El fiscal federal Franco Picardi pidió la indagatoria del espía de la ex Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio “Jaime” Stiuso por supuestas “pinchaduras” telefónicas ilegales a una empresa de seguridad de origen británico sospechosa de realizar espionaje para el Reino Unido. Picardi acusó al ex director general de Operaciones de la ex SI –cesado por el Gobierno en diciembre pasado– de “haber interceptado indebidamente comunicaciones telefónicas” sólo por “espurios intereses personales o particulares”.

Según su dictamen, las ‘pinchaduras’ telefónicas se llevaron a cabo durante tres años, de 2012 a 2015, contra la filial en el país de la empresa de seguridad privada Dark Star Security, que se dedica al asesoramiento y gestión de riesgos en “defensa y seguridad en ambientes hostiles o de riesgo”. Picardi sostuvo que Stiuso habría inducido “a error a las altas autoridades de la ex SI, como así también del Poder Judicial de la Nación, para la obtención de sucesivas autorizaciones para llevar adelante interceptaciones de comunicaciones” a la compañía. Y ello lo habría hecho, indicó, “mediante actos engañosos, materializados en información espuria, instrumentada en distintas actuaciones, que habrían dado cuenta de actividades de espionaje y contraespionaje en la República y en beneficio de potencias extranjeras”.

Para el fiscal, el ex espía habría violado “las reglas de Ley Nacional de Inteligencia, en tanto desarrolló tareas (que) no guardaban relación con la seguridad exterior e interior del país, ni actividades de inteligencia de agentes que importaran una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado nacional”. La denuncia del fiscal recayó en el Juzgado Federal 9, del juez Luis Rodríguez.

En su página web, Dark Star Group se presenta como una “consultora especializada en gestión de riesgos, asesoramiento en operaciones internacionales en los campos de defensa y seguridad en ambientes hostiles o de riesgo”.

La causa se originó a raíz de un pedido de extracción de testimonios efectuado por el fiscal federal Federico Delgado ante el juez Sergio Torres, del mismo fuero, luego de que se comprobara que nunca existieron las actividades de espionaje y contraespionaje en infracción a la ley 13985 supuestamente desarrolladas en el país por integrantes de esa empresa en virtud de las cuales Stiuso planteó la realización de las escuchas.

En su momento, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Oscar Parrilli, hizo una presentación ante el juez Torres en la que señaló que bajo una facultad legal Stiuso estaba cometiendo un delito al escuchar cosas que no debía. Una vez que el caso recayó en el juzgado de Rodríguez, la central de Inteligencia radicó allí una denuncia contra el espía por escuchas ilegales.

Picardi indicó en su dictamen que la sucesión de hechos y elementos incorporados a la causa evidenciaron que la Dirección de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia, dependiente de Presidencia de la Nación, bajo la conducción del propio Stiuso, violó “las reglas de la Ley Nacional de Inteligencia, en tanto se dedicó a actividades relacionadas con su área de especialización pero por razones que no tenían ninguna relación con presuntas acciones que pudiera haber afectado la seguridad exterior e interior, ni actividades de inteligencia de agentes que involucraran una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado nacional”.