[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Alejandra Dandan
Desde Santiago del Estero

Cuando todavía no salía el sol, cuando el juzgado de La Banda estaba completamente vacío, un camión de la policía santiagueña trasladaba esposado al ex jefe del aparato de inteligencia y represión del juarismo, para su segunda indagatoria. Después de esperar desde las cinco y media de la mañana hasta las dos de la tarde y después de responder una a una las 60 preguntas preparadas por la jueza María del Carmen Bravo, el ex comisario Musa Azar escuchó la nueva acusación en su contra: el juzgado lo imputó por homicidio triplemente calificado en el crimen de Patricia Villalba y como jefe de la asociación ilícita que trabajó durante estos nueve meses en el encubrimiento de la investigación del doble crimen de La Dársena. Este hombre, responsable por sesenta desapariciones en Santiago durante la dictadura militar, llevó adelante durante los últimos ocho años la dirección, organización y sostenimiento de la fuerzas de seguridad de la provincia denunciadas por torturas, delitos y violación sistemática a los derechos humanos. De ese ejército de policías salieron los tres que bajo sus órdenes recogieron, torturaron y mataron a Patricia Villalba.
Ayer fue uno de los días centrales del caso La Dársena: la jueza sentó a Musa Azar en el banquillo durante casi diez horas para indagarlo sobre la base probatoria acumulada en esta nueva fase de la investigación. De acuerdo a esas pruebas surgió la nueva calificación que define la responsabilidad que tuvo en las dos muertes:
u En el caso de Leyla Bshier Nazar, la chica que desapareció el 16 de enero pasado y murió después de una fiesta de drogas, sexo y poder, la imputación del juzgado contra Musa Azar fue de ser el jefe de una asociación ilícita, encubrimiento, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
u En el caso de Patricia Villalba, desaparecida el 6 de febrero cuando salía de la verdulería donde trabajaba, Musa Azar está imputado por homicidio triplemente calificado. Los tres agravantes son: alevosía, es decir por la indefensión de la víctima; por promesa remunerativa y por criminis causa, dado que los investigadores están convencidos de que la muerte de Patricia se hizo para encubrir otro delito.
La recalificación de la causa y las nuevas acusaciones que cayeron sobre el ex comisario son en realidad un resumen de la hipótesis que baraja la Justicia en el intrincado rompecabezas de esta investigación. Musa Azar quedó ubicado como el responsable de una banda que viene trabajando desde hace nueve meses para tapar la fiesta en la que murió Leyla Bshier Nazar. Los investigadores lo ponen en el vértice de una organización que trabajó para hacer desaparecer su cuerpo hasta reducirlo a un puñado de huesos, y para matar a Patricia, supuesta testigo de esa historia. Pero el rompecabezas no termina ahí: la acusación contra Musa está indicando que operó para trabar una y otra vez la investigación, con pistas falsas, con testigos pagos y con la complicidad de distintos jueces, entre ellos, por ejemplo, el primer juez de la causa, Mario Castillo Solá, que en este momento está detenido imputado de asociación ilícita.
Las sesenta preguntas disparadas por la jueza durante el interrogatorio de ayer respondían punto por punto a esa hipótesis. Aunque la jueza no hizo declaraciones sobre el contenido de las preguntas o sobre las pruebas que supuestamente sostienen la imputación, para el abogado de Musa Azar los elementos parecen de peso: “Durante estas horas me ha demostrado que tiene lo suficiente para sostener las acusaciones”, explicó Luis Eduardo Vergottini a la salida del juzgado, mientras intentaba subirse rápido a su auto para escaparse del escrache con huevazos, botellas y gritos que se repite cada vez que él o Musa Azar entran al despacho de la jueza. “En el juzgado –aclaró– exhibieron elementos indiciarios de peso que nos van a hacer trabajar si queremos demostrar que es una trampa.” ¿Cuáles son los elementos de peso contra Musa Azar? Tal como adelantó Página/12 en su edición de ayer hay, tres declaraciones claves en la causa. Esas declaraciones ubican a su zoológico privado como escena del crimen y al propio Musa Azar como instigador del crimen de Patricia Villalba. Las declaraciones las hicieron tres policías de la Secretaría de Informaciones que trabajaban a sus órdenes, tres hombres de su estrecha confianza que desde junio estaban detenidos y procesados por otro crimen, el del ganadero Oscar Seggiaro. El fin de semana pasado, los tres declararon ante la jueza. Allí confesaron que trasladaron los cuerpos de Patricia y de Leyla en un Escort bordó de la Secretaría de Informaciones desde el zoológico hasta La Dársena por orden de Musa Azar.
Aunque sus confesiones llegaron hasta ahí, los investigadores aseguran que los tres policías, además del traslado, torturaron a Patricia en un galpón del zoo privado de Musa Azar. Por eso el viernes los imputaron de homicidio triplemente calificado, con los mismos agravantes destinados al ex comisario. Los policías son Héctor Albarracín, Daniel Francisco Mattar y Jorge Pablo Gómez. De acuerdo a una fuente con vinculación directa a la investigación, ninguno de los tres se hizo cargo de las muertes pero se echaron culpas mutuamente. Las confesiones, que rápidamente desencadenaron la orden de detención contra Musa, no fueron del todo espontáneas: de acuerdo a la fuente de la investigación consultada, “lo admitieron cercados por las pruebas”. Entre las pruebas habría una comparación entre el modo en que murieron Patricia y el ganadero Seggiaro. Supuestamente coincidirían las zonas de tortura, los métodos y la herramienta utilizada, al parecer una chaira o pieza usada para cuerear animales.
Además de las declaraciones de los policías, el cúmulo de pruebas contra del ex comisario tendría algunos elementos recogidos del zoológico privado, la reserva de 35 hectáreas ubicada a 30 kilómetros de la capital de Santiago. El zoo comenzó a inspeccionarse el viernes pasado y aunque el trabajo continuará durante toda esta semana, los peritos ya habrían encontraron elementos sugestivos. Entre ellos, según una fuente del juzgado, hay algunos huesos que “podrían ser humanos”. Los huesos aún deberán ser sometidos a pericias, pero el detalle no es menor por varias razones. De acuerdo a los últimos análisis, al cuerpo de Leyla le faltan 115 huesos, entre ellos los pies y las manos. Los investigadores creen que podrían estar mal escondidos en el zoo o enterrados bajo una capa de cemento reciente que localizaron en la reserva del ex comisario.
Pero los huesos de Leyla no son todo lo que buscan ahora en el zoo. En el caso está trabajando desde hace unos diez días el perito criminalístico del caso Carrasco, Enrique Prueguer. El mismo Prueguer es quien en este momento comanda el equipo de trabajo del zoológico con la hipótesis de que podría haber otros restos humanos. “Nos vamos a encargar de investigar todas las desapariciones denunciadas en los últimos años”, le aseguró a este diario una fuente de la investigación consultada sobre las características y los alcances que tenía la organización de policías que, bajo las órdenes Musa Azar, mató a Patricia. Para esta fuente, la organización era una banda que funcionaba con las características, la estructura y la metodología de los grupos de tareas de la dictadura. Bajo esa lógica, el zoo podría haber funcionado como zona liberada para distintos tipos de trabajo, entre ellos como un osario de restos humanos.
En ese sentido, el abogado de los familiares de Leyla ayer buscó un parangón con los viejos grupos de tareas para hablar del crimen: “Operaron en el 2004 con los principios y los métodos de los ‘70”, decía Daniel Nazar. Para el abogado, Leyla murió en una fiesta por sobredosis de cocaína que alguien le dio, pero su cuerpo tiene un golpe y fue descuartizado, un trabajo que podría haberse hecho en el zoológico siniestro. Aún no hay responsables de esa operación, pero para los Nazar sería parte del trabajo realizado por el mismo grupo de tareas. En este escenario los crímenes de La Dársena serían solo un caso de una estructura que funcionaría como mano de obra funcional a cualquier tipo de delito. De ese largo listado de crímenes, de hecho, dieron cuenta ya las denuncias publicadas en Página/12 extraídas de un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y pronunciadas por distintos organismos de Santiago. Además del homicidio del ganadero Seggiaro o del doble crimen de La Dársena, la policía de Santiago tiene imputaciones por abigeato, piratería del asfalto, tráfico de drogas, torturas y un listado de violaciones a los derechos humanos denunciados desde hace años por las Madres del Dolor, una de las organizaciones del obispado local formadas por padres de víctimas del “gatillo fácil”.
Esa es la estructura que manejaba Musa Azar. “La situación de la policía de Santiago –decía el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación– no puede ser abordada sin comprender el papel dramáticamente clave que el comisario retirado Musa Azar ha cumplido en la organización y doctrina de la fuerza.” Musa Azar, decía el informe, ha organizado y sostenido dentro del Estado provincial y fuera de la Constitución nacional, un verdadero aparato de inteligencia interna. “No sólo implica un control ilegal de la vida de los ciudadanos, sino que es el recurso principal de la metodología del apriete a los opositores”.
La responsabilidad del jefe de esa estructura en el crimen de La Dársena viene siendo denunciada por los familiares de las víctimas desde el mes de junio. La recalificación dictada ahora por la jueza coincide con la denuncia presentada por Luis Horacio Santucho, el abogado de Patricia Villalba en aquel entonces. Santucho decía que Musa Azar había dado la orden para matar a Patricia Villalba desde un teléfono de la Secretaría de Informaciones. A ese mismo resultado llegó ahora la cuarta jueza que ha sumado la investigación durante todos estos meses. La acusación contra Musa Azar se conoce justo cuando la provincia está bajo la lupa de la Nación por la amenaza aún latente de intervención federal al Poder Judicial. Los jueces fueron denunciados por distintos sectores como parte de una “estructura dependiente del poder político”. Para muchos santiagueños la imputación contra el ex comisario está vinculada a esta trama: su detención, exigida desde hace meses por la gente, ahora tranquiliza a quienes venían exigiendo justicia. Al mismo tiempo tiene otro impacto: mejora la imagen del sistema judicial y también del juarismo. Sin embargo, Musa Azar no era un hombre autónomo. Trabajó hasta junio de este año con los métodos de Ramón Camps y lo hizo como jefe de una de las estructuras claves de los Juárez.