del oficialismo como de la oposición en este debate. “Nos parece de enorme irresponsabilidad tratar de sacar la ley a las disparadas, en un mes, ante una emergencia. Y es incomprensible que los opositores deserten de la discusión”, afirmó Verbistky a este diario.

Si bien reconoció que se mejoraron esas deficiencias de técnica legislativa y confusiones conceptuales, el director del organismo de derechos humanos y representante de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en Memoria Activa advirtió que “en la medida que (la AFI) va a funcionar como auxiliar de la Justicia, la relación perversa va a seguir”. “Hay un compromiso del Estado nacional con las víctimas que no se está cumpliendo”, aseguró. Tanto él como la directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, remarcaron que no se modificó el registro ni el control de los fondos reservados del nuevo organismo, que continúan en manos de la comisión bicameral.

“En el control de los fondos y el tema del secreto no cambiaron nada. ¿Qué secretos hay que guardar aquí que no puede desclasificarse la documentación en los plazos en que lo hacen dos países que viven en guerra como Estados Unidos e Israel?”, preguntó Verbitsky, comparando los 25 años establecidos en el proyecto con los 10 y 15 años de los otros países, respectivamente.

Desde el oficialismo dejaron trascender que el tema del control de los fondos podría revisarse hoy en la comisión bicameral, a la que sí asistirán representantes de la oposición.