El titular del PAMI, Luciano Di Césare, denunció a la ex interventora de la obra social de jubilados, Graciela Ocaña, por los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Según el texto, Ocaña reconoció que tuvo 2500 millones de pesos líquidos en el PAMI cuando la ley la obligaba a invertir esos fondos. Además, Di Cesare sostiene que en ese momento apenas le daba servicio al 30 por ciento de los afiliados y dos millones de jubilados no recurrían a los servicios de la obra social. “Ahora el PAMI atiende al 97 por ciento de los cinco millones de afiliados”, sostiene Di Cesare. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Sergio Torres. La historia de la presentación de ayer se inició a raíz de una denuncia de Ocaña realizada hace dos semanas y que instruye Claudio Bonadio. El magistrado ya ordenó varios allanamientos al PAMI porque Ocaña argumentó que Di Cesare compró letras del tesoro por 2300 millones de pesos entre 2008 y 2012. Di Cesare contestó en una entrevista en Radio del Plata que era su obligación, por ley, invertir el dinero líquido con el que contaba la mayor obra social de América latina y que “el Estado no sólo devolvió los fondos sino que el PAMI ganó 293 millones de intereses”.

Basándose en el testimonio bajo juramento de Ocaña ante Bonadio, Di Cesare se presentó ayer en Comodoro Py y denunció a Ocaña porque ella reconoció haber tenido 2500 millones líquidos y no los invirtió como obliga la ley 25.615. “Las denuncias de Ocaña están enmarcadas en la carrera electoral –señaló Di Cesare–. Por eso, entre otras cosas, Ocaña miente al decir que PAMI tiene 20.000 empleados, y que hemos sumados 6000 más, cuando en realidad hoy el Instituto tiene 14.452 empleados. Nos quiere convencer de esta teoría porque parecería que está preparando el terreno para poder echar a 5000 empleados, en el hipotético caso que se cumpla su anhelo, que es volver a dirigir el PAMI”, enfatizó el director ejecutivo de la obra social.