La agrupación Tupac Amaru, que acampa desde hace un mes en la plaza central de la capital jujeña en reclamo a la continuidad de las cooperativas de trabajo, desmintió ayer que se haya suspendido su personería jurídica y advirtió que la intención del gobernador radical Gerardo Morales es provocar a los trabajadores cooperativizados y criminalizar la protesta. Diputados del Frente para la Victoria calificaron de arbitrario, abusivo e inconstitucional el decreto que dio de baja las cooperativas que llevan adelante diferentes obras y gestionan centros de capacitación y contención social. “No se ha suspendido la Personería Jurídica de la Tupac Amaru ni se han cerrado sus cuentas”, señaló la organización, y acusó a Morales de “engañar a la opinión pública” y buscar provocar “el amedrentamiento y zozobra a los trabajadores cooperativizados, a los afiliados y a la sociedad”. “Está criminalizando la protesta social y amenazando cruelmente a los ciudadanos que ejercen el derecho constitucional de reclamar y peticionar a sus autoridades”, denunció, y apuntó que “el decreto 403 establece que para quitar la personería se debe haber cometido un delito, cosa que aún la justicia tampoco ha determinado”. “En el día 33 del reclamo, seguimos esperando el diálogo reparador de tamañas injusticias”, destacó. El diputado Andrés Larroque calificó la decisión de Morales como “una falta de respeto a miles de jujeños que trabajan con mucho esfuerzo”. Carlos Castagnetto remarcó que “intervenir cooperativas es avasallar su independencia y poner en riesgo lo que han construido solidariamente y con mucho sacrificio miles de familias jujeñas”. Teresa García afirmó que el decreto es “ilegal, anticonstitucional, arbitrario y busca apretar a los cooperativistas con el solo objetivo de que abandonen a Milagro Sala”.