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María Julia Alsogaray tendrá que seguir en la cárcel, según dispuso ayer la Sala II de la Cámara Federal, por haber pagado sobreprecios millonarios y contratado a sus amigos para las refacciones del edificio de la Secretaría de Recursos Naturales, que ella comandó durante el gobierno de Carlos Menem. El tribunal sostuvo que, ante las múltiples causas graves con que carga, cabe suponer que existe una “presunción de fuga”. Si bien confirmó la falta de mérito por asociación ilícita, ordenó que ese delito se investigara en profundidad y, si es necesario, el juez abriera un expediente específico que constate si se repiten los personajes y su accionar en los demás procesos penales en su contra. Los mismos jueces confirmaron, además, el procesamiento de la ex funcionaria en una pesquisa por irregularidades en la liquidación de ENTel (ver aparte).
La ingeniera tendrá que continuar con la rutina de presidiaria que lleva hace casi cuatro meses en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, en Palermo (ver recuadro aparte). En cambio, a su ex número dos y antiguo peluquero de Menem, Enrique Kaplan, la Cámara le concedió la libertad porque no tiene otras causas. Igualmente confirmó su procesamiento porque considera que los manejos para sustraer fondos y las contrataciones espurias en el área de Medio Ambiente están probados. Para ambos ex funcionarios la resolución firmada ayer ratificó el embargo de un millón de pesos.
En cuanto a Alsogaray puntualmente, los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun aseguraron que, “en abuso de su cargo, interfirió la voluntad de la administración pública en beneficio propio perjudicando así los intereses del Estado Nacional, quien vio disminuido su patrimonio” por los sobreprecios pagados. También afirmaron que “la investigación ha sacado a la luz un manejo absolutamente discrecional de fondos públicos por parte de la procesada” a quien atribuyen un “notable desdén por todos aquellos pasos administrativos que implicaran obstáculos o controles para la fraudulenta forma de dirección”.
Ahora lo más probable es que María Julia apele y reclame su libertad, a través de su defensora oficial, Perla Martínez de Buck. Según explicaron en tribunales, lo más lógico sería que recurriera a la Corte Suprema, que ya admitió –cuando aún reinaba la mayoría automática– cuestionamientos a la prisión preventiva en procesos sin sentencia en los fallos con los que excarceló a Víctor Alderete y luego a Menem y a Emir Yoma. De todos modos, aclararon los expertos, la ex funcionaria también puede usar la vía de la Casación Penal. Estos trámites, que suelen prolongarse, seguramente harán que permanezca mucho tiempo entre rejas.
El juez Rodolfo Canicoba Corral mandó a Alsogaray a la cárcel basándose en que tiene 14 causas en el fuero federal y cinco procesamientos, y acusándola de varios delitos por las refacciones en la sede de Recursos Naturales: peculado (sustraer fondos públicos), falsedad ideológica, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes. Según el magistrado, los manejos se realizaron gracias a la creación de una cuenta bancaria paralela, en forma de fideicomiso, por la que pasaron casi cinco millones de dólares. La Cámara, sin embargo, señaló contradicciones entre esas imputaciones y sólo mantuvo la de administración fraudulenta. Pero señaló que, pese a que es un delito excarcelable, María Julia debe seguir en prisión porque, al estar investigada en “múltiples expedientes” pasibles de derivar por unificación de penas en una condena de cumplimiento efectivo, podría intentar “eludir la acción de la Justicia”.
Lo que la resolución de alzada da por hecho es la existencia de un ardid para desviar fondos públicos contratando, a su vez y a costos altísimos, los servicios de gente conocida, algo prohibido para los funcionarios. Para las remodelaciones en cuestión (realizadas entre 1995 y 1998) y otras tantas obras públicas, María Julia contrató al ingeniero Santiago Bignoli, un amigo suyo de la niñez, y a su padre, Arturo Bignoli. Los convenios con ellos –cuyos procesamientos también fueron confirmados– se hicieron en forma directa, sin los concursos y licitaciones requeridos, alegando la necesidad de especialistas que, según el fallo, no estaba justificada ya que desempeñaron tareas simples.
En otras contrataciones se repite el vínculo con empresas amigas y las adjudicaciones directas. Una estrategia reiterada para justificar salidas de dinero fue la fragmentación de los planes de obra en etapas y por rubros. La resolución de la Cámara reafirma también el pago de sobreprecios siempre superiores a los valores de mercado y la existencia de mecanismos para burlar controles. Durante la instrucción del expediente, y en función de datos proporcionados por la Oficina Anticorrupción (OA), que es querellante, y por el fiscal Miguel Angel Osorio, se constató el pago de cifras escandalosas como, por ejemplo, hasta un 444 por ciento de más en mampostería y revoques.
La denuncia original de la OA establecía que debía aplicarse la asociación ilícita, un delito de por sí no excarcelable. El fiscal Osorio también insistió en que debía aplicarse esa figura. Aquella primera presentación de la OA revelaba otros hechos, además de las refacciones edilicias, donde se repetían las mismas personas y trucos aparentemente destinados a desviar dinero público. Algunos de esos casos, como la organización de la Cuarta Conferencia de Cambio Climático (COP 4) que llevó a reportar, según los investigadores, sobreprecios de hasta 6000 por ciento, fueron a parar a otros juzgados.
Lo que ayer ordenó la Cámara Federal es que se profundice el estudio de las defraudaciones en Recursos Naturales, en miras a una posible asociación ilícita, y advirtió sobre la necesidad de generar cruces de datos y comparaciones con otras causas en trámite, como la de la COP 4, entre tantas otras que enumera. “Comparte este tribunal la necesidad de analizar lo acontecido con una visión más comprensiva de la totalidad de los hechos que se imputan” a Alsogaray en los distintos juzgados “en los cuales se verifican serios y concordantes puntos de conexión”, dice la resolución. Y advirtió sobre “la presunta existencia de un mismo modus operandi, su reiteración en el tiempo y la coincidencia de personas involucradas”. También pidió nuevas indagatorias que había sido solicitadas por la fiscalía. Osorio se mostró conforme con la decisión de los camaristas y recordó a este diario otros puntos en los que, a su entender, se debe avanzar como “la privatización de la explotación Parque Iguazú, de la Cataratas, en la que aparecería alguno de los Bignoli”, y donde el Estado se habría hecho cargo de honorarios que debía pagar la concesionaria que ascendían a 20 millones.
Un panorama más que negro para Mary July a quien, en abril, la espera además un juicio oral por enriquecimiento ilícito.