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La paciencia de Roberto Lavagna se colmó cuando le informaron que el director de un banco público no podía asumir en su cargo por aparecer, erróneamente, como irregular en la base de datos de deudores del sistema financiero. Allí se aseguraba que había pagado las expensas con un cheque sin fondos. El episodio empezó a aclararse cuando el actual directivo comentó que esa irregularidad había ocurrido a principios de 2002, en medio de la locura del corralito, y que el pago no se había acreditado por culpa de la lentitud con que se establecían las transacciones bancarias. Y que él había arreglado la situación en forma inmediata. Sin embargo, casi dos años más tarde, seguía apareciendo como irregular en la central de riesgo de Veraz, la compañía privada que registra los antecedentes de los deudores. En el Gobierno creen que errores de ese tipo están trabando el otorgamiento de créditos.
El caso del director del banco estatal pudo resolverse rápido por la expresa gestión llevada a cabo por autoridades de la entidad oficial ante Veraz. Pero la inquietud en el equipo económico se debe a que la experiencia del funcionario no es aislada. Un estrecho colaborador de Lavagna aseguró a Página/12 que entre el 50 y el 60 por ciento de los pedidos de crédito se frustran ante la aparente situación irregular del solicitante. “En muchísimos casos detectamos que el deudor se puso al día, pero sigue figurando como moroso. O irregularidades que no se corrigieron a pesar de los reclamos de las empresas o personas perjudicadas”, comentó a este diario la fuente cercana al ministro de Economía.
Los datos que maneja el propio Veraz son alarmantes: cuatro de cada diez personas o empresas que figuran en su base de datos registran moras o inhibiciones comerciales.
La Cámara de Diputados ya le dio media sanción a un proyecto para regularizar, en forma automática, a los deudores que tuvieron incumplimientos en el peor momento de la crisis: entre enero de 2001 y diciembre de 2002. La condición es que esos deudores hayan pagado el total de sus deudas o, al menos, haber empezado a hacerlo a través de un plan. La regularización del deudor debe hacerse en un plazo máximo de cinco días a partir de su solicitud. La iniciativa, votada en la Cámara baja hace dos semanas, espera ahora turno en el Senado.
Lo llamativo es que Veraz, la empresa que, según consignan en el Palacio de Hacienda, traba la cesión de créditos, es propiedad de los mismos bancos que deberían hacer negocios otorgándolos. En rigor, el paquete accionario de esa compañía está repartido entre dos socios: la estadounidense Equifax y Banelco, la red de cajeros automáticos de la que son dueños las principales entidades financieras.
La consulta en el Veraz es el primer paso que da cualquier gerente de sucursal antes de completar la planilla con la solicitud de préstamo. Si una empresa o individuo aparece como irregular en la central de riesgo crediticio, directamente le rechazan el pedido. Es por tal motivo que en algunos despachos del Palacio de Hacienda piensen en distintas alternativas para obligar al Veraz, y a sus colegas en el mercado, a mantener al día la base. Según los funcionarios consultados, existen numerosos casos en los cuales los bancos informaron las correcciones, pero las centrales de riesgo las desconocieron.
Preocupado por la ausencia de crédito, el Banco Central dio ayer otro paso para reactivar las líneas: dispuso una rebaja de los encajes bancarios –por lo que se liberan recursos al mercado– y amplió las garantías que pueden presentar las pymes para pedir prestado. Esta última medida fue insistentemente requerida por los banqueros.