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La pasión por el análisis fotográfico puede conducirnos a conclusiones apresuradas. Fijar en el acotado “marketing político” las piruetas de Mauricio Macri omite deliberadamente inscribir el giro discursivo del principal candidato del poder corporativo en un proceso social que transformó sustancialmente la vida de todos nosotros y que exige, para estar en carrera electoral, un piso de humanidad imposible de ser vulnerado.

El punto central consiste en intentar comprender cómo se fue construyendo la legitimidad social que indica un fuerte desplazamiento de la falaz Teoría del Derrame hacia la decidida intervención estatal en los procesos económicos para generar una progresiva distribución del ingreso.

En el salto ornamental de Macri se advierten dos cuestiones centrales para entender esta etapa. La más ostensible se trata del reconocimiento explícito al que se ve conminado el bloque social que impulsa la candidatura de Macri respecto de que el Estado garantice un umbral de condiciones materiales de existencia cuya legitimidad social ya no puede discutirse. Un dato relevante en ese sentido surge del último incunable del Foro de Convergencia Empresarial (“El rol del Estado y del buen gobierno republicano”) en el que se resalta la importancia otorgada a la Asignación Universal por Hijo. Este es un inequívoco revés cultural y político para la derecha, dado que uno de los principales vectores que organiza su universo simbólico ya no tiene asidero: los mecanismos de mercado sólo derramaron pobreza y concentraron la riqueza y el poder en el polo opuesto. De allí se entiende que la pulsión neoliberal sólo pueda germinar en un ecosistema caótico y que se hayan invertido tantos esfuerzos por construirlo. A su vez pone de relieve el tremendo error político que supone confundir pragmatismo con desesperación. Es interesante este punto porque también evidencia la paupérrima evaluación política que hace la derecha de su crisis orgánica: todavía no entendió que la onda expansiva de diciembre de 2001 se reactualiza ante cada elección presidencial, donde el riesgo de volver sobre los pasos restringe las veleidades que permiten las elecciones de medio término.

Hay un límite infranqueable para el cual no hay globos, y mucho menos risas, que es la política de Memoria, Verdad y Justicia. Se trata de una instancia que va más allá de la realización de un viejo anhelo que nos honra frente al mundo: el de juzgar a los genocidas por la Justicia ordinaria de nuestro país. Lo que está en juego es la reconstrucción del dispositivo de poder que tradujo la determinación genocida de una parte sustantiva de los sectores dominantes de nuestro país, sus múltiples identidades civiles y sus prolongaciones en la vida democrática. Los voceros más lúcidos del poder corporativo expresaban su incomodidad con la elegancia impune que caracteriza a quien siente agredida su identidad poseedora: lo que hoy se conoce como “kirchnerismo” es, para este bloque social, la expresión de una defensa estratégica que se ejerce desde el gobierno del Estado con vistas a recuperar la territorialidad social expropiada por la dictadura cívico-militar. Es precisamente en esta misma dimensión donde puede verificarse un primer efecto de la recomposición de la autoridad estatal, orientada a incrementar los márgenes crecientes de autonomía respecto de las diversas fracciones en pugna del poder corporativo y su relación con el Estado. El estallido de la convertibilidad señala un límite inexorable para el bloque de poder en su intento por recrear un descalabro social susceptible de ser estabilizado con el recetario neoliberal.

En las próximas elecciones nacionales se plebiscita el sentido y la orientación política de una década signada por la recuperación de los mecanismos y funciones propios del Estado-nación, última retaguardia del campo popular ante la expansión desenfrenada del capitalismo financiero. La porción de la Justicia imperial cooptada por los fondos buitre pone de manifiesto cuál será la política destinada a las diversas iniciativas estatales que desobedezcan el orden hegemónico neoliberal. La sanción normalizadora es uno de los tres rasgos característicos del poder disciplinario y es normal que se sancione, de manera ejemplar, a quien fuera el mejor alumno pero que incurrió en un imperdonable “desacato”. Es preciso comprender que la determinación por prolongar un proyecto político que continúe ganando grados crecientes de autonomía estatal, respecto de los poderes fácticos cuya crisis hegemónica no presenta visos de reversión, es el único camino para profundizar la construcción de una sociedad cada vez más justa, igualitaria y democrática.

* Investigador del Instituto Gino Germani (UBA Conicet).