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Por M. G.

El mensaje fue nítido: “Córranse de la investigación porque los vamos a hacer boleta”. Después, el auto aceleró y se perdió por avenida Pavón, en Avellaneda. Así fue que el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) confirmó que estaba arruinando un negocio ilegal de gran tamaño con su pesquisa sobre el robo de vías al Estado.
Funcionarios del Onabe dijeron a Página/12 que los amenazados fueron un policía de Córdoba, Julio Torres, y el coordinador de Seguridad y Resguardo del Onabe, Daniel Pires. El jueves a las 22, mientras viajaban desde la sede del Onabe a Lanús, los interceptaron dos personas a bordo de un Fiat Duna. La claridad del mensaje fue apoyada por la presencia de armas. Los investigadores habían salido desde Retiro. Su hipótesis es que debían estar siendo seguidos sin que hasta ese momento hubieran podido advertirlo.
Este diario ya informó sobre la existencia de robo de vías pertenecientes al Estado en Córdoba, Santiago del Estero o Entre Ríos y su venta a chatarreros del Gran Buenos Aires. Se trata de ramales que ya no funcionan dentro de concesiones entregadas a empresas privadas. Sin embargo, como el Estado concesiona el servicio y no entrega graciosamente los bienes, tanto los terrenos como los rieles o el material rodante siguen siendo propiedad fiscal. Levantarlos y venderlos es cometer robo contra el Tesoro. Un robo que, por la magnitud física de los rieles y su peso en toneladas, que implica miles de viajes en camión, no puede realizarse sin la complicidad de un aparato mafioso.
Por denuncia del Onabe, a cargo de Fernando Suárez, la Justicia cordobesa detectó material rodante –boogies y ruedas de vagones– que había sido robado en Jujuy antes de que pudiera ser subastado por el Onabe. Las pistas llevaron a los investigadores hasta Avellaneda y Lanús, donde funciona Metalúrgica Romero. Encontraron 1200 toneladas de material identificado que aparentemente había sido transportado sin los papeles correspondientes. Cuando la Justicia allanó, los remitos no estaba. Luego comenzaron a aparecer remitos de distintas empresas de transporte y ahora los funcionarios los están sometiendo a un análisis riguroso.
Rafael Llorens, gerente de Asuntos Jurídicos del Onabe, pidió a la Justicia participar como querellante luego de que la policía de Córdoba detuvo a tres personas que robaban rieles y decían que los vendían a las acerías Masacani y Adalmi. En las dos empresas la Justicia encontró alrededor de 60 mil toneladas de rieles. Según el Onabe, el 60 por ciento es utilizable “por su calidad y estado de conservación para ser reinstalados en la red ferroviaria”.
Expertos del Onabe reconstruyeron el circuito de los rieles o el material rodante:
- Un grupo levanta vías instaladas y en desuso.
- Lo hace con acuerdo de un concesionario.
- Los cargamentos van a un chatarrero, eslabón para blanquear el negocio.
- El chatarrero vende los rieles a una acería.
- La acería refila el material y lo reinserta en el mercado, a otros concesionarios.
En una de las demandas judiciales, Llorens dijo que “no se puede imaginar la remoción de los vagones si no fue por medio de su tracción por vía”. Su conclusión es que una maniobra de ese tipo “no pudo ser efectuada por otras personas que no sean las operadoras ferroviarias”.
Hasta ahora están bajo investigación Ferrocarriles Mediterráneos de Córdoba y el operador del servicio de carga Nuevo Central Argentino. También la empresa Inercargo, relacionada con Femed y operadora del aeropuerto de Córdoba. Página/12 ya había publicado que Femed había firmado un contrato con otra operadora, Sefecha SA, del Chaco, para vender material que no era propiedad suya sino del Estado nacional.
Los funcionarios sabían que se estaban metiendo con una red criminal de alcance nacional pero hasta ahora no habían registrado una reacción directa como la del jueves.