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Por Diego Martínez

La Asociación Médica de Bahía Blanca, que presidió el asesinado médico Felipe Glasman, invitó a exponer el próximo viernes, en un ciclo sobre “Crímenes impunes”, al empresario de seguridad privada y medios Vicente Massot, apologista de la dictadura militar y de la tortura. Por la impunidad que hoy cuestiona, el gremio bahiense cuenta en sus filas con médicos que asistieron a detenidos-desaparecidos del centro de detención “La Escuelita”, que funcionó detrás del Cuerpo V de Ejército, con otros que se negaron a asistir a parturientas en la clandestinidad y hasta con una víctima directa del terrorismo de Estado. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca manifestó en una nota de su secretario general, Eduardo Hidalgo, que “la AMBB no puede seguir escondiendo su responsabilidad social, pretendiendo separar la cuestión con biombos reglamentaristas para sus cuestiones internas de ética y moral, o falsos respetos a la libre expresión, habilitando tribunas para quienes apoyaron el silencio de la muerte, metodología que con parámetros similares se aplicó para eliminar al doctor Glasman”. También advirtió que “en realidad, todas estas razones reconocen su nacimiento del mismo huevo de la serpiente”.
En las conferencias contra la impunidad de más de treinta crímenes irresueltos disertaron el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el juez Julio Cruciani, el diputado y periodista Miguel Bonasso y su colega Ricardo Ragendorfer. Al quinto invitado los lectores de Página/12 lo conocen mejor que cualquier bahiense. Desde su diario La Nueva Provincia exigió el exterminio, reivindica el olvido y lucha por la impunidad de los genocidas. En 1993 debió renunciar al cargo de viceministro de Defensa de Carlos Menem por reivindicar la tortura. Es autor de columnas que reclaman criminalizar las protestas populares y fomentan la paranoia de la inseguridad, mientras por otro mostrador lucra con su empresa de seguridad privada.
“Para la Asociación Médica es un privilegio tener a un hombre reconocido como Massot. Los pensamientos u opiniones personales sobre cuestiones editoriales no nos competen”, dijo el encargado de prensa de la AMBB, Jorge Palacios, al periodista Federico Randazzo, de FM de la Calle. El presidente de la Asociación, Fernando Carignano, dijo desconocer “que el licenciado haya promovido la apología de la tortura, si hubiera dicho eso no tendría que estar libre”, y adelantó que si lo hiciera en la Asociación “va a ser repudiado” porque la tortura “es un hecho absolutamente ilegítimo”. Después relativizó: “No es el único que tiene un pensamiento determinado”. Cuando Randazzo le preguntó por qué exigen investigar las muertes actuales y omiten “la centena de crímenes impunes de la dictadura militar” al médico se le trabó la lengua. “No sé a qué se refiere”, arrancó. “Nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo por los desaparecidos. Si nos traen los datos de cuáles fueron las circunstancias de los hechos que usted dice no resueltos (sic) serán incorporados inmediatamente.”
Ante la posibilidad de que nadie les lleve los datos, de que no encuentre el informe de la APDH bahiense en Internet y de que tampoco le avisen sobre los juicios de 1986 o el Juicio por la Verdad de 1999, ambos interrumpidos por el impulso del licenciado Massot, al menos cinco colegas afiliados al gremio podrán informar al doctor Carignano.
Uno es el entonces mayor médico Jorge Guillermo Streich, mencionado por sobrevivientes como uno de los médicos que los revisaba después de las sesiones de tortura con picana eléctrica. El 7 de diciembre de 1999 reconoció que concurría a “La Escuelita” con su arma reglamentaria, dijo que no vio cadáveres ni torturados, que sólo iba “por algún resfrío, una gripe o una diarrea”, que no le pareció clandestino “porque me llevó el director (del Hospital de Evacuación 181, coronel Eduardo Mariné, yafallecido) por una ruta pública” y que se enteró de la existencia de desaparecidos “por los diarios”. No recordó haber visto embarazadas.
Otro es el entonces capitán médico Humberto Luis Fortunato Adalberti, que era el reemplazante de Streich en “La Escuelita”. No pudo declarar en el Juicio por la Verdad porque justo tuvo que viajar el exterior. Además fue interventor militar de la Asociación Médica.
Por “La Escuelita” pasaron al menos dos mujeres embarazadas. Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, aproximadamente en su quinto mes de embarazo, y nunca más se supo de ella. Graciela Alicia Romero de Metz dio a luz un varón el 17 de abril de 1977. Su compañera de cautiverio Alicia Partnoy contó que durante el embarazo era “obligada a estar acostada, vendada y maniatada como el resto de la gente. El último mes de embarazo se le permitía ‘caminar’. Esas caminatas consistían en unas diez vueltas alrededor de una mesa, vendada, sosteniéndose de su borde. Unos diez días antes de dar a luz la llevaron a una casilla rodante en el patio. El 17 de abril dio a luz un varón, sin asistencia médica. Pedí insistentemente que se me permitiera asistirla o acompañarla, pero no me dejaron. Fue asistida por los guardias. El 23 de abril fue sacada de ‘La Escuelita’ y no supe más de ella. Su hijo, según los guardias, fue entregado a uno de los interrogadores”. Partnoy es docente universitaria en Estados Unidos y escribió un libro estremecedor que debiera ser de lectura obligatoria en los colegios de Bahía Blanca, “The little school. Tales of disappearance & survival in Argentina, Clais Press, San Francisco, 1985.”
El ginecólogo Alberto Antonio Taranto, incorporado como aspirante a oficial de reserva del Ejército en 1976, se negó a asistir a un parto de una detenida-desaparecida. Adujo que su deber era asistir a los oficiales que pudieran ser heridos en operativos legales y no a parturientas que no tenían por qué estar en ese lugar clandestino. Lo castigaron con cinco días consecutivos de guardia. El cardiólogo Daniel Osvaldo Fonti también era soldado conscripto en aquel año y también se negó a asistir a un parto. No fue castigado sólo porque no era su especialidad.
El hematólogo y oncólogo Mario Carlos Aggio estuvo detenido durante seis meses en la cárcel de Villa Floresta junto con más de veinte profesores universitarios acusados de “infiltración ideológica y sociocultural” en la Universidad Nacional del Sur. La persecución de académicos fue impulsada desde La Nueva Provincia y concretada por el general Adel Vilas. Aggio fue sobreseído y durante dos años vivió con su familia en Estados Unidos. Durante el cautiverio, Vilas leyó una carta de despedida de Aggio a su esposa y ordenó al servicio médico del comando que controlaran los sedantes por si intentaba suicidarse. Ese era el trabajo de los médicos militares.
La conferencia de Massot está anunciada para el viernes 12 de diciembre a las 20 en la Biblioteca Rivadavia. Tal vez sea interesante que estos cinco médicos compartan el panel y que los asistentes puedan hacer preguntas sobre crímenes impunes.