El proyecto para limitar la venta de las acciones estatales en empresas privadas consiguió ayer dictamen de comisión y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado en la próxima sesión. Por la mañana, los senadores del Frente para la Victoria reanudaron el cuarto intermedio solicitado el martes, luego de las exposiciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular de la Anses, Diego Bossio, quienes habían asistido a la Cámara alta para defender la propuesta del gobierno nacional. La oposición, que realizó algunos cuestionamientos en ese momento, no se hizo presente en la reunión de ayer. El dictamen finalmente tuvo dos modificaciones. Por un lado, se especificó que el ministro de Economía será uno de los tres integrantes en representación del Poder Ejecutivo en el directorio de la nueva Agencia Nacional de Participación Estatal en Empresas (Anpee). Por el otro, se modificaron los requisitos para remover a los integrantes de ese organismo.

Tras el anuncio realizado por la Presidenta la semana pasada y la extensa exposición de Kicillof del martes, la iniciativa que protege de su venta a la participación estatal en las empresas avanza en el Parlamento y podría obtener media sanción el miércoles 9 de septiembre, cuando el Senado vuelva a reunirse. Uno de los puntos centrales del proyecto es la declaración de “interés público” de las acciones que el Estado obtuvo como producto de la recuperación de los fondos jubilatorios, en 2008. Al momento de su estatización, las AFJP, creadas por el menemismo en 1993, tenían entre sus carteras acciones de 44 empresas. Por ese motivo, la Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, heredó el manejo esos activos, hoy valuados en 63 mil millones de pesos. Actualmente el Estado posee representantes en el directorio de 27 de esas compañías. Esos funcionarios actúan hoy bajo la órbita de la Dirección Nacional de Empresas con Participación Estatal (Dnepe), dependiente de Economía y que sería reemplazada por la Anpee, un organismo autárquico. Para vender esas acciones estatales, la ley establece que serán necesarios dos tercios de los votos de los miembros del Congreso Nacional.

Ayer el senador salteño Rodolfo Urtubey explicó las dos modificaciones al texto enviado por el Ejecutivo, que van en sintonía con algunos de los planteos realizados por la oposición. De los cinco integrantes del directorio de la Anpee, tres son propuestos por el Poder Ejecutivo. El director de la Anses, que será su titular, el ministro de Economía y un tercero, a designar. Los dos restantes serán integrantes de la comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados que se creará con esa ley. Uno por la mayoría y uno por la minoría. El mandato de los directores de la Anpee será de cuatro años, aunque los representantes del Ejecutivo podrán ser removidos por el presidente de la Nación, con el reemplazo de los titulares de la Anses o el Ministerio de Economía. Los representantes parlamentarios, en cambio, podrían modificarse a partir de la alteración en la composición de las Cámaras.

En ese contexto, la senadora radical Laura Montero y el socialista Rubén Giustiniani calificaron como “irracional” que en caso de solicitar la remoción de alguno de ellos, la comisión bicameral deba reunir dos tercios de los votos. Ante ese pedido, el FpV estableció que ese requisito sólo será exigido en casos de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Los representantes del Estado en las empresas no recibirán los honorarios fijados por la asamblea privada de accionistas, sino que serán remitidos al Tesoro Nacional para el sostenimiento de la Anpee. En cambio, recibirán una remuneración equivalente al rango de subsecretario del Poder Ejecutivo. “Con este dictamen, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto a partir de la semana próxima”, consignó Abal Medina en declaraciones a la prensa tras la finalización del plenario que se desarrolló en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. El jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, detalló que la próxima sesión será el 9 de septiembre. Con esos plazos, podría ser convertido en ley antes de que comience octubre.