Luego de rehuir el debate en comisión sobre el proyecto del Gobierno para modificar el área de Inteligencia y tras ratificar –con algunas deserciones– que tampoco bajará al recinto de ninguna de las dos cámaras del Congreso para plantear sus diferencias con la iniciativa oficial, la oposición parlamentaria encontró un nuevo escenario para sus críticas al Gobierno: la convocatoria a una “audiencia pública” para “debatir el esclarecimiento” de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el mismo día que el Senado le daría media sanción a la disolución de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que modificará parte de sus atribuciones y su actual estructura. Senadores y diputados opositores hicieron el anuncio, luego de una reunión en la que algunos bloques –como el Peronismo Federal– expresaron su “autocrítica” por ausentarse del debate legislativo que ahora están dispuestos a enfrentar en el recinto, fracturando la estrategia que trazaron las principales bancadas de la oposición.

Los senadores Gerardo Morales (UCR) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), junto a los jefes de los bloques de diputados del radicalismo, Mario Negri; del massismo, Rubén Darío Giustozzi; y del macrismo, Federico Pinedo, comandaron la reunión en el Salón Illia del Senado, donde anunciaron la audiencia pública para el próximo miércoles, que se propone, entre otros temas, analizar la denuncia del fallecido fiscal contra la Presidenta, su canciller y dirigentes oficialistas por el supuesto “encubrimiento” de los acusados iraníes por la voladura de la AMIA en 1994. A la que –según afirmaron– ya habrían comprometido su presencia representantes de la comunidad judía y directivos de la DAIA y la AMIA.

Además de “articular la formación de una comisión para la firma de un compromiso sobre los temas de agenda que impone la muerte del fiscal Nisman”, como expresó el jujeño Morales. De la misma forma que todos los precandidatos presidenciales y referentes de los frentes opositores rubricaron en la Asociación de Magistrados el documento que titularon “Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial”.

La audiencia pública en paralelo con la sesión del Senado fue presentada como una convocatoria de todo el arco opositor, aunque no se pudieron disimular las divergencias que surgieron en el encuentro previo.

“Se acabó esto de dar quórum y legalizar una política contraria al país”, insistió el senador Solanas, uno de los que más fogonearon la ausencia opositora en el debate, ante la fisura opositora. Morales, uno de los diseñadores de esa estrategia, redujo la sensación de éxito –logrado con la ausencia de la oposición en las dos audiencias del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta– y se limitó a decir que ésa era la intención “de la mayoría de los bloques opositores”. Negri salió al cruce y trató de quitarle trascendencia a las diferencias opositoras: “no fue un tema central” en la discusión, dijo el radical cordobés.

Poco después, las diferencias confirmaron la fractura del frente opositor. “Nosotros hemos hecho una crítica y una autocrítica. Tuvimos la sensación de que la opinión pública consideró que debíamos haber asistido a la reunión de la comisión de ayer (por el martes). Entonces hemos resuelto dar el debate, vamos a asistir a la sesión y vamos a hablar los ocho senadores que integramos el Interbloque Federal”, afirmó su presidente, el puntano Adolfo Rodríguez Saá. “Insistiremos en que las escuchas pasen a mano de la Corte Suprema y no de la Procuración General”, agregó el ex gobernador de San Luis y remarcó: “También vamos a opinar del crimen político del fiscal Nisman, que debe llamar la atención al Poder Ejecutivo, que debe respaldar una investigación profunda para que se sepa la verdad”.

Desde el oficialismo volvieron a cargar contra la postura opositora de ausentarse del debate legislativo, pero por lo bajo también le restaron legitimidad a la convocatoria opositora. Afirman que la “audiencia pública”, en pleno receso legislativo y fuera del temario con que el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, no tiene ninguna atribución parlamentaria. Ni siquiera, insisten, está avalada por la mayoría de los integrantes de una comisión ni de los presidentes de ambas Cámaras.

Autoexcluida del debate sobre la ley que crea la nueva Agencia Federal de Inteligencia, la oposición parlamentaria encontró un escenario común para plantear sus críticas al Gobierno, aunque sólo tengan carácter declamativo.