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La presidenta del Banco Nacional de Datos Genéticos, Mariana Herrera Piñero, acompañó el último miércoles a Delia Giovanola de Califano en la conferencia de prensa en la que esa fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo anunció –junto a la titular del organismo, Estela de Carlotto– el hallazgo de Martín, el nieto recuperado número 118. En diálogo con Página/12, Herrera Piñero celebró la nueva restitución, repasó las condiciones del traslado de la institución, que desde mediados de octubre funciona en un edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología y evaluó las metas a futuro. “Corremos contrarreloj de la edad de las abuelas. El gran desafío es tratar de tener la mejor tecnología y los mejores profesionales para encontrar a todos los nietos que faltan en un tiempo corto”, apuntó.

–El hallazgo del hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Ogando nacido en el Pozo de Banfield es el primero que confirma el BNDG en su nuevo espacio. ¿Hubo dificultades para trabajar el caso?

–La muestra de Martín había entrado a fines de junio al BNDG, enviada a través de la Cancillería. Se procesó parcialmente su perfil genético mientras el banco funcionó en el Hospital Durand; se terminó y se cotejó con la base de datos en la nueva sede, en Córdoba 831, donde también se repitió el procedimiento para asegurarnos de que no hubiera ningún error. Fue un orgullo porque hace tres semanas que se concretó la mudanza, así que fue una corrida para todos: la gente del laboratorio se puso a trabajar a destajo para asegurarse de corroborar este caso y logramos llegar al resultado que tuvimos el miércoles pasado. Fue un trabajo contrarreloj y la prueba fehaciente de que el laboratorio funciona perfectamente luego del trasladado. Ya estamos funcionando a full.

–¿Había algo en el traslado que afectara los procesos que realiza el BNDG para buscar a los nietos apropiados durante la dictadura?

–Voy a ir un poquito más atrás. Asumí la dirección del banco en mayo de este año, adonde recién pudimos ingresar para poner en marcha una auditoría el 31 de agosto. La auditoría –un estudio sobre lo que hay en el BNDG, muestras, reactivos, legajos, informes–, en base a un protocolo complejo que generamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, fue en el Durand y desarrollada por auditores del gobierno de la Ciudad y del Nacional, bajo el control de veedores de diferentes organismos, como la Defensoría del Pueblo, la Procuración, la Conadi, la unidad fiscal especializada. El gobierno porteño nos dejó ingresar al banco recién después de las PASO, cuando hacía más de un año y medio que el Ministerio se lo pedía. Tuvimos que chequear que todo estuviera como figuraba en los papeles y cuidar de no perder información de la forma de funcionamiento del banco ni de los procesos que estaban registrados en papel. Salió todo bien. La mudanza se concretó a mediados de octubre. Pero no fue fácil. Trasladar todos los equipos significó recalibrarlos, asegurarse de que funcionaran bien en la nueva sede, desembalar todas las cajas de la mudanza. Nos llevó 10 días instalarnos, pero durante ese tiempo ni durante el que llevó auditar se pudo trabajar en análisis. Sí se tomaron muestras, pero el proceso genético quedó en stand by; dentro de esos estudios estaba el de Martín. Ahora retomamos el ritmo y ya estamos entregando informes a la Conadi. El miércoles no solo salió el resultado de la muestra de Martín sino varias otras más. Hay que pensar que de la mayoría de los casos que entran al banco dan negativos.

–¿Cuánto material se trasladó, cuánto material genético alberga el banco?

–Funciona desde 1983. Alberga información 365 grupos familiares de hombres o mujeres desaparecidos, cuyos niños desaparecieron con ellos o que la madre estaba embarazada al momento de su secuestro; entre un 75 y un 80 por ciento de los nietos que se están buscando. Cada grupo contiene material genético de varios integrantes. Hay que calcular un promedio de entre 10 y 15 perfiles genéticos por grupo. Algunos están muy bien integrados, pero de otros hay menos información, ya sea porque la familia nunca se acercó o porque no quisieron. Esos grupos hay que completarlos ya que si no, la comparación nunca da un buen resultado. En esto ya comenzó a actuar la Justicia a partir de un pedido de Abuelas, con la implementación de un protocolo, desde 2014, para completarlos a través de la exhumación de las personas fallecidas. Es que en muchos casos, los abuelos o los tíos de las personas desaparecidas están muertas. A raíz de eso, dentro del banco se conformó un nuevo equipo con antropólogos forenses abocados a esta tarea. El banco también resguarda las muestras de todos aquellos jóvenes que se acercaron a lo largo de los años y cuyos estudios de compatibilidad dieron negativo. Son más o menos unas siete mil muestras. Hay muchos perfiles genéticos a resguardar.

–¿Cuenta con reactivos suficientes para funcionar? Hubo denuncias de faltantes.

–Tenemos un cuarto lleno hasta el techo de reactivos para el banco. En la auditoría hemos encontrado incluso reactivos vencidos que no habían sido utilizados. No es verdad que el Estado nacional no proveía. La realidad es que no se hizo un control de stock y no sabían probablemente lo que tenían, quiero pensar bien. Con esa cantidad que contamos podemos funcionar durante un año.

–¿Considera que el hallazgo del nieto 118 neutralizó las denuncias que rondaron el traslado sobre el cuidado del material genético?

–Este es un tema muy sensible y es comprensible que las personas que dejaron su muestra en el banco tuvieran miedos, más que nada relacionados con no conocer los procesos y el cuidado que se generó con toda la auditoría y el traspaso.

–¿Se acercó alguien del banco a los organismos de derechos humanos que esgrimían críticas?

–El ministerio, antes de que yo asumiera como directora, estuvo haciendo reuniones con varias personas que manifestaban permanentemente temores, como es el caso de Clara Petrakos –su madre estaba embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada y parió una nena en el Pozo de Banfield–. También durante el concurso abierto durante el que defendimos nuestra postulación las personas que nos habíamos presentados para los cargos jerárquicos, hubo varios de estos organismos presentes y el jurado mixto, nacional e internacional, hizo preguntas tendientes a despejar estas dudas.

–La crítica hacia usted fue que su relación con un laboratorio resultaba incompatible con el ejercicio de sus actuales funciones.

–Sí, por ser accionista de Genda S.A., un laboratorio que hace diagnósticos de enfermedades genéticas y trabaja el área de genética forense. Yo renuncié a la dirección científica de Genda. Este es un cargo que se renueva cada cuatro años. Si después de cuatro años no renuevo mi gestión en el banco, debo volver a trabajar. No tengo por qué renunciar. Respecto de la utilización del banco para otros fines que no fueran la restitución de nietos, eso no es posible. En la Argentina desde fines de los 90 hay montones de laboratorios que hacen genética forense. La utilización del banco para otra cosa, así como el tráfico de datos de la base de datos son delitos penales. Antes de conocerme ya me están tratando de corrupta solo porque he trabajado en un laboratorio privado, uno de los más serios del país.

–¿Qué ventajas tiene para el banco funcionar en la nueva sede?

–El servicio de Inmunología del Durand le estaba quedando chico. El banco creció mucho en los últimos años con el apoyo del Estado en la búsqueda de nietos, las inversiones en tecnología, en reactivos específicos y de muy buena calidad y la difusión de la temática. Las consultas crecieron enormemente en la última década y muchísimo más después de la aparición de Guido, el nieto de Estela. La estadística se duplicó. Allí, compartido con otras áreas de Inmunología, perdía potencial. Ahora cuenta con un laboratorio propio y específico para su función, además de resguardado por un circuito cerrado de seguridad.

–¿Qué desafíos le plantea a usted la dirección del banco y cuáles son las metas para la institución?

–El gran desafío es tratar de tener la mejor tecnología y los mejores profesionales para encontrar a todos los nietos que faltan en un tiempo corto. Nuestra obsesión cuando chequeábamos la información de Martín era que no le pasara nada a la abuela Delia, con sus 89 años, que pudiera disfrutar de la noticia. Nuestro trabajo tiene un contrarreloj: la edad de las abuelas. Además, colaborar con toda la experiencia del banco en otros países de Latinoamérica que también han sufrido dictaduras. En cuanto a mí, nunca imaginé que podía llegar a este lugar. Me llena de orgullo y responsabilidad. Vengo de la universidad pública, fui investigadora del Conicet, vengo de un Estado que me dio una formación y con el que tengo una deuda moral y ética, no sólo en la temática de derechos humanos, ya que creo que todos como sociedad nos tenemos que hacer cargo también de lo que ocurrió en la última dictadura cívico militar, pero también con lo que a mí me dio el Estado.