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Convencido, como lo transmitió a sus colaboradores con su sola insistencia en el tema, sin teoría, de que la policía bonaerense es el problema político más urgente de la Argentina, el presidente Néstor Kirchner hizo una de sus apuestas más arriesgadas: dejar en claro que la Secretaría de Inteligencia del Estado puede resolver el secuestro de Pablo Belluscio. El mensaje es que la Bonaerense no quiso o no pudo hacerlo.
Tal como informó este diario, en la medianoche del miércoles al jueves un grupo operativo de la SIDE se tiroteó en Don Torcuato con “Manolo”, a quien tenía ubicado como uno de los jefes de la banda de secuestradores de Belluscio. “Manolo” quedó detenido y la SIDE lo entregó a la Justicia. “Lala”, supuestamente un cómplice, huyó. Los agentes se cuidaron de no tirar a matar: cuando tiraron contra un auto, lo hicieron a las ruedas. Tenían orden de diferenciarse de la Bonaerense incluso en ese punto. No debían repetir el libreto de cargar con un muerto en quien concentrar luego todas las culpas por la ola de secuestros.
No es la primera vez que la SIDE participa en una investigación sobre delincuentes y que, en un paso más, actúa en funciones operativas. Ya lo hizo en la pesquisa del caso Conzi.
Pero es la primera vez que un Gobierno hace tan pocos esfuerzos por ocultar la participación de los espías actuando como agentes policiales. Ninguna información aludió al eufemístico “fuerzas de seguridad”. Quedó claro desde la misma medianoche que Kirchner había ordenado el máximo nivel posible de operatividad a la SIDE y que buscaba que todos lo supieran. La palabra “todos” incluye al gobernador bonaerense Felipe Solá, al ministro de Seguridad Juan José Alvarez, al procurador Eduardo Matías de la Cruz, a la policía de la provincia, a los intendentes duhaldistas y al estimado público presente.
Todas las consultas de Página/12 entre funcionarios del gobierno nacional arrojaron un resultado: Kirchner no considera a Solá un enemigo a vencer, un gobernador corrupto o un jefe más de las bandas mixtas que desde el Estado dejan hacer a lo más maldito de la maldita policía o se asocian a ella.
Sin embargo, el Presidente está decidido a no darle a Solá ni un milímetro de libre albedrío en cuestiones de seguridad. El gobierno nacional ve a Alvarez como un delegado permeable a los intereses de un grupo de intendentes del conurbano y de las roscas de la Bonaerense. Tiene la misma opinión del procurador, pero sabe que éste sólo podría salir de su cargo por renuncia o por juicio político. Cualquiera de las dos posibilidades requiere de un embate tan fuerte como el de Kirchner contra Julio Nazareno. Un embate que no hará Solá –decidido a una transición suave y acordada– y tampoco Eduardo Duhalde.
El ex presidente parece dispuesto, también, a tolerar algún tipo de transición que saque del medio al duhaldismo impresentable de un Jesús Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas que acaba de volver a su cargo luego de estar detenido por acusaciones de malversación. De hecho apoyó a Kirchner cada vez que pudo y ahora funciona nada menos que como el nexo de mayor confianza entre el Presidente y su colega más comprometido con la Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva.
El problema de las transiciones políticas es cómo hacerlas cuando la realidad, en algún punto, como sucede con la policía, no tolera una transformación gradual sino la ruptura de la tradición que articuló en los últimos treinta años a las patotas del general Ramón Camps y las mafias locales.
Cada actor de esta transición tiene su objetivo y su límite.
El objetivo de Kirchner es que la feudalización de Buenos Aires no estalle en una guerra que haga ingobernable la Argentina, un país cuya estabilidad depende en primer lugar del conurbano. Su límite es que el gobierno nacional no es viable si se rompe la alianza con Duhalde. El objetivo de Solá es salir indemne del gobierno provincial y, antes de los 60 años, ser uno de los presidenciables del peronismo. Se autoimpuso un límite: no confrontar con los intendentes del Paleozoico. Esperará que se desgasten y surjan punteros más modernos como Alberto Balestrini, el gran jefe de La Matanza. El inconveniente de Solá es que Kirchner no está dispuesto a darle tiempo. El Presidente puede pactar con dirigentes cuestionados de provincias no centrales de la Argentina –el entrerriano Jorge Busti, el jujeño Eduardo Fellner, el formoseño Gildo Insfrán– pero quiere ruptura y no transición alrededor de la Capital Federal.
Duhalde busca consumar la transición de su propia fuerza sin desaparecer como jefe y sin que nadie tenga la tentación de mirar hacia atrás y explorar en la gobernación, poniendo patas arriba cada vericueto del sistema político tejido con el radicalismo. Por eso es difícil una movida como la de la Corte nacional en la Procuración bonaerense. Si las predicciones son una mala costumbre, aquí va una excepción: De la Cruz se irá, por iniciativa propia o de la legislatura bonaerense, solo cuando Duhalde esté seguro de que puede imponer un sustituto de confianza.
El desembarco de la SIDE en Don Torcuato es una forma concreta de diálogo entre Kirchner y Solá. Haciendo un paralelo con la Corte, el Presidente no quisiera poner a Solá en el lugar de Nazareno o Eduardo Moliné O’Connor. Esos son los lugares de Alvarez y De la Cruz.
Kirchner hizo una jugada de mucho riesgo. Si la detención de “Manolo” termina siendo otro bluff, cosa que anoche el Gobierno, muy optimista, descartaba, quedará expuesto al escarnio de la Bonaerense. La ventaja del Presidente, incluso en esa variante, es que Solá no podrá sumarse a la Maldita. Si la ola de la Bonaerense avanza, no amenazará solo a Kirchner. También al gobernador. Esa ola es, para Kirchner, el riesgo mayor. A su lado, cualquier otro peligro le suena modesto al gobierno nacional. Kirchner parece haber declarado una guerra en la que acepta todo, el bluff incluido, pero no una rutina que remataría en su derrota.