Organizaciones sociales y expertos en materia de Justicia, políticas de drogas y seguridad cuestionaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de crear una Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico y remarcaron que el máximo tribunal “debería respetar su función institucional como instancia suprema de control y revisión de las decisiones que adoptan los tribunales inferiores y las instancias revisoras previas”. En un documento difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) las organizaciones resaltaron que “aún reconociendo la relevancia del problema del tráfico y consumo de sustancias declaradas ilícitas, es más preocupante que uno de los poderes del Estado decida asumir funciones que no le son propias, y que, además, comprometen seriamente su misión institucional”. El texto fue firmado por el propio CELS, Andhes, el Colectivo de Investigaciones y Acción Jurídica, la Comisión Provincial por la Memoria y los integrantes del grupo promotor del “Documento de Convergencia: Drogas, una Iniciativa para el Debate”. También lo suscribieron el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, la Asociación Civil Intercambios, el Observatorio de la Justicia Argentina, la Coordinadora del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda María Alejandra Otamendi, y el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta. El documento relaciona la decisión de la Corte con “el clima electoral” y sostiene que el aporte que el máximo tribunal “podría brindar no está asociado a la coordinación sino a la sistematización y producción de información de calidad sobre su ámbito de incumbencia”. “Si la Corte comienza a coordinar las políticas contra el narcotráfico a partir de articular diferentes dependencias estatales y jurisdicciones, realizar capacitaciones a los ‘operadores judiciales abocados a la persecución del delito’ y establecer protocolos de actuación difícilmente se podrá garantizar la independencia de criterio en las decisiones judiciales. Ser juez y parte no es una opción”, enfatiza.