Dos juzgados federales, el de Sebastián Casanello en Comodoro Py y el de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro recibieron ayer una denuncia de espionaje contra el Servicio de Inteligencia del Ejército y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero las dos diputadas del PRO que hicieron la denuncia –Patricia Bullrich y Laura Alonso– la dieron a publicidad tres horas más tarde, dejando clara su intención mediática, ya que al hacerlo quedaba automáticamente frustrada cualquier posibilidad de allanamiento o medida de prueba sorpresiva que pudiera intentarse, si los datos fueran serios. En la presentación, la propia Alonso relata que recibió la información de una persona que la llamó por teléfono y que ni siquiera se identificó y que luego le envió un sobre con la supuesta lista de los espiados.

Casanello, no bien recibió los papeles los giró al fiscal Ramiro González, porque sin el impulso del fiscal no se podía avanzar en la investigación. Arroyo Salgado, en cambio, se excusó de intervenir porque supuestamente figuraba en el listado de personas supuestamente espiadas. Por lo tanto, la denuncia fue enviada por la Cámara al juez federal de San Martín, Emiliano Canicoba. Eso ocurrió cerca de las cinco de la tarde. Antes de esa hora, y antes de que el fiscal González pudiera responderle a Casanello, Bullrich y Alonso hicieron pública la denuncia y hablaron por televisión. La denuncia en sí misma es extraña: Bullrich y Alonso dicen que un informante, al que no identificaron, les envió una lista de políticos, jueces, sindicalistas y periodistas a los que el Ejército o la AFI les estaría interviniendo los teléfonos y las computadoras. Ese informante, supuesto ex integrante de la SIDE según el relato, que llamó por teléfono a Alonso sin revelarle su identidad para “proteger su seguridad”, dice que las actividades se hicieron desde dos locaciones, una en Capital y otra en Villa Martelli. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, le dijo a Página/12 que “no existe ningún edificio u oficina del Ejército en el lugar señalado por la denuncia. En el caso de Villa Martelli, el lugar ya no tiene el nombre de la denuncia y ya no depende del Ejército”. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) señaló a través de un comunicado que “no realiza ninguna tarea de interceptaciones telefónicas o seguimientos de comunicaciones por cualquier medio” y que “se encuentra a disposición de la Justicia a los efectos de investigar los hechos y sancionar a los responsables en caso de que eso exista”.

En el listado hay varios datos que llaman la atención: uno de ellos es que supuestamente espiaban a Horacio Antonio Stiuso, a su pareja, también a la ex esposa, a dos hijas, los maridos de las dos hijas y hasta un nieto que acaba de cumplir ocho años. Así, a días de la elección y justito cuando la Unidad Fiscal AMIA insiste en que Interpol localice al ex jefe de espías, Stiuso aparece en el lugar de víctima de espionaje.

Bullrich y Alonso presentaron la denuncia cerca del mediodía en la Cámara Federal porteña porque supuestamente el Ejército o la AFI espiaban desde un edificio ubicado en la esquina de Entre Ríos y San Juan. El texto sólo precisa el cruce, no la dirección. “No hay ninguna oficina, ningún edificio, ninguna dependencia del Ejército allí”, señaló el ministro Agustín Rossi a este diario. Después del sorteo de rigor, el expediente llegó al juzgado de Casanello, quien de inmediato se lo envió al fiscal González. Se requiere un impulso de la fiscalía porque de lo contrario las medidas adoptadas por el juez son nulas. Cuando González no había contestado, cerca de las 16, la denuncia apareció en Infobae y a continuación Bullrich fue rápidamente entrevistada en televisión. Cualquier allanamiento pasaba a no tener el factor sorpresa imprescindible.

También al mediodía, la denuncia llegó al Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. La magistrada decidió no intervenir porque, según parece, está en el listado de jueces espiados. Como su juzgado depende de la Cámara de San Martín, la denuncia viajó hacia allí y la Cámara la derivó a Emiliano Canicoba, entre otras cosas porque el texto menciona que el otro sitio desde el que se concretaba el espionaje era el Citefa, Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas. Según lo que le dijo Agustín Rossi a Página/12, quien arrimó la denuncia no parece estar muy al tanto de lo que pasa en el ámbito militar: “Hace diez años que el Citefa dejó de denominarse así, se llama Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) y ya no depende del Ejército sino del Ministerio de Defensa. Allí casi no hay militares. Es personal civil, científico, técnico, que hace investigación”, redondeó el ministro.

Según el texto presentado en Comodoro Py, un supuesto ex agente de la SIDE al que no identifican se presentó ante las legisladoras y les reveló que el Ejército o la AFI espían a numerosas personalidades desde esos dos lugares, una dependencia de Entre Ríos y San Juan, en Capital, y en el Citefa (sic), ubicado en Villa Martelli, cerca de la avenida General Paz. En el texto entregado en Comodoro Py no figura la lista de personas a las que se estaría espiando ilegalmente ni ninguna otra documentación, mientras que en el juzgado de San Martín el juez recién verá el texto hoy, dado el tortuoso trámite que llevó ayer. No está claro si la nómina fue dictada por el supuesto ex agente o si la lista –no presentada– es copia de otra original. En ninguna de las dos denuncias se aportan pruebas y al no develarse la identidad del supuesto ex agente, tampoco se sabe el origen de la información.

La descripción que hizo Bullrich en TN es sintomática: “Ese seguimiento permitió el estudio de movimientos personales de periodistas cuya opinión no se encuentra alineada con el Gobierno, diputados y senadores todos ellos reconocidos por sus opiniones políticas contrarias al gobierno nacional, jueces que llevan adelante investigaciones que involucran a funcionarios del Gobierno, todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los conjueces de la Corte Suprema, personalidades e intelectuales no afines al gobierno nacional, agentes de la ex SIDE y de la CIA”. De acuerdo con la denuncia, no sólo se espiaron los teléfonos, sino también mails, mensajes y WhatsApp en computadoras y teléfonos.

La nómina física puede haber sido hecha por cualquier persona con un simple archivo del programa Word. Figuran las letras OB que puede significar Observación, y la palabra Verbal que indicaría que la orden de espiar o escuchar fue verbal. Todo lo que aparece es el número de documento y la fecha de nacimiento, datos que no son de difícil acceso.

El listado incluye a los cuatro magistrados de la Corte, candidatos opositores como Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Nicolás del Caño, funcionarios del gobierno porteño, dirigentes gremiales, economistas, varios jueces federales, fiscales, muchos periodistas del grupo Clarín y otros que, según Bullrich, también tienen opiniones contrarias al Gobierno, como Mariano Grondona o Joaquín Morales Solá. Un dato de color que llama la atención es que uno de los que figuran en la lista publicada ayer por la tarde es el ex jefe del Ejército César Milani. O sea que la persona a la que la oposición le adjudicó el armado de un superaparato de inteligencia es espiada por ese aparato, aunque, sin dudas, el más espiado es Stiuso: no quedó afuera nadie de su familia, ni el nieto de ocho años ni sus supuestos socios en las empresas que presentó en su declaración jurada. No parece casual que una persona no identificada haga, a pocos días de las elecciones, una denuncia que a Stiuso le viene como anillo al dedo.