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La detención del genocida Antonio Domingo Bussi significa prácticamente el fin de su carrera política. El otrora mandamás de Tucumán, no sólo deberá dar respuestas por la desaparición del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse sino que a partir de ahora, también por el secuestro del legislador Damián Márquez y por el asesinato de los docentes Francisco y Arturo Arancibia. Así, el próximo 29 de octubre, el anciano general continuará recluido en una dependencia del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid. Ese día debía asumir como intendente de la capital tucumana en lo que parecía ser su último cargo político. Sin embargo, no sólo la fuerza incontrastable de las pruebas en contra del ex dictador definieron la apertura de las causas sino también la contundente decisión política -que provino de las más altas esferas del poder nacional– que terminó por convencer al juez federal Jorge Parache, de que en esta oportunidad no podría hacerse el distraído con quien fue el máximo exponente de la impunidad y el genocidio tucumano.
Bussi está preso desde el miércoles de la semana pasada. Pero la decisión de detenerlo comenzó a cobrar fuerza no hace mucho tiempo atrás. Hace poco más de quince días, arribó a la provincia de Tucumán el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde. Durante su visita se reunió con los jueces federales, Parache y Felipe Terán. Este último es el que tiene a su cargo la causa conocida como “Pozo de Vargas”, donde miembros del Ejército enterraron a decenas de detenidos-desaparecidos y en la que, de encontrarse los cadáveres, Bussi podría quedar involucrado, ya que todo ocurrió cuando era el dictador de la provincia.
Si bien a Duhalde el caso del pozo le interesó y alentó la investigación, se concentró más en Parache. Parco, el funcionario le dejó bien en claro “lo importante que es para el gobierno nacional la apertura de las causas y la condena a los responsables de los crímenes de la dictadura”. No fueron necesarias más palabras para Parache. Entendió rápidamente cuál era su tarea. Así, tuvo que abandonar su perfil de magistrado poco afecto a las causas por violaciones a los derechos humanos que, para su pesar, cuenta con un fiscal, Emilio Ferrer, quien no duda en profundizar la investigación.
Las consideraciones que realizó Duhalde con respecto a la Justicia Federal tucumana no fueron las únicas señales que llegaron desde el gobierno central. El propio presidente Néstor Kirchner dio cuenta de cuál era su posición cuando el 9 de Julio pasado dijo que “jamás habría votado por Bussi”. Hace pocos días, viajó a la provincia para reinaugurar los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. En el trayecto hizo detener el tren cuando pasó frente al Pozo de Vargas.
En los mentideros políticos tucumanos es vox populi la recomendación sobre el tema Bussi que Kirchner le diera tanto al gobernador electo, José Alperovich, como al actual mandatario y aspirante a senador nacional, Julio Miranda. “La democracia no puede tolerar a un autoritario como Bussi”, les habría dicho. Esta y no otra fue la razón por la que desde hace unos días los dos dirigentes –de buenas y antiguas relaciones con el ex dictador– no paran de considerar a Bussi como “un genocida”. Definición que repiten en cada acto de campaña que participan y que no dejan de sorprender a los militantes justicialistas.
Entre los hombres de Fuerza Republicana hay desazón. Conscientes de las escasas chances que tiene su jefe para recuperar la libertad antes de la fecha de asunción de las autoridades tucumanas, decidieron concentrarse en la campaña proselitista que tiene a Ricardo Argentino Bussi como candidato a senador nacional. Una derrota podría significar la desaparición del partido que se autodefine como “la fuerza moral de los tucumanos”. Bussi, mal que le pese, coincide con esta lectura y desde su lugar de detención grita órdenes por celular y recibe a sus adulones, los pocos que todavía quedan. Su hijo Ricardo –quien sufriera un preinfarto cuando le comunicaron la citación de su padre ante la Justicia– se reúne de manera permanente con un grupo de abogados considerados por el foro local como “bastante mediocres”. Javier Morof y Héctor D’Amico son dos de ellos. Elaboran estrategias con las que sueñan lograr la libertad del general retirado. De este especie de devaluado “Think tank” surgió la idea de solicitar que sea juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Rápido de reflejos, el fiscal Ferrer recomendó desestimar la chicana y Parache lo acompañó.
De todas formas, el hijo de Bussi está convencido de que la prisión de su padre puede convertirse en el mejor spot publicitario para su candidatura. “Si ganamos el 26, mi padre quedará libre el 27”, dijo hace un par de días. En cierto modo, Bussi hijo no se equivoca. Las denuncias contra el ex dictador jamás surtieron efecto electoral en aquella provincia. Todo lo contrario, parecían favorecerlo y convertirlo en una víctima del sistema.
Sin embargo, hay un detalle que marca la diferencia con las experiencias anteriores. Siempre se trataron de denuncias y la Justicia local jamás hizo nada. Es más, cuando ésta actuó fue la de Buenos Aires y no la tucumana. Pero en esta oportunidad, el que lo detiene es un juez local al que todos conocen, las víctimas son desaparecidos locales cuyos familiares también son conocidos por la mayoría y está cumpliendo el arresto en la única dependencia que queda del Ejército en la provincia, el liceo militar.
Hay un último dato para tener en cuenta, en las elecciones para gobernador de junio pasado, Bussi hijo salió tercero a una distancia respetable del segundo. Sólo la buena performance de su padre en la capital provincial, más la ayuda del PJ local que no exigió la apertura de ocho mesas impugnadas que le habría permitido superar la diferencia de 17 votos por los que se impuso el ex dictador, logró que la derrota no se hubiera convertido en una hecatombe partidaria. Entonces, ahora con su padre preso y en estas nuevas condiciones, es posible que esta vez la prisión no sea la mejor estrategia publicitaria.
El justicialismo vernáculo está al tanto de lo que piensan los bussistas. Acomodados ahora a los vientos K, analizan cuáles serán los movimientos para terminar de una vez por todas con los republicanos, el partido opositor que hasta la llegada de Kirchner era el que más le convenía porque –como reconoció un dirigente local de experiencia parlamentaria a nivel nacional– “el viejo Bussi era, al fin y al cabo, un mal conocido con el que se podía conversar”.
Leen y releen la Carta Orgánica del municipio capitalino. Esta sólo hace referencias a vacancias de la intendencia, pero nada dice sobre la no asunción del electo funcionario. De acuerdo a lo que sostienen algunos actuales integrantes del gabinete de Miranda, lo mejor sería una intervención hasta tanto se resuelva una posible nueva convocatoria a elecciones. Esta posibilidad choca con los intereses de los concejales electos que, obvio, verían frustrado el acceso a sus cargos. Es por eso que ese grupo impulsa la designación de un intendente que puede surgir de las filas del Concejo Deliberante o, en todo caso, elegir a cualquier otro ciudadano que cumpla con los requisitos que exige la Constitución provincial.
Hay por ahora varios nombres en danza. Uno de ellos es el de la actual intendenta, Marta Ezcurra, una edil ex bussista de buena relación con Miranda. También postulan a otro funcionario del actual gobernador, el secretario de Turismo, Domingo Amaya. Incluso un futuro funcionario del gobierno de Alperovich, el también ex bussista Pablo Baillo, propuso allegislador electo por Fuerza Republicana, Ernesto Padilla, como el reemplazante del ex dictador. Baillo sostiene que la designación de un republicano respetará la voluntad popular y no podrá ser considerado como una usurpación. Desde el PJ le dijeron que no.
Restan doce días para definir el futuro intendente capitalino. Por la dependencia financiera que tienen los municipios con el gobierno provincial, es casi seguro que la última palabra la tendrá Alperovich. Son doce días en los que seguramente el juez Parache dictará la prisión preventiva para Bussi, el imprescindible paso previo para el demorado juicio contra el genocida de Tucumán.