El juez Sebastián Ramos sobreseyó al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, en la causa en la que su colega Claudio Bonadio lo había acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ramos siguió el razonamiento planteado por el fiscal que actuó en el expediente, Jorge Di Lello, quien había considerado la inexistencia de los delitos mencionados en la denuncia. Gonella dijo que “corresponde que la denuncia se desestime, no había otra alternativa”.

Ramos, a cargo del juzgado federal Nº 2, había firmado la resolución unos días atrás, pero recién ayer se difundió. En cuatro carillas argumentó por qué coincidió con la conclusión alcanzada por Di Lello en diciembre de 2014, en quien había confiado la instrucción de la causa, y ordenó el sobreseimiento de Gonella. El expediente había comenzado cuando Bonadio acusó al titular de la Procelac de haber retenido una denuncia de lavado de dinero proveniente de una red de trata de personas: la procuraduría había enviado el caso a la Justicia cinco meses después de haberlo conocido.

No era la única situación en la que Bonadio empujó a Gonella a los pasillos judiciales. A fines de noviembre, el juez comenzó a investigarlo por “violación de secreto” luego de que éste difundiera vía Twitter información sobre los vínculos de la jueza María Gabriela Lanz con el narcotráfico. Defendido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el titular de la Procelac aguarda la reacción del juez frente al pedido de sobreseimiento que la parte presentó, al considerar la inexistencia del delito. El titular del juzgado Federal Nº 11 también entiende en el expediente la investigación por presunto lavado de dinero en hoteles de la familia Kirchner.

“Ante la solución propuesta por el representante del Ministerio Público Fiscal, este tribunal no encuentra más opción que admitir el criterio adoptado por quien, dijimos, detenta el ejercicio de la acción penal pública”, o sea de la investigación para poder realizar acusación alguna, apuntó Ramos en su resolución. “La concluyente decisión adoptada por ese funcionario, independientemente del parecer del suscripto, impide proseguir con el trámite de las presentes actuaciones sin incurrir en una manifiesta vulneración de aquellos altos preceptos constitucionales”, continuó.

En diciembre de 2014, Di Lello había considerado que el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público achacados por el juez federal a Gonella no existían: el fiscal entendió que la Procelac no trasladó antes a la Justicia la denuncia de lavado porque la mujer que realizó la denuncia –las fuentes solicitaron la reserva de su identidad– demoró ese tiempo en aportar la información necesaria. Ramos entendió que el criterio “reflejaba la conclusión de un razonamiento válido”. Según relataron desde la procuraduría en cuestión, una mujer se acercó y vinculó en “un relato difuso” a dinero supuestamente proveniente de una red de trata con acciones de lavado. Los pedidos a la denunciante de datos que “refuercen” aquel relato demoraron “entre tres y cuatro meses” en ser recolectados, informaron. Recién después se tomó la decisión de “judicializar” la denuncia, que, por sorteo de la Cámara Federal, llegó al juzgado federal Nº 11, a cargo de Bonadio. El juez citó a la denunciante y decidió acusar a Gonella.

Gonella no fue citado a declarar en la causa. Tras conocer la decisión del juez federal Nº 2, consideró que “no había otra alternativa” más que su sobreseimiento.