“Tomemos dimensión de la importancia del fallo de la Corte sobre YPF-Chevron. Caen las caretas de la hipocresía K #El FraudeEsElRelato”, festejó por Twitter la entonces diputada del PRO Laura Alonso, el 10 de noviembre de 2015. Fue cuando el máximo tribunal determinó que debía difundirse el acuerdo celebrado entre la petrolera estatal y la norteamericana, tras una denuncia del senador socialista Rubén Giustiniani. Pero por más llamativo que parezca, Alonso, transformada ahora en titular de la Oficina Anticorrupción, cambió de opinión y se pronunció a favor de mantener las supuestas “caretas de la hipocresía K”: “Las razones que expresaron los directivos de YPF son técnicas y estuvieron bien sustentadas. Además, respetan los estándares internacionales”, sorprendió ayer la funcionaria macrista, luego de tener el viernes una reunión con el CEO de la compañía, Miguel Galuccio, y dos de sus técnicos. Y no se trata sólo de la opinión personal de Alonso, la Oficina Anticorrupción ya emitió una nota en la que entiende que existen “excepciones” al contrato que deberían mantenerse en secreto.

Acostumbrada a las declaraciones altisonantes tanto dentro de la Cámara de Diputados como en las redes sociales, Alonso fue una ferviente opositora a la política energética del kirchnerismo desde el minuto cero. Primero se opuso a la estatización de la compañía, en 2012, también con argumentos vinculados a una ventual falta de transparencia: “Hace falta echar mucha luz y transparencia sobre la exploración y explotación de nuestros recursos naturales. No alcanza con flamear la bandera y hablar de patriotismo si los que gobiernan lo hicieron, lo hacen y lo harán tras bambalinas, cerrando acuerdos corruptos en contra de los derechos del pueblo y a sus espaldas”, dijo hace cuatro años, en aquella sesión histórica de recuperación del patrimonio estatal.

Después, el día en que se anunció el acuerdo YPF-Chevron, Alonso no perdió oportunidad para graficar sus críticas con ironía: “¡Buen día! El secreto no es la regla en democracia. El acuerdo con #Chevron empieza mal: no es público. Corre frío por la espalda, ¿no?”, afirmó en julio de 2013 y remató: “la ausencia total de transparencia hoy implica un pronóstico de alta corrupción mañana. Van a caer Jaimes empetrolados del cielo”.

Pero la militancia contra del manejo de la empresa no terminó ahí.

Cuando a fines de 2015 la Corte Suprema falló en contra de la empresa nacional y a favor de la demanda de Giustiniani, Alonso se deshizo en elogios: “Gran fallo de la Corte Suprema en favor de la transparencia y el derecho a la información. ¡Bravo!”, twitteó.

Como si fuera poco, hace apenas 20 días, la titular de la Oficina Anticorrupción dictaminó a favor de obligar a los directores de YPF nombrados por el Estado a presentar sus declaraciones juradas de bienes. Y lo hizo, entre otras cosas, amparándose en la decisión de la Corte: “Es un paso adelante en materia de promoción de transparencia y una mejora en la rendición de cuentas. El fallo de la Corte Suprema sobre el acceso al contrato de YPF con Chevron es un antecedente fundamental que hemos tenido en cuenta para revisar el criterio que se fijó en el pasado”, le dijo Alonso a Clarín, para promocionar su incipiente gestión.

Pero todo cambió el viernes pasado, cuando la ex directora ejectiva de Poder Ciudadano, que llegó al macrismo de la mano del operador judicial Daniel “Tano” Angelici visitó las oficinas de la empresa: “Este es un gran caso de acceso a la información y la actitud de YPF de convocar e informar es más que positiva. Siempre debería ser así, intentar aclarar antes de llegar a los tribunales”, sostuvo. Con Galuccio sólo compartió 15 minutos y luego fue recibida por el gerente de Finanzas, Daniel González, y por el vicepresidente de Servicios Jurídicos, Germán Fernández Lahore. Luego del encuentro, que consta en un acta labrada el viernes pasado, la OA emitió la nota 602/16, en la que considera que los elementos que resguarda la compañía son justificados. “A criterio de esta oficina, YPF ha fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas. En virtud de lo informado, la cuestión se encuentra sometidad a consideración de la Justicia en lo Contencioso Administrativo”, dice el texto.