Tampoco ellos esperaron un sólo día. Durante la primera audiencia posterior a las elecciones del domingo 22 de noviembre, el abogado de los ex jueces juzgados en Mendoza pidió diez días de postergación de las audiencias porque “el cambio de signo exige que se analice cómo continuar”. Ese martes 24 de noviembre debían empezar los ya demorados alegatos en un juicio que lleva 22 meses de debate marcado por una abrumadora presencia documental de pruebas de más de 200 expedientes que está mostrando que los integrantes del sistema judicial no movieron un sólo papel para buscar a los desaparecidos y que –dicen las querellas– “fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de esos expedientes que se archivaban en cuestión de días”. Los primeros en alegar iban a ser los representantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), pero el pedido del abogado Juan Day logró postergarlo. El Tribunal Oral Federal se dio tiempo hasta hoy, lunes 30 de noviembre, a las 9.30, para contestar el insólito pedido.

Los querellantes creen que el objetivo no es sólo dilatar, sino dejar fuera de la escena de alegatos a las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, cuyas presencias se extiende –de momento– sólo hasta fin de mes.

El juicio que comenzó en febrero de 2014 es uno de los de lesa humanidad de características históricas. Entre los 38 acusados hay integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía, pero cuatro de ellos son ex integrantes del sistema judicial de la dictadura: entre ellos, Luis Miret y Otilio Romano, juez y fiscal federal de la etapa represiva por los que pasaron decenas de expedientes que se analizan como parte de las pruebas de este juicio. Y premiados con una carrera judicial en ascenso que los llevó a integrar hasta hace muy poco la Cámara Federal de Mendoza, máxima autoridad de la Justicia Federal de la provincia. Una de las áreas más sensibles a las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad, que continúan en investigación pese al lobby constante desde usinas como los editoriales del diario La Nación, que hace una semana clamó especialmente por los magistrados.

Durante la dictadura, las familias de los detenidos desaparecidos de Mendoza presentaron hábeas corpus ante la Justicia Federal para averiguar el paradero de sus seres queridos, pero también denunciaron sistemáticamente esos secuestros ante las comisarías de sus barrios. Esta modalidad permitió una producción de numerosos sumarios policiales que hoy son uno de los datos centrales de esta causa. Bajo análisis hay más de 200 expedientes judiciales que nacieron del paso de esos sumarios desde la Policía de la Provincia a la Justicia Federal. La serie muestra dos puntos claves. Que a contramano de lo que dicen los acusados, la Justicia Federal era competente en estas causas. Y que los expedientes se terminaban en cuestión de días sin ordenar una sola medida de prueba y con “sobreseimientos provisorios”, que en la práctica eran el archivo de la causa. Los números apabullantes de documentos están relevando para querellas y fiscalía que ni un integrante del sistema de Justicia movió un solo papel para investigar decenas de crímenes de las fuerzas de seguridad. “Esta multiplicación de expedientes archivados era lo que garantizaba la mecánica de impunidad”, dice el abogado Pablo Salinas, querellante del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.

En ese sistema de justicia, Miret y Romano eran parte central de las poleas. Uno estaba en la fiscalía y otro en el juzgado. Uno recibía los sumarios de la Policía, los abría, sugería el sobreseimiento y el otro confirmaba ese sobreseimiento días después.

En la audiencia del martes 24, el abogado Juan Day, a cargo de la representación formal de Miret, invocó dos tipos de cuestiones para pedir el aplazamiento de los alegatos. Una, más técnica, vinculada a la necesidad de revisar la producción de prueba, herramienta usual entre los defensores para extender estos juicios donde la celeridad es vital. Y la otra, mas insólita, al introducir el resultado de las elecciones. “La verdad es que el ánimo de los defensores parece ser sostenerse en este triunfo del macrismo para avanzar con el mismo tipo de pedidos que realizan desde hace meses”, señala a Página/12 la abogada Viviana Beigel, también del MEDH. “En este caso el planteo de Day incluyó una cuestión política diciendo que el cambio de signo exigía que se analizara cómo se continúa”.

Day también pidió la prisión domiciliaria de Otilio Romano. De acuerdo a la información de la querella, el TOF, sin embargo, aún no aceptó el pedido. Evitó el comienzo del alegato pero convocó a una audiencia para hoy en la que se espera que respondan el reclamo.

Otro de los elementos en juego es el futuro de los apoderados de las secretarías de derechos humanos de Nación y de la Provincia. Por Mendoza, está Sergio Bonsague, subsecretario de Justicia, y por Nación, el abogado Fernando Peñaloza. Estaba previsto que ellos comenzaran con los alegatos después del MEDH, pero en este nuevo contexto serán ellos quienes irán en primer turno.

La producción de las pruebas

La producción de pruebas en juicio fue tan abrumadora que los acusadores entienden que están mostrando un mecanismo destinado a garantizar la impunidad desde el aparato de Justicia. “Una vez que las familias hacían la denuncia en las comisarías provinciales, las comisarías enviaban el material con todo el relato a la Justicia Federal –agrega Pablo Salinas–. En ese momento, la fiscalía federal abría un expediente con una declaración de ‘competencia’ que aparece repetida hasta con un sello que estampaban en la primera página y ahí nomás lo elevaban al Juzgado Federal con la recomendación del ‘sobreseimiento provisorio’, que significa el archivo. El juzgado aceptaba ese sobreseimiento y todo terminaba ahí. Eso se repetía todo el tiempo.”

Los más de 200 expedientes siguieron ese camino. Uno de los más emblemáticos es el de Virginia Adela Suárez, una joven de 22 años, estudiante de periodismo, militante del PRT, secuestrada el 13 de mayo de 1976. El día del secuestro, en la casa estaba su madre, Haydeé Moreno, y su hermano. La patota no encontró armas, dice la denuncia original del MEDH, “sin embargo se llevaron la máquina de escribir, un proyector de diapositivas y todos los artículos de oro que encontraron”. Haydeé radicó una denuncia en la Comisaría 7 de Mendoza y en el Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña. Después presentó dos hábeas corpus ante el juez del Primer Juzgado Federal de Mendoza. Los hábeas corpus fueron rechazados. Pero entre los documentos de la causa, un expediente muestra el derrotero que siguió esa paradigmática denuncia policial (ver imagen):

- El 27 de mayo de 1976 ya estaba en el Juzgado a disposición de Miret y de Romano.

- El 28 de mayo, Romano asumió la competencia por el artículo 48 y tres líneas más tarde, entiende que atento a las características de las causas debe hacerse lugar al “sobreseimiento provisorio”.

- El 8 de junio, Miret confirmó el sobreseimiento provisorio.

Entre uno y otro momento, habían pasado 12 días. Virginia Adela Suárez continúa desaparecida.

Con el paso de las audiencias, esos documentos se fueron leyendo como parte de las pruebas más importantes sobre el rol de los jueces. La lógica que ya había sido visualizada durante la instrucción planteó una novedosa forma de entender el rol de la Justicia durante la dictadura, donde la supuesta “inacción” alegada por algunos jueces en realidad fue efectivamente una “acción” destinada a obturar el camino de la justicia.

“Por supuesto, que (los ex jueces) estuvieron en los centros clandestinos –dice Salinas–. Miret dijo que había ido a ver a uno de los detenidos en la Compañía de Comunicaciones, y cuando yo le pregunté si había visto cómo estaban los prisioneros, me dijo: ¿qué podía hacer yo contra las fuerzas militares? Hay testigos que hablan de la presencia en los D2. Pero todo eso –agrega–, no es tan relevante como esta cantidad de prueba documental que indica que ellos fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de ese camino y ellos lo iban a archivar. Esto garantizaba que no hubiera ninguna responsabilidad para ninguno de los que actuara en estos secuestros porque inexorablemente lo cerraban.”

“Cuando le pregunté a Miret por qué se declaraba competente, cuando otros se declaraban incompetentes, me dijo que era porque quería quedarse con los expedientes, quería guardarlos –agrega el abogado–. Yo interpreto que no quería que cayeran en manos de alguien que sí pudiera hacer algo distinto. Esto fortaleció en los hechos la carrera judicial de ellos. Le fue tan bien con todo esto, fueron tan aplicados, que a Miret lo nombró Videla y llegó hasta 2010.”

Durante el debate, los ex jueces efectivamente intentaron defenderse. Dijeron que cerraban los sumarios porque ignoraban quiénes eran los autores, pero en realidad en las denuncias había datos que identificaban por lo general a algún sector responsable. También dijeron que la información de la época era confusa. Pero querellas y fiscales se preguntan si también era confuso cuando una familia llegó a dar cuenta hasta del modelo y patente de un auto en el que se llevaron a un hijo y los expedientes no tienen atisbo de investigación. Quienes siguen el juicio a diario están convencidos de que recién cuando se vieron cercados por los expedientes, los ex jueces comenzaron a buscar otros argumentos. Entre ellos, empezaron a plantear el problema de competencia. Dijeron que no eran competentes en aquel momento. Pero la postura se cae a poco de leer un expediente que comienza con un sello en el que ellos mismos admiten competencia, como dice Salinas. “O cuando al seguir el recorrido de un sumario desde una comisaría al juzgado federal, lo que se lee es que la policía entendía que sí tenían competencia.”

Los jueces también dicen que el sobreseimiento no significaba cerrar una causa. O que se quedaban con el expediente para sumar eventual nueva prueba. Pero también eso parece caerse. El código viejo no contemplaba la figura del “archivo” de una causa, sino el sobreseimiento provisorio, señalan los acusadores. Y además, el cúmulo de documentos demuestra que las causas jamás se movieron.

La contundencia de los papeles es tan alta –dicen querellas y fiscales– que uno de los jueces acusados inquietó a la sala durante el debate con un comentario. “Cómo será que no fuimos cómplices, que no hicimos desaparecer los expedientes”, señaló en este caso Guillermo Petra Recabarren, palabras más, palabras menos, el tercero de los “jueces” juzgados. Pero también acá, la acusación tiene otra postura: no hicieron “desaparecer” expedientes –señalan– porque nunca pensaron que se iba a juzgar su intervención en el terrorismo de Estado.