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Cándida y Eugenia, de Formosa, sueñan con ver renacer sus plantas de maíz, mandioca, poroto y zapallo, que amanecieron marchitas un día de febrero después de una fumigación en campos linderos donde se produce soja transgénica. Cristina, tucumana, espera algún día ampliar su pequeña chacra, cambiar la plantación de tabaco por otra que afecte menos su salud y dejar de contar peso por peso para mantener a su familia. Silvia, de Salta, pelea para que su comunidad aborigen recupere sus campos y viviendas, de donde fueron echados a golpes y balazos un mes atrás. Susana, misionera, pide una jubilación como pequeña productora agropecuaria y garantías de atención médica. Son sólo cuatro de 500 mujeres campesinas y aborígenes que viajaron de todas las provincias para reunirse en Buenos Aires en un primer encuentro nacional. Allí plantearon sus reclamos, que las muestran protagonistas de un enorme contrasentido: a pesar de que ellas y sus familias representan un gran potencial productivo, se los expulsa de sus tierras, sus plantaciones son destruidas y viven en condiciones precarias.
El tan celebrado crecimiento económico, a la mayoría de las mujeres del campo ni siquiera las roza. Es lo que se vio en el masivo Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas y Aborígenes, donde hubo múltiples paneles temáticos, en los que se pudieron escuchar historias concretas, y talleres en los que las participantes intercambiaron experiencias y detallaron sus principales problemáticas. Para ellas, la reactivación general por sí misma no significa nada y sus realidades cotidianas demuestran la subsistencia de problemas estructurales de distribución de la riqueza. El evento se hizo en Capital Federal por ser, explicaban, “el lugar donde se toman las decisiones que definen las políticas de la Nación”. Una de sus principales demandas se centra en impulsar una reforma agraria.
La mega-reunión fue convocada por la Red de Técnicas e Instituciones de todo el país que trabajan con Mujeres Rurales, conocida como Trama, en la que convergen organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas. Las campesinas y aborígenes que asistieron representan a unas 600 mil mujeres organizadas del campo y desafían el aislamiento en que se encuentran al vivir en zonas alejadas y con escasas vías de comunicación. De hecho, muchas de las que viajaron nunca habían salido de sus pueblos. Son pequeñas productoras, que trabajan en todo tipo de siembra, cría de ganado y animales de granja y en la confección de tejidos. Producen para autoconsumo y venta, en extensiones que rondan las 5 hectáreas o un poco más.
Durante tres días se las vio saltando de reunión en reunión por la planta baja y el primer piso de un hotel en Plaza Miserere. Algunas con sus ropas típicas, otras con polleras rectas y zapatos bajitos, otras con bebés en brazos. En el salón principal, una bola espejada de discoteca desentonaba con la ronda de puestos con productos regionales que montaron para mostrar y vender algo de lo que hacen en sus lugares de origen. Hubo escabeches, dulces, ropa de telar, artesanías y libros también. Se las veía con un entusiasmo desbordante, querían contar todo y, así, rompían el protocolo sin ninguna preocupación, capaces de pararse en medio de algún discurso y contar algo que les pasó o de ponerse a cantar casi a los gritos sus propias canciones.
Sobre el final de las jornadas, un grupo de profesionales técnicas que trabajó en la coordinación, evaluaban dos problemas que se presentan claramente como los más acuciantes:
u La tenencia y posesión de la tierra: A pesar de que los casos de desalojo de campesinos e indígenas más resonantes vienen ocurriendo en Santiago del Estero y en el Sur del país, lo mismo sucede en otras provincias como Salta, Jujuy y Misiones. Supuestos dueños o compradoresechan a la gente de sus campos, a veces con intervención de fuerzas de seguridad o de grupos paramilitares con amparo policial. “Este proceso de usurpación, a menudo dado por la llegada de inversiones extranjeros, se produce de manera muy violenta”, dice Luisa Vivanco, una psicóloga de Tucumán. Otras veces, quienes se dicen propietarios intentan entablar acuerdos con los lugareños y los terminan arrinconando. Marcan su ocupación con alambrados y otros recursos. Esto redunda en el éxodo forzoso a zonas urbanas, la pérdida de los medios de subsistencia y del entorno social, explica la especialista.
Los aborígenes tienen derecho a la tierra por ser pueblos originarios y piden que se apliquen las normas vigentes. Los campesinos no tienen leyes especiales. Algunos han poseído terrenos por varias generaciones y no tienen regularizada su situación dominial. “El problema es que están invisibilizados desde el Derecho por su condición de pobres”, señala Silvia Borcelino, de Prodemud, una ONG santiagueña. Los cálculos de varias organizaciones campesinas indican que unos 100 mil productores fueron expulsados de sus campos en los últimos diez años. La reforma agraria que los movimientos campesinos y de indígenas reclaman apunta, en buena medida, al reconocimiento de la posesión de sus tierras.
A este tema, se suman las dificultades en el acceso al crédito para ampliar sus campos y poder producir más y mejor. En ese sentido las mujeres reunidas en Buenos Aires reclamaron “exención de cargas impositivas o tasas diferenciadas”, loteos de tierras fiscales “con crédito blando” para pobladores rurales que no tienen nada, y que “la distribución de tierra sea acorde a las posibilidades de cada familia o región, sin favoritismos partidarios”. Pidieron al Gobierno que se haga cargo de devolver sus campos a las familias desalojadas.
u Insuficiencias en salud pública: Muchas mujeres contaron que en la mayoría de los hospitales públicos les cobran por atenderse. Junto con la gratuidad reclamaron la presencia de centros de salud en el campo que cuenten mínimamente con personal capacitado y medicamentos. Pidieron otras cuestiones básicas como agua potable, que se aplique la ley de Salud Reproductiva en todas las provincias y áreas rurales (con la distribución de anticonceptivos) y “que las mujeres que sufren violencia sean escuchadas y reciban el apoyo que necesitan”.
El alerta sobre el uso de agroquímicos y agrotóxicos está cruzado por dos temas: los riesgos para la salud y para las plantaciones de los pequeños productores y minifundistas. Cuando las grandes empresas fumigan con sustancias nocivas, no hay casi servicios de salud que solventen los tratamientos por intoxicaciones o de los problemas de piel que los afectan. Tampoco hay quien rescate a los agricultores de la pérdida de sus cosechas a causa de productos utilizados en plantaciones de transgénicos, ni quien les dé salida ante el deterioro de las condiciones de producción.
Las campesinas y aborígenes piden que se las reconozca como productoras y, como tales, tener –por ejemplo– el acceso a un seguro social y una jubilación. Todas estas cuestiones las volcaron en un documento de 105 puntos que entregaron al Gobierno Nacional, que también abarcó cuestiones sobre educación, identidad y medioambiente. Algunas de las participantes se desilusionaron porque no fue el presidente Néstor Kirchner al cierre del encuentro, donde lo habían invitado, pero trataron de conformarse con la visita relámpago de su hermana, Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social. “Todo lo que proponemos”, dijeron las mujeres, es “desde la dignidad de los derechos y no desde la lástima”.