Documentos militares secretos desclasificados por orden de la presidenta Cristina Kirchner ratifican las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados por órdenes de sus jefes durante la guerra de Malvinas y revelan los mecanismos aplicados por la dictadura para ocultar los delitos tras el retorno de las tropas al continente. Más allá de su valor histórico, el material “es una prueba muy importante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en tanto aporta una constatación precisa de lo que implica el cierre de la vía judicial para los soldados víctimas”, destacó el abogado Pablo Vassel, autor de la primera investigación sistemática sobre torturas, vejámenes y abusos en Malvinas. El mes próximo la CIDH podría declarar la admisibilidad de la denuncia presentada por el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata luego de que la Corte Suprema de Justicia considerara que los delitos cometidos en 1982 estaban prescriptos.

El decreto 503/15, que ordenó “revelar el secreto y la confidencialidad de la información y documentación” sobre la guerra, fue la respuesta del Poder Ejecutivo al fallo de la Corte que clausuró la investigación sobre graves delitos –como estaqueamientos hasta la muerte– por los que había 80 militares imputados. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó esta semana un primer informe a la Comisión Nacional de Ex Combatientes. “En este primer relevamiento de los casos más emblemáticos, hicimos entrega de unas 700 actas, donde los testimonios acreditan los maltratos contados por las propias víctimas o por sus compañeros”, explicó Stella Segado, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

Entre la documentación se encuentran las “actas de recepción” que debieron completar los soldados al volver al continente, donde se dejaba constancia del estado de salud y las condiciones con las que habían sido tratados. Los archivos fueron analizados por un grupo de investigación dependiente de la Dirección de Derechos Humanos, luego fue digitalizada, y su inventario puede ser consultado en www.archivosabiertos.com. La mayoría de esos testimonios relatan que sufrieron “pie de trinchera” (congelamiento de los pies por la humedad y el frío), desnutrición, estaqueamientos, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de comida.

Una de las actas da cuenta del testimonio de un teniente primero que relata que un oficial “lo ató de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas”. En otro un sargento dice haber recibido una “patada en los testículos” por lo cual “debe ser operado”. Un documento firmado por el jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, en diciembre de 1982, revela el plan de la dictadura para ocultar esos delitos. En el texto, rotulado como “secreto”, Nicolaides dejó asentado que a la hora de impulsar investigaciones internas los vejámenes debían considerarse simples “faltas disciplinarias” y en los casos en que fuera imposible por la gravedad del hecho se le debía informar en persona para resolver el problema. “En los casos en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva”, escribió Nicolaides, preocupado por evitar las filtraciones que acrecentaran el descrédito de la dictadura.

“Estos documentos corren el velo de hechos que fueron ocultados durante años por las Fuerzas Armadas y serán un gran aporte para la justicia”, manifestó Ernesto Alonso, titular de la Comisión de ex Combatientes y miembro del Cecim platense, que motorizó en 2007 la denuncia judicial. “Esta documentación demuestra que hubo una planificación de Inteligencia para evitar que los relatos de los soldados trascendieran cuando volvieran al continente”, agregó Alonso, y anticipó que el material será enviado a la CIDH. La información desclasificada será remitida además a la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, donde tramita la causa, y también a la Procuración General de la Nación para el seguimiento del expediente.

“La documentación tiene un valor trascendente porque implica el reconocimiento del Estado sobre los crímenes cometidos contra sus propios soldados y en las peores condiciones posibles. Al hambre, al frío, a la guerra y la improvisación, tuvieron que sumarle la perversidad de muchos de sus jefes, que reprodujeron en los soldados, en pleno escenario bélico frente al enemigo inglés, las prácticas que traían de los campos de concentración de la dictadura”, destacó Vassel. “Estos archivos vuelven a poner de relieve la trascendencia de que haya una solución jurídica que acompañe al proceso de conocimiento de la verdad. No sirve de nada tener esta documentación que prueba los crímenes si el Poder Judicial no investiga a fondo. No puede haber un solo caso de impunidad ante delitos de esta magnitud en la Argentina de la memoria, la verdad y la justicia”, destacó. El abogado recordó que los tratados de derechos humanos suscriptos por el Estado lo obligan a investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos y remarcó que “negarles el acceso a la justicia a quienes la sociedad argentina considera héroes de Malvinas habla muy mal del Poder Judicial”.

Facsímil de dos de los documentos secretos desclasificados.
Imagen: Télam.