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Como socios desconfiados, los legisladores duhaldistas están inquietos por el contenido de los archivos que maneja la Comisión Provincial por la Memoria, ya que la policía hizo inteligencia sobre el denominado “factor político” hasta 1998, cuando la Cámara Federal los encontró. Luego el tribunal los entregó a la Comisión para que los sistematizara y digitalizara. De este modo el conflicto en la Comisión por la Memoria resulta otro ramalazo de la interminable descomposición de la mejor maldita policía del mundo y sus relaciones perversas con la política conurbano-bonaerense. Parece pero no es un chiste que Solá haya designado como nuevo ocupante de esa silla eléctrica a un experto en saneamiento, Raúl Rivara, quien no tiene nexos conocidos con las mafias del sector.
Macho malo
La crisis se desencadenó en julio de este año, en plena campaña electoral. Solá quería hacerse el macho malo y no toleró que el Secretario de Derechos Humanos, Leonardo Franco, le señalara en un respetuoso memorándum la inconstitucionalidad de otorgar a la policía facultades para allanar viviendas sin orden judicial. El 17 de julio la Comisión Provincial entregó al gobernador un documento aún más duro, firmado por Estela Barnes de Carlotto, quien la copresidía junto con el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ese texto sostenía que no tiene sentido recordar el terrorismo de Estado si no se extrae “la lección de que las emergencias no pueden enfrentarse sacrificando los principios básicos del estado de derecho” y comparaba las decisiones de Solá con “los procedimientos de la dictadura militar”. Durante una tensa reunión Solá dijo a la Comisión que “frente a la sensación de inseguridad no puedo aparecer no haciendo nada. Estas medidas no van a mejorar la seguridad pero responden al reclamo de la sociedad de que se haga algo. A veces para resolver los problemas tengo que pasarme de la raya”. Le contestó el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón: “El estado de derecho es para todos, más aún para el gobernador”. Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo y el CELS, agregó que “no somos la Comisión por la Memoria sólo para acordarnos del ‘76. Somos la memoria de todas las veces que en este país por situaciones de emergencia se pasaron de la raya y entraron en el camino del todo vale. Y vinimos a dar un alerta”.
Aciertos y errores
Solá removió a Franco de la Secretaría de Derechos Humanos y tuvo la astucia de designar como sucesor a un hijo de la señora de Carlotto, Remo. Desde entonces, dice una carta dirigida a la señora de Carlotto por su compañero en la Comisión, Carlos Sánchez Viamonte, “tu conducta cambió. Calladamente, y traicionando lo que días antes habíamos firmado en repudio a aquellas facultades excesivas gestionaste el nombramiento. Remo ocupó el sillón aún caliente de Leonardo Franco. Quien, destaquemos, renunciaba en solidaridad con lo manifestado públicamente por la comisión”. De allí en más, “junto a Sara Derotier, te encargaste de cuestionar toda actividad que se relacionara con la situación actual que se vive en la provincia en materia de derechos humanos. En tu opinión, sólo debíamos ocuparnos del pasado. De ningún modo denunciar el incremento de las torturas en dependencias policiales, que se advertía en los últimos tiempos. A la vez, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Sara se encargaba de elaborar un proyecto de ley que modificara nuestra integración, a la vez que cambiaba el objetivo que tendría. El cual, obviamente, se asemejaba más al de una biblioteca-archivo, que a un organismo de defensa de los derechos humanos”. Otro de sus hijos, Guido Carlotto, integra el gabinete del intendente Alak, quien sostiene a Solá frente al duhaldismo como la cuerda al ahorcado. Estela Carlotto dijo a la revista Veintitrés que a Solá “le entregaron una provincia en llamas y está haciendo lo que puede. Hay vicios de arrastre que tiene que resolver y lo hace a su manera. Con aciertos y errores”. No aclaró cuáles eran los aciertos y cuáles los errores.
En su carta de renuncia a la Comisión, la señora de Carlotto dijo que ante “diversas observaciones hechas a la rendición del presupuesto 2001 por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires” tanto ella como la delegada de Solá en la Comisión, Sara Derotier de Cobacho, manifestaron preocupación por “varias desprolijidades en la administración del dinero del erario”. La Comisión respondió que “la propia Estela de Carlotto, junto con Sara Derotier” y el tesorero Víctor Mendibil aclararon cada punto cuestionado (ver facsímil 1). “En el informe no consta ningún elemento ni acusación de uso indebido de los fondos públicos” y la mayoría de las observaciones “están vinculadas con el no reconocimiento de la autonomía de la Comisión y por lo tanto de su autoridad administrativa independiente”. Por ejemplo: no haber pedido autorización para las impresiones o no haber remitido los contratos para que los aprobara el Poder Ejecutivo, porque no correspondía.
Cargos y réplicas
La señora de Carlotto señaló “numerosas irregularidades”, que se transcriben a continuación, seguidas por las respuestas de la Comisión o de alguno de sus miembros:
- “Mala administración de los fondos” que generó “falta de presupuesto para las actividades del área fundamental y estratégica de la Comisión: la digitalización de los archivos de la ex DIPBA, trabajo realizado gracias a un convenio firmado por la Universidad Nacional de La Plata”. El 18 de noviembre de 2003 la propia Estela Barnes de Carlotto, como presidenta de la Comisión, acordó con la Universidad un acta complementaria del Convenio Marco. (Ver facsímil 2.) El secretario general de la Universidad, Guillermo R. Tamarit, se comunicó con la Comisión para ratificar que todo estaba en orden y la tarea se seguía realizando con normalidad.
“El presupuesto otorgado a la Comisión, sobre todo teniendo en cuenta las enormes dificultades económicas que transita el país en los últimos tiempos –especialmente nuestro pueblo de la Provincia de Buenos Aires– debió haber sido administrado con mejor criterio; esta preocupación fue manifestada por la señora Cobacho y por mí en distintas reuniones de la Comisión.” Para corroborar estas insinuaciones se presentaron en la sede de la Comisión una periodista y un fotógrafo de la agencia DyN. Querían ver los baños, en los que alguien había informado que se gastaron 200.000 pesos. El gasto real fue de 7000. Son modestos baños de 1x1 metro que desilusionaron a los periodistas, igual que las sillas de plástico negro del auditorio.
- “Dejamos en claro nuestra disconformidad con la directora del equipo técnico, doctora Gabriela Cerrutti.” En septiembre, ante esa disconformidad, Cerrutti (a quien pertenece el proyecto de creación de la Comisión) presentó su renuncia para no antagonizar con la señora de Carlotto. Pero la Comisión la rechazó por amplia mayoría y le ratificó su confianza.
- “La falsificación de mi firma para solicitar dinero.” En su carta a la señora de Carlotto, el miembro de la Comisión Carlos Sánchez Viamonte lo descarta como una falsedad a sabiendas. Indica que “se trataba de una nota burocrática que autorizaste por teléfono, como tantas veces, y en la cual no se te falsificó la firma, sino que se colocó tu nombre. De ningún modo se disponía de fondos. Ni tampoco se hizo a tus espaldas, o en forma secreta. Fue con tu conocimiento y autorización, y se registró copia de la nota en el correspondiente bibliorato”. La Comisión en pleno agrega que Gabriela Cerrutti nunca manejó fondos, ya que los pagos sólo los autoriza “la firma del presidente o vicepresidente y el tesorero. Durante los años 2001, 2002 y parte del 2003, todas las órdenes de compra o pago y los cheques correspondientes fueron autorizados por Sara Derotier y los sucesivos tesoreros, a saber Víctor Mendibil, Eduardo Sigal y Elisa Carca”.
- “Gastos excesivos para la publicación de la Revista Puentes.” “Los 1000 ejemplares de la Revista Puentes tienen un costo de $7000 de impresión, $3000 de fotocromía y un promedio de 5 colaboraciones por número de $200 cada una por tirada, siendo éste el más conveniente de tres presupuestos presentados.” Consta su aprobación por la señora de Carlotto.
- “Sueldos onerosos para algunos de los miembros del equipo técnico.” “El equipo técnico no cobra sueldos sino honorarios profesionales ya que todos son contratados. Los contratos y sus montos se aprobaron durante tres años consecutivos en las reuniones de la Comisión tal como consta en las actas Nº 2 (año 2001), Nº 20 (año 2002), Nº 32 (año 2003). Estuvieron presentes Sara Derotier y Estela Barnes de Carlotto. Los honorarios mensuales que se perciben van desde $2800 hasta $1000, de los cuales se descuentan impuestos. (Uno de los contratos más altos, con $2000 mensuales, fue el de Remo Carlotto, quien era perito contratado por la Comisión) Además “hay tres contratos para la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) que preside Claudia Carlotto”.
- “Aparición de un ‘Centro de Estudios por la Memoria’ que ha recibido dinero del presupuesto asignado a la Comisión Provincial por la Memoria, sin tener constancia de su existencia real y sin ser conocida por mí.” Ese Centro fue creado como asociación civil en junio de 2000 y la señora de Carlotto es su secretaria (ver facsímil 3). “El subsidio otorgado se aprobó en la reunión del 12 de febrero de 2001 como consta en el acta número 2, el cual fue realizado a través de la firma de un convenio firmado por Sara Derotier. El subsidio fue rendido por dicho Centro, documentación original que obra en poder del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y su copia en la Comisión. La actividad central del Centro fue la publicación de la Revista Puentes, antes de la existencia legal de la Comisión. Tal cosa puede ser constatada en las contraportadas de las Revistas Puentes Nº 1, 2 y 3” (ver facsímil 4). Con esos fondos también se pagaron las cuentas de alquiler y teléfono de la casita que la Comisión tuvo como oficina hasta que se le asignó la sede de la ex DIPBA, de lo cual están todos los comprobantes. Los otros tres subsidios otorgados por la Comisión tuvieron relación con la señora de Carlotto: uno de 15.000 pesos para el alquiler de micros para la marcha de solidaridad con ella cuando atentaron contra su casa; 20.000 pesos a Abuelas de Plaza de Mayo, que ella preside; y pago durante dos años del sueldo de tres abogadas de Abuelas que trabajan en la Comisión Nacional por la Identidad (que dirige su hija Claudia), más los gastos de teléfono, insumos, fotocopias de una oficina en el mismo edificio de la Comisión. En los cuatro años de actividad de la Comisión, hay un solo gasto sin rendir: los 4000 pesos entregados a Remo Carlotto, en ocasión de un viaje a Europa con su madre, para que buscara archivos, que por desgracia no encontró. Hay un vale por el total, que firmó Remo Carlotto al retirar el dinero, un cheque firmado por la señora Derotier de Cobacho y nada más (Ver facsímil 5.)
- “Fue apartada de la Comisión la vicepresidenta Cobacho, aduciendo que era miembro del Poder Ejecutivo Provincial, hecho que no era nuevo ya que desde hacía un año y medio desempeñaba dicho cargo sin dificultad alguna.” “Acá hay que elegir entre alinearse con Kirchner o con Solá”, le dijo la señora Derotier de Cobacho a integrantes de la Comisión, que rechazaron ese planteo. Ese fue el punto de inflexión que precipitó la crisis. La incompatibilidad entre integrar el gobierno de Solá y la Comisión se hizo evidente entonces y también condicionó a la señora de Carlotto desde el nombramiento de su hijo y su nieta en la Secretaría de Derechos Humanos.
En sintonía con las estruendosas pero inconsistentes denuncias impulsadas por Solá y Alak, el diputado Raúl Comini presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo que sigue la línea de la carta de la señora de Carlotto. La mayoría justicialista en la Cámara de Diputados la aprobó, pero con un cambio sustancial: el cuestionario no se dirige al Ejecutivo sino a la propia Comisión, lo cual implica reconocerle la autarquía que Solá le niega. Ahora el diputado Juan Garivotto prepara un proyecto de ley de disolución de la Comisión, mientras el camarista Durán insiste en devolver sus archivos a la Policía. Garivotto fue miembro de la lopezreguista Jotaperra, aunque luego se bañó en las revueltas aguas del cafierismo. Es el diputado que intimó a rectificarse al ex viceministro de Seguridad Marcelo Sain, cuando éste dijo la obviedad de que la protección policial al delito no sería posible sin la protección política a ambos.