El candidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, anunció que el ex fiscal Hugo Cañón y el juez Martín Vázquez Acuña lo asesorarán en temas penitenciarios en caso de ser electo. En los hechos, ambos ya están abocados a armar un diagnóstico y propuestas para afrontar la crisis del Servicio Penitenciario Bonaerense, que bajo la gestión de Ricardo Casal afronta denuncias de hacinamiento, homicidios, suicidios y enfermedades agravadas por las condiciones de detención y la falta de atención médica. Cañón destacó ante Página/12 la importancia de reducir la tasa de prisionalización y recordó que hay más de 1700 personas detenidas en comisarías, situación que el actual jefe de Gabinete dijo estar dispuesto a revertir de inmediato en caso de asumir como gobernador.

Hace tres semanas, Fernández convocó a Cañón y Vázquez Acuña a Casa de Gobierno junto con su compañero de fórmula, Martín Sabbatella, para pedirles colaboración. “Le planteamos algunas cuestiones en las que dijo coincidir y delegó el tema en Sabbatella, con quien tuvimos varias reuniones. Estamos elaborando un documento”, contó Cañón, ex presidente de la Comisión por la Memoria bonaerense, cuyo Comité contra la Tortura documenta desde hace diez años graves violaciones a los derechos humanos en la provincia.

El SPB “es un sistema colapsado, en declinación permanente y que requiere un reformateo para adaptarlo a los parámetros internacionales y a los tratados de derechos humanos”, destacó Cañón. “La provincia es uno de los lugares más deficitarios del país” en materia de cárceles. “Los lugares de detención no son sólo para privar de la libertad a las personas, sino que les infligen castigos, torturas y desatención médica, que deriva en enfermedades y en la muerte de presos. Son todas cuestiones que pueden revertirse con una política de Estado que, según nos manifestó Aníbal Fernández, está dispuesto a encarar”, se esperanzó Cañón.

El ex fiscal repasó el aumento de la prisionalización en Estados Unidos y apuntó que ahora “sancionaron una ley para reducir el hacinamiento comenzando por personas privadas de la libertad sin motivos válidos como consumidores o autores de delitos de insignificancia económica”. “Esos mecanismos deberían aplicarse en la provincia”, sugirió, y aclaró que Buenos Aires “pasó “de 5 mil presos en la época de Alfonsín a 15 mil con Ruckauf, una meseta de 30 mil a partir de 2006 y otro escalamiento por el que hay cerca de 35 mil presos entre cárceles y comisarías”. “Aníbal Fernández dijo que él iba a hacer cumplir el fallo ‘Verbitsky’ que prohíbe que haya presos en las comisarías, que son más de 1700 en este momento”, remarcó.