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“Choclo 300, Beto 200, Remo 200, Julio 200, Sager 100, De la Rosa 50, Raijer 50, Gioja y otros.” Este es el contenido del papel que el arrepentido Mario Pontaquarto entregó ayer al juez Rodolfo Canicoba Corral. Los números corresponderían a los miles de pesos que cobraron los senadores por aprobar la Ley de Reforma Laboral. Los nombres, apellidos y apodos pertenecen a los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo, Julio San Millán, Hugo Sager, Carlos de la Rosa, Beatriz Raijer y José Luis Gioja. Luego de recibir el documento, el magistrado reconstruyó ayer con Pontaquarto los momentos en los que, de acuerdo con su declaración, se entregó y repartió el dinero. La medida incluyó inspecciones a la SIDE, al Senado y a la casa del ex senador Emilio Cantarero.
El papel que recibió ayer Canicoba Corral es el que, según relató a la Justicia Pontaquarto, le entregó el ex senador Emilio Cantarero cuando él le dio los cuatro millones trescientos mil pesos provenientes de la SIDE destinados al pago de coimas. A ese dinero hay que sumarle los setecientos mil pesos que el secretario parlamentario dijo haberle dado al ex senador radical José Genoud, quien los habría compartido con el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Los números del documento, sin embargo, sólo llegan a un millón cien.
En el documento –una hoja de tamaño A4 con los bordes amarillentos y un sello de agua perteneciente a la marca del papel– que ahora tiene Canicoba Corral los nombres o apodos parecen provenir de una impresora de chorro de tinta. Las cifras fueron agregadas a mano, así como “una media firma o gancho”. En el encabezamiento figura “Senador de la Nación”, pero sin especificar de quién se trata, como si se le hubiera cortado el nombre que figuraba un renglón arriba. Pontaquarto, junto con su abogado Hugo Wortman Jofré, también le entregó al juez su agenda, que permitirá realizar entrecruzamientos de llamadas telefónicas.
El documento será ahora analizado por peritos, que intentarán establecer la antigüedad de la tinta, la impresora utilizada y la persona que escribió las cifras y realizó la pequeña firma. Según afirmó Pontaquarto, la hoja le fue entregada en mano por Cantarero, pero no lo vio firmarla.
Luego de recibir el papel, Canicoba Corral, el secretario Marcelo Sonvico y los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado interrogaron a Martín Fraga Mancini, ex secretario del ex senador Remo Costanzo, quien negó conocer que hace tres años se pagaron coimas para aprobar la Ley de Reforma Laboral (ver aparte). Por la tarde, se realizaron los reconocimientos a la SIDE, el Congreso y el departamento de Cantarero para reconstruir los momentos en los que, según relató el arrepentido, recibió y entregó la plata de los sobornos.
De acuerdo con su testimonio, el 18 de abril de 2000 estuvo dos veces en la SIDE. Una a las dos de la tarde y otra después de las diez de la noche, cuando fue con su auto particular a retirar la plata. El dinero le fue entregado por la secretaria Gladys Motta y un empleado o chofer de Fernando de Santibañes, ex jefe del organismo. Ayer, Pontaquarto mostró a los investigadores cómo entró por un garaje de la calle Alem en donde dejó su Peugeot 406. Luego indicó el camino que siguió junto a la secretaria y el chofer en ascensor hasta llegar al lugar donde está la bóveda de la que se sacaron un maletín, una valija y una caja de cartón envuelta en cinta adhesiva que contenían el dinero. Ese lugar es el despacho del director de finanzas del organismo, que en épocas de De Santibañes era Juan José Gallea. Los investigadores y Pontaquarto se quedaron en la puerta de esa oficina, en el mismo sitio donde el ex secretario parlamentario aseguró haber recibido la plata.
El juzgado tiene previsto interrogar a Motta y, debido a que la mujer sufrió un accidente que la dejó en silla de ruedas, los investigadores del caso se trasladarán hasta su domicilio. Canicoba Corral también citará nuevamente a Pontaquarto para que profundice su declaración y luego ordenará un careo con Fraga Mancini.
En el Senado –donde Canicoba Corral pidió autorización para concurrir al presidente del cuerpo, Daniel Scioli–, el reconocimiento abarcó la cochera de Hipólito Yrigoyen al 1800, donde la noche del 18 de abril de 2000 el auto de Pontaquarto quedó estacionado durante dos horas con cinco millones de pesos.
En el edificio donde vivía Cantarero en Callao y Posadas –el departamento está actualmente alquilado–, los investigadores de la causa constataron que existía un garaje. El dato es importante porque la defensa de Cantarero intentó descalificar la declaración de Pontaquarto afirmando lo contrario. También se revisó la escalera de servicio por la que el ex secretario parlamentario entró a la vivienda en la que –narró– le entregó cuatro millones trescientos mil pesos al ex senador. Allí fue cuando éste, a su vez, le dio el “recibo” que ahora tiene el juez.
Como el edificio donde vivía en 2000 Cantarero tiene custodia, Canicoba Corral pidió al portero la nómina de las personas que cumplen con esa función, ya alguno de ellos podría haber sido testigo del hecho.
Una versión indicaba que también podría inspeccionarse la Casa de Gobierno, ya que, en su decla-ración, Pontaquarto hace mención a una reunión en el despacho del entonces presidente Fernando de la Rúa. Sin embargo, fuentes del juzgado aseguraron que por ahora esa medida no está prevista.
La confesión de Pontaquarto, primero a la revista TXT y luego a la Justicia, activó una causa virtualmente paralizada desde diciembre de 2000.
A partir de ese testimonio, el juez prohibió la salida del país a todos los legisladores que estaban imputados por el delito de “cohecho agravado” y a quienes se les había dictado la “falta de mérito”, una figura que deja la situación de los acusados en suspenso. Se trata de Ramón Ortega, Emilio Cantarero, Eduardo Bauzá, Javier Meneghini, Alberto Tell, Angel Pardo, Raúl Galván, Ricardo Branda, Augusto Alasino, Alcides López, Remo Costanzo y José Genoud. Tampoco pueden viajar al exterior sin autorización judicial Flamarique, De Santibañes, Gallea, Pontaquarto, Fraga Mancini y el ex presidente Fernando de la Rúa. Los fiscales solicitaron, además, que se cite a Flamarique, De Santibañes y De la Rúa a declarar como acusados.