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El fraude y la mentira se han manifestado como amenazas congénitas del sistema electoral. Están allí, forman parte de los fantasmas y la disputa. Al juez Laureano Durán lo crucificaron por una orden susceptible de favorecer el fraude, que en los hechos era intrascendente. Y el diputado Federico Sturzenegger comentó como algo intrascendente los consejos de Durán Barba para que mintiera en la campaña. La historia permite algunas conclusiones. Como regla general, el voto calificado, los golpes militares y el fraude electoral han sido las herramientas de fuerzas que no tienen respaldo en la sociedad para ganar elecciones democráticas. Como su nombre lo indica, las fuerzas populares no necesitan esos mecanismos porque si no, no serían populares. También como regla general, si tienen respaldo, no necesitan mecanismos no democráticos que lo reemplacen. Sin embargo, los que gobernaron sin respaldo popular se han concebido como padres de la república y la democracia porque es cierto que la democracia efectiva no surgió junto con la declaración de la independencia, sino que se fue construyendo trabajosamente a lo largo de estos dos siglos. Ellos mismos se han conferido así una justificación para transgredir las reglas de la democracia y las formas republicanas con el discutible argumento de defenderlas. El voto calificado fue usado por los conservadores en el siglo XIX, los innumerables golpes militares tuvieron todos ministros de economía de derecha –liberales y neoliberales– y el fraude fue instrumentado por los liberal-conservadores en la Década Infame. En ninguna de esas situaciones las consecuencias fueron a favor de la democracia sino de los grupos concentrados de la economía y sus vínculos internacionales. A pesar de esos antecedentes, son las fuerzas populares que representan democráticamente a las mayorías las acusadas de no ser democráticas y sospechadas de hacer fraude para ganar. Es una contradicción tan evidente que sólo se puede sostener sobre la base de una fuerte hegemonía cultural.

De todos modos, no son absolutas, son reglas generales y no implican garantía de inmunidad para ninguna fuerza, porque pícaros hay en todos lados. Pero la regla general es esa y esa sospecha permanente, que no admite dudas, tendría que apuntar en todo caso para el otro lado.

En los más de treinta años de democracia el fantasma de fraude revoloteó en cada elección, motivó debates y quejas, a veces como advertencia, otras como publicidad, pero después quedaron en la nada. No se puede decir que ninguno de los presidentes haya sido ilegítimo. La denuncia más resonante quizás fue la de 2007, cuando Juan Schiaretti le ganó por poco más del uno por ciento a Luis Juez en Córdoba. Para muchos cordobeses, el fraude existió, pero lo real es que nunca se pudo comprobar. La entonces presidenta del Consejo provincial de la Mujer, recientemente divorciada del gobernador saliente José Manuel de la Sota, era Olga Riutort a quien Juez había acusado de corrupción en el 2001. La denuncia del fraude en la elección de 2007 fue el argumento de Juez para alejarse del gobierno nacional –que poco tenía que ver en esa disputa– y sumarse a la oposición. En el presente, ocho años después de aquellas denuncias, Juez se unió a Riutort para enfrentar a los radicales quienes, paradójicamente, lo llevaban como candidato a senador por una alianza que había cerrado previamente con ellos y con Mauricio Macri y que ahora rompió. Aunque nunca terminó de aclararse para salir del territorio borroso de la sospecha, aquella denuncia de fraude del 2007 tuvo gravitación casi en el origen de esa historia, pero su común denominador y factor principal no está representado por ella sino por las alianzas cambiantes de Juez.

La alianza Cambiemos que impulsa la candidatura de Mauricio Macri había presentado esta semana una denuncia de intento de fraude a raíz de la decisión del juez Laureano Durán de reducir de 50 a 25 boletas de cada partido las que serían llevadas a las escuelas dentro de las urnas. Se calificó esa decisión como una “verdadera vergüenza”, “una canallada” y demás. La Cámara electoral decidió que se volviera atrás y el juez entonces acordó con los representantes de los partidos mantener la cifra en las 50 originales.

Como se trata de las PASO, hay varias boletas de cada partido y por lo tanto entran menos cantidad en las urnas. Se lo dijeron al juez, que entonces dijo que si no entraban 50, que metieran 25. Fue una decisión operativa que no afectaba la cantidad de boletas que llegan a las escuelas, porque la mayoría es aportada por cada partido. La decisión de la Cámara implica que las autoridades electorales llevarán más boletas también por fuera de las urnas. Es una medida práctica que no tiene ninguna connotación fraudulenta. La denuncia fue propagandística. Cuando la Cámara emitió su decisión y el juez la adoptó, solamente tres fuerzas informaron que pondrán 50 boletas: el FpV, el FIT y el MAS. La Alianza Cambiemos, que había hecho escándalo por fraude, ni se dio por aludida, con lo que demostró en los hechos que la denuncia había sido una sobreactuación.

La agitación por la decisión del juez Durán cumplía otras funciones. Fue una forma de alimentar la caza de brujas en la Justicia y de cuestionar a un juez al que atacan por “kirchnerista”. También sirvió para alarmar sobre los “riesgos de fraude” en el sistema electoral nacional, supuestamente evitables con el voto electrónico que comenzó a usarse en la CABA. Pero sobre todo, servía para correr la atención de una zona de desastre para la Alianza Cambiemos, abierta por los asesores económicos de Macri y las revelaciones jocosas de Sturzenegger sobre la nueva política del PRO que diseña el consultor Durán Barba.

Carlos Melconian, José Luis Espert y Miguel Angel Broda actúan un extremismo neoliberal que espanta hasta los mismos empresarios, aunque de esa forma se ganan su confianza porque les demuestran que son más papistas que el papa. Son consultores, necesitan esa confianza porque trabajan para ellos. Nada de lo que digan será en función del país, de la soberanía, o la justicia social sino de los escenarios que más favorezcan al sector más concentrado del capital. En el video parecen tres generales planificando un genocidio. Todas medidas “piantavotos” como que “el ajuste será violento o planificado”, que hay tres millones y medio de jubilados que nunca pagaron y que por lo tanto sobran, o que las paritarias que ordenan la tensión entre capital y trabajo son “fascistas”. Explican lo que justamente en el otro video, Sturzenegger reconoce que Durán Barba le pide que no explique.

Si la derecha dice realmente lo que va a hacer, solamente puede llegar al gobierno por medio de un golpe de Estado como ha sucedido en otras épocas. Nadie puede hacer campaña con las propuestas de Melconian, Espert y Broda que forman parte del “círculo rojo” o círculo de influencia de Macri. Por eso el consultor Durán Barba le dice a Sturzenegger que no diga nunca lo que va a hacer en el gobierno. La mentira está otra vez expuesta. Y causa gracia, no espanto. Se naturaliza que no digan lo que van a hacer, porque si no, no los votan. El ladrón trata de hacer creer que todos roban y como todos mienten, ellos también. Pero no haría falta mentir si lo que plantearan favoreciera a la sociedad. Se miente cuando se quiere ocultar medidas que van a dañar a la gente para favorecer a unos pocos.

La denuncia del fraude, el ataque contra el juez Durán y el nuevo discurso del PRO que reivindica las políticas kirchneristas de soberanía económica y distribución de la riqueza aunque Macri aclara que las mantendrá con más eficiencia y sin corrupción buscan correr la atención del escenario escalofriante que develaron sus asesores económicos. Los legisladores del centroderecha votaron en contra de todas esas medidas progresivas cuando fueron aprobadas por el oficialismo en el Congreso. Se respira un aire tramposo en esa contradicción. Y además Durán Barba les dice que no digan lo que van a hacer. No es jugar en buena ley. Sobre la base de esas dos premisas, se acepta que el macrismo está haciendo una campaña montada en la mentira. Y la mentira es como el voto calificado, como los golpes de Estado o el fraude electoral, no es democracia. Es saludable que haya una derecha o centro derecha democrática. De lo contrario estaría otra vez el riesgo latente de las dictaduras y los golpes de Estado que estos sectores promovían antes. Pero la democracia exige no estafar la soberanía del voto ciudadano, no mentir ni estafar.