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El polémico Servicio Penitenciario Bonaerense destila escándalo por todos sus poros. Ahora, los propios guardias se sumaron a las denuncias de los presos de las cárceles provinciales. Un grupo de oficiales y suboficiales envió una carta anónima al camarista de San Isidro Fernando Maroto en la que señalan las claves que sostienen el poder mafioso dentro de esa institución: la complicidad de los jerarcas del SPB con diferentes sectores políticos, incluyendo legisladores, intendentes, concejales y hasta ministros. Esos vínculos se extienden hasta la otra gran corporación mafiosa provincial: la Bonaerense, cuyas jerarquías funcionan con la misma lógica y las mismas vinculaciones políticas. Maroto presentó la carta anónima ante la Fiscalía General de San Isidro para el inicio de una investigación. Ayer, el juez, que recibió varias amenazas del SPB, pidió la intervención del gobierno nacional y denunció: “Parece que Meckievi (ministro de Justicia bonaerense) quiere que me maten”. Ayer, Página/12 reveló que el ex jefe del penal de Magdalena, Rubén Puente, denunciado como ideólogo del intento de asesinato del camarista, fue designado como subjefe de Inteligencia de todo el servicio.
La carta fue presentada ante la Fiscalía General a cargo de Julio Novo, a las 13.25 del miércoles pasado. En ella, Maroto señala “la gravedad institucional que surge de la nota” y “la posible existencia de una asociación ilícita de características mafiosas”, cuyas redes (según la denuncia) alcanzan a legisladores del PJ, intendentes, concejales y ministros.
Los denunciantes, un grupo de oficiales y suboficiales del SPB, se proponen lograr un servicio penitenciario “ajustado a derecho” y denuncian que, “actualmente, una organización mafiosa conduce la institución mediante la complicidad o ignorancia del poder político”. Se refirieron, además, a los recientes relevos en las jerarquías, que implicaron el retiro de más de 30 jefes de penales y altas autoridades penitenciarias.
El viernes pasado trascendió que esos relevos constituían una purga como resultado de la denuncia de un preso del penal de Magdalena, que señalaba que el propio jefe del penal, Rubén Puente, le había encargado a cambio de su libertad asesinar al presidente de la Cámara de San Isidro, Fernando Maroto, y al director de Investigaciones de Asuntos Penitenciarios, Juan Casolati, dependiente del ministro de Justicia bonaerense, Alfredo Meckievi. En aquel momento, Meckievi desmintió que se tratara de una purga y aseguró que los relevos se debían a retiros por antigüedad. Y en cierta forma, Meckievi no mintió. Como reveló ayer Página/12, el denunciado jefe de Magdalena, Rubén Puente, no fue purgado. Pero tampoco retirado. Resignó su cargo en la UP28, pero las autoridades idearon un puente, y Puente aterrizó nada menos que como subjefe de Inteligencia de todo el SPB. Premio, cobertura o sospechosa distracción, cualquiera de esas posibilidades saca de quicio al camarista amenazado. “Parece que Meckievi quiere que me maten”, dijo ayer a este diario.
Volviendo a la carta anónima, los denunciantes confirmaron que purga hubo, pero que estuvo dirigida a limpiar el camino de los jerarcas con una movida que denominaron “los nombramientos de Meckievi”. “Pasaron a retiro –sostiene la carta– a los honestos. Y esta semana reafirmaron su poder, renovando a la plana mayor. Con astucia, designaron mafiosos en unidades claves y jefes honestos en unidades alejadas del radio capital”.
El esquema denunciado señala a las unidades penales que rodean La Plata y Florencio Varela, donde se concentra la mayor parte de los presos bonaerenses y, según la carta, donde se concentran los negocios más jugosos y las coberturas políticas más fuertes. “La denuncia es más que verosímil”, dijo Maroto.
Cuando se desató el escándalo por el encargo denunciado por el preso de Magdalena, Meckievi no sólo subrayó su hipótesis de sospechas sobre el denunciante y no sobre el denunciado, sino que además, durante un encuentro realizado en La Plata con intendentes justicialistas del PJ, electos y reelectos, se encargó de destacar que “el Servicio Penitenciario Bonaerense ha cumplido una encomiable labor durante todo el presente año, haciéndose cargo de 23 mil presos, no hemos tenido ni un motín, hemos llevado adelante políticas relevantes”.
Entre las políticas relevantes, en enero el SPB incorporó a 1500 nuevos agentes penitenciarios. De ellos, 600 conocen a Meckievi de cerca: casualmente viven en Dolores, donde el ministro logró ser electo intendente en las últimas elecciones.
Ayer, después de haber sido criticado desde diferentes sectores del gobierno bonaerense, Maroto pidió al gobierno nacional que interviniera para acabar la corrupción en el SPB. Una comisión de la Secretaría de Derechos Humanos mantuvo el miércoles una reunión con Maroto y la defensora oficial María Gómez (también amenazada por el SPB) para elevar un informe a la CIDH.