Fueron denunciados ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy los jueces y la fiscal que privaron ilegalmente de su libertad a Milagro Sala. Los abogados de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru presentaron una denuncia penal contra los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau por incumplimiento de sus deberes, y pidieron que sean removidos de sus cargos. Tras el dictamen emitido por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), en el que confirmó tanto la vigencia de los fueros parlamentarios de Milagro Sala por ser diputada del Parlasur como la ilegalidad de su detención, ayer el abogado y diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) Ariel Ruarte y el abogado Fernando Barea presentaron esta denuncia contra los funcionarios judiciales que intervinieron en el encarcelamiento de la dirigente social.

En la presentación, los abogados aseguraron que “las detenciones se realizaron transgrediendo una norma inequívoca, la ley 27.120, que establece, entre otras cuestiones, la inmunidad de arresto de los parlamentarios del Parlasur y, tal como es de público conocimiento, Milagro Sala fue electa, el 25 de octubre de 2105, como parlamentaria de ese cuerpo colegiado”.

Por otra parte, el Código Procesal Penal de la Provincia de Jujuy establece en su artículo 32 que ante la existencia de una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un funcionario sujeto a desafuero, el Tribunal podrá llevar adelante todos los actos del proceso, a excepción de aquellos que impliquen la detención o prisión. Además, los abogados indicaron que con la detención de Milagro Sala se ha violado también “el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur y el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur para el Funcionamiento del Parlamento del Mercosur, por lo que deviene ilegal, ilegítima e inconstitucional (artículos 27, 31, 75 incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional)” la detención, al impedirle a Sala “el libre ejercicio de su función de parlamentaria”.

Los abogados señalaron también que la fiscal y los magistrados que privaron de la libertad a Sala en dos ocasiones abusaron de sus funciones y lo hicieron sin las formalidades prescriptas por la ley que establece que, para detenerla, primero se debería haber pedido y producido el desafuero. “Los hechos aquí denunciados, se subsumen en la categoría de graves violaciones a los derechos humanos y, particularmente, en el ejercicio de la violencia institucional”, aseguraron Ruarte y Barea.

En cuanto al pedido de remoción de sus cargos en los casos de la fiscal y de los magistrados, los abogados indicaron que dicha solicitud está implícita en el incumplimiento de los deberes a su cargo previstos en el artículo 172 de la Constitución provincial. La denuncia y el pedido se basan en dos hechos concretos y precisos: el dictado de dos órdenes de detención contra una ciudadana sin las formalidades exigidas por la ley. Según expresó la Tupac en un comunicado, “si bien la ley indica que no resulta necesario que las acciones de los funcionarios configuren un delito para ser denunciados por incumplimiento de sus funciones, en el caso particular se pueden subsumir dichas acciones en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y de prevaricato, previstos y reprimidos en los artículos 144 bis inciso 1 y 269 del Código Penal”.

A criterio de los denunciantes, “los hechos aquí probados demuestran la pérdida de imparcialidad, el grave desconocimiento del derecho, la arbitrariedad y la mala gestión por parte del los magistrados enjuiciados y, por ende, la consecuente pérdida de confianza en su accionar, para que sigan como titular de una fiscalía y/o juzgado”.

La Procuvin intervino por la denuncia realizada por varios diputados del Parlasur por privación ilegal de la libertad de Sala. El titular de la Procuración, el fiscal Miguel Palazzani, y su adjunto, José Nebbia, dictaminaron que Sala es “víctima de la peor violencia, la institucional que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales”.