Pocas horas antes de concretarse ayer la intervención a la Afsca y la Aftic un importante grupo de organizaciones latinoamericanas dedicadas a la defensa y el derecho a la libertad de expresión dieron a conocer un documento en el cual expresan su preocupación “por los niveles de concentración mediática en la región”, reafirmando que “la libertad de expresión es un derecho humano universal y una condición necesaria para la existencia efectiva de pluralismo político y la diversidad de informaciones y opiniones y para una participación informada de la ciudadanía y por eso se convierte en una piedra angular para la democracia”.

El documento está firmado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Artículo 19 de Brasil, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay, el Colegio de Periodistas de Chile, el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (Demos) y Civitas de Guatemala, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Intervozes-Coletivo Brasil de Comunicaçao Social, la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos VOCES de Paraguay y la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) de El Salvador.

Las organizaciones latinoamericanas señalan que “la concentración mediática conspira contra la democracia y es una grave barrera al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información por cuanto representa un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones” y reafirma que “la diversidad y el pluralismo de perspectivas e informaciones refuerza el carácter esencial de la libertad de expresión como requisito para la vigencia de un régimen democrático, así como su papel como derecho habilitador e interdependiente con el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos”.

Dicen también que, “como consecuencia de la concentración indebida, los contenidos que reciben las audiencias quedan en manos de pocos grupos que, a su vez, suelen integrar entre sus actividades distintos intereses económicos y políticos, que en varios casos les otorgan un poder que rebasa a las instituciones estatales, conformándose en poderes fácticos que determinan la agenda pública poniendo en riesgo el debate democrático”, sin dejar de tener en cuenta que “la concentración indebida de medios debilita los derechos laborales de los periodistas, pues al no contar con diversidad de espacios para desarrollar su trabajo se ven forzados a aceptar las condiciones que las empresas les imponen sin mayor opción, facilitando la autocensura de periodistas y comunicadores”.

Advierten también los firmantes que “los Estados deben cumplir con sus obligaciones de garantizar y proteger la libertad de expresión, haciendo el uso máximo de recursos institucionales para que el pluralismo y la diversidad sean una realidad material que permita el goce de este derecho y aseguren el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva y no sólo individual, para lo cual es necesario armonizar su legislación interna y adoptar políticas públicas activas de acuerdo a los estándares internacionales en la materia”.

Entre otros temas, los organismos latinoamericanos piden también que “junto con medidas que limiten y reviertan la concentración” los Estados ajusten sus marcos regulatorios e implementen “planes y políticas públicas activas con el objetivo de garantizar el pluralismo y la diversidad, en especial reconociendo y promoviendo al sector de medios sin fines de lucro, entre los que se incluyen los medios comunitarios, sociales e indígenas, así como fortaleciendo a los medios públicos”.