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La Comisión de Derechos Humanos de la ONU expresó su “reconocimiento” al gobierno argentino por “las medidas adoptadas por el Estado argentino en la lucha contra la impunidad”. En especial, se mencionaron la derogación del decreto de rechazo automático a los pedidos de extradición a represores de la última dictadura y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por el Congreso. También se llamó la atención sobre el elevado número de detenciones preventivas, la sobrepoblación carcelaria, procedimientos vinculados a la protesta social y situaciones de detención de niños y jóvenes.
Las conclusiones del informe elaborado por el “Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fueron presentadas ayer por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
El trabajo puntualiza que el grupo “notó iniciativas interesantes en materia de corregir problemas sobre la detención arbitraria a nivel federal”, aunque no observó lo mismo “a nivel provincial, donde las medidas a ser adoptadas parecen igualmente necesarias”. Entre otras recomendaciones se menciona “revisar la legislación y las prácticas en materia de detención preventiva”, prestando “urgente atención a las condiciones de detención y a la separación de procesados y condenados y niños y adultos”. Según señala el informe, “en la base de los problemas de las condiciones de detención” está la “superpoblación en los establecimientos carcelarios y en las comisarías”.
El trabajo fue elaborado por una delegación presidida por el magistrado Tamás Ban, de Hungría que, invitada por el Gobierno, visitó el país del 22 de septiembre al 2 de octubre pasados.
Para Beliz, el informe “implica un reconocimiento muy importante al área de derechos humanos del gobierno nacional”, al vincular “el aspecto del respeto a los derechos humanos en el ámbito de la política carcelaria”. El ministro sostuvo que en esa línea “se están dando respuesta a algunas demandas” planteadas en el informe “con el anuncio de ayer que se construirán nueva cárceles con una inversión de 400 millones de pesos”.