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El viernes, Kirchner inauguró en Benito Juárez un Paseo de la Memoria y rindió homenaje a tres compañeros de pensión en su época de estudiante en La Plata, que fueron detenidos-desaparecidos por la dictadura militar. El presidente llevó consigo al gobernador Felipe Solá. A la misma hora, la Comisión Provincial por la Memoria denunciaba que Solá le negaba los fondos dispuestos por ley para la digitalización del archivo de inteligencia secuestrado a la policía bonaerense, como estrategia para someterla a su voluntad y silenciar sus críticas por los avances autoritarios en la provincia. Creada por dos leyes provinciales, la Comisión es copresidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. También la integran Laura Conte, Mauricio Tenembaum, el fiscal general Hugo Cañón, el pastor Aldo Etchegoyen y el rabino Daniel Goldman, entre otras personalidades. La semana pasada, Pérez Esquivel solicitó una audiencia con Solá, quien se negó a atenderlo y le indicó que debía comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos de su gobierno, de la cual antes había removido a su titular, Leonardo Franco.
Solá estimuló a la Comisión, cuando era vicegobernador, para diferenciarse de Carlos Rückauf, pero cuando quedó al frente del gobierno no quiso oír voces críticas. El conflicto se agudizó cuando el Procurador De la Cruz decidió desactivar el Banco de Datos sobre Torturas que había creado el Defensor de Casación, Mario Coriolano, y subordinar a sus directivas al Ministerio Público de la Defensa. Solá había prometido su apoyo a Coriolano, pero terminó por respaldar a De la Cruz, porque prefirió que no trascendieran las denuncias sobre las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que se producen en la provincia, sobre las que ya hay denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Solá cree que Rückauf es nazi y que él es progresista, pero bajo su administración el infierno de las cárceles y comisarías bonaerenses siguió empeorando. La tensión volvió a montar cuando, en plena campaña electoral contra los machos malos Aldo Hulk y Abelardo Picapiedras, Solá dispuso otorgar a la policía bonaerense la facultad de allanar viviendas sin orden judicial.
“La Comisión siempre ha entendido que la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado no puede desvincularse de la lucha por el respeto actual de los derechos humanos en el ámbito provincial, y por eso ha favorecido las iniciativas que buscan poner remedio a la aplicación habitual de torturas por parte de las fuerzas de seguridad” afirma el comunicado emitido el viernes. “A partir de estos episodios se interrumpió el fluido diálogo que mantenía la Comisión con el titular del Poder Ejecutivo provincial, quien incluso se ha negado a atender en forma directa los pedidos de audiencia formulados, e inclusive a hablar por teléfono con el Presidente de la Comisión, Arquitecto Adolfo Pérez Esquivel. Este distanciamiento vino acompañado de versiones en el sentido de que el propósito del Poder Ejecutivo era reemplazar las leyes que establecieron la Comisión, haciéndole perder su autonomía y transformándola en una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia”, sigue.
“La autonomía de la Comisión garantiza la conservación y desarrollo del gran archivo que le está confiado con independencia de vicisitudes políticas. Y se perdería una entidad autónoma de considerable valor para un adecuado control republicano de la gestión de gobierno. Lamentablemente, las versiones mencionadas han tenido confirmación, mediante la nota del día 26 de noviembre, firmada por el Secretario privado del Ministro de Economía de la Provincia, por la cual se informa a la Comisión que deberá efectuar su pedido de presupuesto por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos”. En una transparente alusión a las últimas jugadas del Procurador De la Cruz, la Comisión Provincial por la Memoria agrega que los ataques de Solá forman parte “de un cuadro de avances autoritarios en la Provincia de Buenos Aires registrados en episodios pasados y otros más recientes de tal notoriedad que no es preciso especificarlos”. Si la Comisión “no renuncia a su autonomía, a su función de denuncia, carecerá por decisión del Poder Ejecutivo provincial de los recursos necesarios para seguir desenvolviendo sus actividades”. Esto también perjudicará “la labor de la Cámara Federal de La Plata en los temas de terrorismo de Estado, al no poder continuar el apoyo que le brinda la Comisión”, afirma. El sugestivo final de la declaración apela “a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los poderes del Estado provincial y nacional a fin de impedir que se frustre la empeñosa y fructífera labor que el establecimiento de la Comisión Provincial por la Memoria permitió impulsar”.