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Después de un vuelo que demoró en aterrizar cuarenta minutos, mientras la tripulación trataba de evitar la tormenta, el juez español Baltasar Garzón recibió a Página/12 en la sala VIP de la Fuerza Aérea del Aeropuerto de Ezeiza, donde lo fueron a recibir los fiscales Hugo Cañón y Eduardo Freiler, y el jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra. La sala es lo único que vio de Buenos Aires en este viaje, ya que ayer mismo partió enseguida rumbo a Trelew. Garzón regresó a la Argentina después de seis meses, seis meses llenos de acontecimientos vinculados al tema que más lo une a este país, el juzgamiento a los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura.
El juez español vino para participar en el seminario Internacional de Posgrado “Derechos Humanos, sistemas de protección” de la Universidad Nacional del Sur, donde también recibirá el título de Doctor Honoris Causa. Cansado, dispuesto a conversar y bien informado sobre la actualidad política y jurídica argentina, el magistrado español señaló que la toma de posición del presidente Néstor Kirchner –a quien no conoce– “ha dado inicio al camino por el que, si se avanza y continúa por donde debe, se acabará con la impunidad”. Aseguró que la Corte Suprema debería declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (“es evidente que no tienen ninguna validez”) y que, de otra manera, “la jurisdicción española se reactivaría inmediatamente”.
–Usted dijo que la detención de Augusto Pinochet fue un éxito, más allá de que no se pudo lograr su extradición ¿Podría decirse lo mismo en el caso de los cuarenta represores que fueron arrestados aquí en base a su pedido de detención, y luego liberados?
–La detención de Pinochet supuso un antes y un después, creo, en la lucha contra la impunidad. No hay que valorarlo en términos de éxitos o fracasos sino de que abrió una puerta, como antes lo habían hecho los procesos que se seguían por los hechos ocurridos en la dictadura militar en la Argentina, acerca de que no hay fronteras para aquellos crímenes que más agreden a la humanidad. Esa sensación de no impunidad es la que se ha instaurado y a la que, de alguna forma, todos estamos contribuyendo.
–Para la Argentina esas detenciones operaron de alguna forma...
–Bueno, no es un solo elemento, son varios. Evidentemente, una detención, si no trae consigo después una atención dentro y fuera de los países implicados, no produce el alcance que se pretende, es decir no trasciende del hecho concreto. Obviamente esto ha sucedido. No es lo mismo 1997 que 2003 en el área de la Justicia Penal Universal, en el área de la propia justicia interna de los diferentes países y, por supuesto, en la Argentina. Creo que ha sido todo un conjunto de elementos que tuvo aquel detonante, pero que después ha seguido concatenadamente con otros.
–¿Sintió que el gobierno de España le dio la espalda después de siete años de investigación al no continuar con el trámite de extradición?
–No tuve esa sensación. Puedo discrepar de la decisión. Yo propongo la extradición al gobierno de España y el gobierno no la considera por argumentos que son defendibles desde su óptica, obviamente, no compartidos por mí. Pero lo que se hizo fue complementar, es decir, cuando se dijo que no, se denunciaron los hechos. Y la misma confianza que yo pueda tener en la justicia española debo tenerla, y la tengo, en la justicia argentina. Es un país democrático, con una justicia que en los últimos tiempos está demostrando con la acción de muchos de sus componentes que es posible hacer justicia respecto de los hechos acontecidos durante la dictadura militar. De hecho, tendrá que ser así una vez que la Corte Suprema se pronuncie sobre la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que creo que es una necesidad.
–¿La anulación de las leyes por el Congreso fue acertada?
–Sin lugar a dudas. Desde el principio, los que investigamos estos temas, y está en mis propias resoluciones, creemos que esas leyes carecen de contenido. No de legitimidad, porque fueron aprobadas por el Parlamento, pero no pueden oponerse a normas de superior rango y valor como los derechos fundamentales de las personas.
–¿Los pactos internacionales obligan a la Corte Suprema a pronunciarse por la invalidez o son sólo una sugerencia?
–Desde mi punto de vista, obligan. Para mí no ofrece ninguna duda, pero respeto lo que cada uno tenga o deba hacer y cada uno tiene su responsabilidad como jurista, como persona y como funcionario.
–En el caso de que la Corte no siga con este criterio ¿España podría reiniciar el trámite pedido de extradición?
–El criterio del gobierno al denegar la extradición, y la explicación que el propio ministro de Justicia dio públicamente, y me dio a mí, es que eso es así. Si por la razón que fuera la Corte Suprema no anulara esas leyes, la jurisdicción española se reactivaría inmediatamente, sin lugar a dudas. Incluso, el procedimiento sigue tramitándose allí. Para mí lo único que acontece es que estoy a la espera de recibir la demanda de cooperación jurídica internacional a través de la correspondiente comisión rogatoria. Una vez que la reciba, enviaremos para acá lo que tenemos para que se pueda juzgar aquí a estas personas.
–Cuando España no reclamó las extradiciones, usted le ofreció su investigación al juez Rodolfo Canicoba Corral para que abriera un proceso sobre genocidio ¿Considera que ésa sería la vía más válida para el juzgamiento de los hechos o era una de las posibilidades?
–No le pongo o le impongo un título jurídico a otra jurisdicción. Lo que sí hago es que denuncio los hechos con la calificación jurídica con la que yo los estoy tramitando. Aquí, una vez aceptada la denuncia, corresponde al juez y al fiscal hacer la calificación que corresponda. Sé la que corresponde según la ley española, no sé la que puede corresponder de acuerdo con la legislación argentina.
–¿Se podría hablar del principio del fin de la impunidad para estos crímenes en la Argentina?
–Creo que ha habido un hecho muy relevante en la Argentina y es la toma de posición del nuevo Presidente. Ni lo conozco, ni creo que lo vaya a conocer en fechas próximas, pero justo es reconocer que ha habido un cambio sustancial respecto de anteriores presidencias y afortunadamente, desde mi humilde punto de vista, ésta va en la dirección correcta, de que no puede haber paz y concordia sin Justicia. No puedes dejar un área, como es la que se deriva de las acciones violentas de la represión, sin dar una respuesta penal y judicial más amplia de la que se había dado. Creo que sí se ha dado inicio al camino por el que, si avanza y continúa por donde debe, se acabará con la impunidad.
–¿Siguió el proceso de renovación de la Corte Suprema?
–Lo he seguido desde España, lo que se puede seguir a través de la prensa e informaciones de amigos. Conozco a Raúl Zaffaroni, conozco sus obras y creo que es un jurista de prestigio que, sin lugar a dudas, va a aportar contenido jurídico y profundidad a la Corte Suprema.
–Se supone que la próxima vacante en el tribunal la va a ocupar una mujer ¿Cómo están representadas las mujeres en las Cortes Supremas en el mundo?
–La verdad es que son escasas. En España hay alguna mujer, pero no muchas. Creo que es una muy buena idea y hay muy buenas candidatas. Yo tengo mi preferencia por una de ellas, porque creo que es una luchadora infatigable por los derechos humanos, es Ana María Figueroa, pero no llego más que a estar atento a ver lo que sucede. Lo único que se desea es que la persona que se designe, sea quien fuera, tenga un compromiso claro por la defensa de los derechos humanos, la legalidad y la independenciajudicial. Esas son las tres reglas que para mí mismo, para mi país o cualquier otro país democrático se deberían de tener en cuenta.
–La última vez que vino estaba preocupado por la invasión a Irak ¿Qué consecuencias dejó la guerra en el plano jurídico internacional?
–Ahora hubo una decisión directamente relacionada con eso, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la reconstrucción de Irak. Eso me sugiere que efectivamente tenemos que mirar hacia el futuro y hay que reconstruir ese país, pero eso no implica que se deba olvidar todo lo que ha ocurrido antes, porque volvemos a caer en el mismo error. Actuar como si nada hubiera pasado es una mala política. Ha pasado y ha pasado mucho, se ha quebrantado la legalidad internacional, se sigue quebrantando y aunque haya habido un apoyo político en el Consejo de Seguridad, eso no lava todo lo anterior y no acaba con todas las responsabilidades. Hoy día se está viendo esa situación de ilegalidad por parte de algunos países como Estados Unidos, por la acción de la administración actual. Hay ejemplos gravísimos de Guantánamo, de los propios campos de prisioneros en Afganistán y en Irak y no hay una respuesta a eso.
–Aquí hubo un debate por el pedido de inmunidad de las tropas norteamericanas para un ejercicio conjunto con las Fuerzas Armadas...
–Estoy totalmente en contra. Me parece que una potencia como Estados Unidos no puede exigir a todos los demás países que forman parte de la Corte Penal Internacional que se otorgue una inmunidad preventiva. Parece que todo es preventivo. Se está pidiendo la aplicación del artículo 16 del estatuto antes de que haya ninguna investigación. Espérese, nadie le ha dicho que ha cometido usted un delito. Es una exigencia desde mi punto de vista intolerable. Pero yo soy una persona que piensa por sí misma y no formo parte de ningún gobierno ni tomo decisiones de alcance político.
–Usted va a hablar en la Universidad del Sur del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Más allá de lo estrictamente jurídico ¿el juez se involucra desde otro lado en estas investigaciones?
–Creo que todos estamos involucrados en apoyar el principio de justicia internacional para este tipo de crímenes. Cuando se produce la discusión sobre el principio de nacionalidad o de soberanía en contraposición al de justicia penal universal, yo respeto el punto de vista, pero no deja de producirme cierta sonrisa, porque siempre he entendido este principio con un carácter integrador. Nadie va a acabar con la jurisdicción interna. Estamos ante crímenes que no tienen fronteras, que la víctima es la comunidad internacional y por lo tanto, no sé por qué habría que respetar dichas fronteras cuando se trata de exigir Justicia, y en cambio, no se hace así cuando se trata de quebrantarla.