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A partir de hoy se le dirá “adiós-hasta siempre” al Código Civil que definió y reguló las relaciones entre las personas durante los últimos 145 años y entrará en escena uno nuevo, que se acopla a transformaciones culturales ya imposibles de ignorar y que con el tiempo hará germinar otros cambios igualmente grandes. Para el mundo jurídico, y para la sociedad toda, es un momento trascendental, casi revolucionario, aunque todavía no se note tanto. En los últimos años entró en discusión casi toda la codificación legal del país, no sólo la civil. En marzo también comenzará a funcionar un nuevo Código Procesal Penal que promete una lógica expeditiva hasta ahora inexistente en la persecución de los delitos y una comprensión de los fenómenos criminales en su complejidad. Todavía está latente el debate sobre la reforma del Código Penal, cuyo anteproyecto fue redactado pero boicoteado con una campaña política de sello punitivista, y por eso mismo reveladora de la profundidad de las modificaciones en juego. El Ministerio de Justicia guarda, aun sin presentar en el Congreso, un proyecto de Código contencioso administrativo, que contempla el gran protagonismo estatal, y una propuesta de Código del Trabajo.

Los códigos son leyes-madre, son un sistema, encierran una lógica. Cambiarlos es muy distinto a la aprobación de leyes sueltas y de manera espasmódica ante acontecimientos circunstanciales que pueden llegar a conmover a la sociedad, del estilo de las llamadas Leyes Blumberg, que en 2004 resultaron parches que barrieron con la coherencia en el castigo de determinados delitos. Y así fue como empezó a valer más la propiedad que la vida, por ejemplo. Un código nuevo es el cambio de todo un mecanismo de relojería. En rigor es un cambio de modelo, casi íntegro, que habrá que aprender a volver a usar. La nueva codificación obligará, inexorablemente, a cambiar el contenido curricular en las universidades; a los académicos, juristas, abogados, jueces, fiscales, defensores y todos los miembros del sistema judicial no les quedará otra opción que aggiornarse. Se avecina una etapa de capacitación. Algunos expertos pronostican una jubilación masiva en el fuero civil, el más conservador de todos.

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, dice que el Gobierno se puso el objetivo de cambiar los códigos “porque habían quedado vetustos”. “Quisimos consolidar lo que llamamos la codificación del bicentenario. Empezamos por un digesto jurídico, que redujo las 33 mil leyes, la mayoría en desuso, que estaban vigentes, a tres mil. Luego pudimos avanzar en las relaciones privadas y comerciales con el código civil y comercial unificado y luego con las cuestiones procesales penales. Es todo un cambio de paradigma, que parte de entender a las personas y las sociedades de otra modo, con categorías del siglo XXI, no del XIX”, señala. Los códigos nuevos, el Civil y Comercial y el Procesal Penal, fueron aprobados el año pasado, pero su diseño comenzó mucho antes.

n La redacción inicial del Código Civil y Comercial fue encomendada al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la vice, Elena Highton de Nolasco, junto con la ex jueza Aída Kemelmajer de Carlucci. El timón en manos de los jueces supremos le permitió al Gobierno contar con un ámbito de intercambio y negociación con el Poder Judicial y la Corte, en ciertos momentos –desde 2010– en que comenzaba a tambalear la relación, la primavera de grandes fallos cortesanos se debilitaba y el alto tribunal atacaba las reformas tendientes a “democratizar la Justicia”. Hubo idas y vueltas, debates en todos los ámbitos, con organizaciones de mujeres y otros actores sociales, políticos, referentes eclesiásticos, hubo retoques en el texto original, pero finalmente el código se aprobó. Y más allá de algunas cuestiones pendientes (sobre el inicio de la vida y los embriones no implantados) hoy entra en vigencia un cuerpo de nuevas reglas de amplia comprensión de las distintas formas de vida que pueden elegir las personas, de identidad y de familia, deja atrás principios arcaicos y establece regulaciones para impedir conductas abusivas de quienes están en posiciones de poder, por ejemplo, en los contratos, además de contemplar nuevas sociedades comerciales.

Es imposible enumerar aquí todos los cambios, pero algunos de los más sintomáticos se reflejan en el reconocimiento de la autonomía de decisión de las niñas y niños (desde dar el consentimiento para un tratamiento médico, hasta comprar preservativos o salir del país), el concepto de que no hay culpas ni culpables en un divorcio, ni posibilidad de endilgar adulterio, que ya no se habla de “tenencia” de los hijos sino de cuidado, que la filiación no depende de quien aporte el material genético sino de quien tenga la “voluntad procreacional”, que conocer el origen biológico y ciertos datos genéticos vinculados a la salud es un derecho, entre otras tantas cuestiones.

n El Código Procesal Penal había tenido su última modificación en 1992, con los juicios orales y la creación de la Cámara de Casación Penal. Fue una reforma que empezó vieja y fallida en relación con los sistemas acusatorios que comenzaban a regir en todo el mundo, e incluso en provincias argentinas. El esquema que quedó fue el de un sistema con prevalencia de los rasgos inquisitivos, donde los mismos jueces que investigaban tenían el poder de decidir. Luego de años de discusión, y de forcejeo con la corporación judicial (reticentes a perder territorio y cambiar su funcionamiento), así como de idas y vueltas de la dirigencia política acostumbrada a pactar con la estructura vigente, la reforma procesal avanzó, fue aprobada el año pasado en base a viejas propuestas de ONG. Se aplicará desde marzo de 2016 y se supone que no sólo trasladará el poder y la dinámica de las investigaciones a los fiscales (el punto más irritante para los jueces), sino que agilizará los procesos, le dará participación a las víctimas y reducirá de manera drástica todos los trámites burocráticos escritos porque todo funcionará con audiencias orales. Quizá el desafío más grande será para la propia estructura judicial y de fiscales, donde habrá cambios de funciones, que no a todo el mundo agradan.

n El anteproyecto de Código Penal fue elaborado por una comisión presidida por Raúl Zaffaroni e integrada por juristas reconocidos de todo el arco político. Intentó devolverle la lógica perdida con las 900 reformas que se sucedieron tras su creación en 1921. Pero su difusión estuvo atravesada por una campaña política encabezada por Sergio Massa, que intentó instalar la falsa idea que con el equilibrio de penas que se establecía habría menos castigo al delito, y que ofrecer mayores garantías en un proceso penal es sinónimo de impunidad. Partía de otra falacia: que a mayores penas, menos delitos. La propuesta no está archivada sino que en este momento está a estudio de un grupo de universidades consultadas. Zaffaroni explica que “la codificación moderna, la que recepta nuestra Constitución, proviene del iluminismo, del enciclopedismo, es decir, en una ley se hace una suerte de enciclopedia orgánica de una materia, para que su aplicación sea más racional, su comprensión más fácil. Pero en materia penal, el Congreso está violando este principio, porque hay más leyes especiales que disposiciones del código, y porque el código, a fuerza de cientos de reformas, ha perdido la forma orgánica”.

La virulencia con que fue atacada la propuesta de un nuevo Código Penal, que fue la primera que entró en discusión públicamente, es reveladora de la profundidad de los cambios en juego. La pelea por el manejo de las regulaciones, en todos los campos, y en el penal, también son pujas por el dominio y el control social.