La gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto que habilita a los ministros y secretarios bonaerenses a “disponer ceses de personal” y avanzar con medidas de flexibilización. Tras los despidos masivos en el Estado nacional, la medida –que ya fue publicada en el Boletín Oficial– preanuncia la llegada de la ola de cesantías a la provincia. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, unos 10 mil empleados públicos quedaron bajo amenaza de perder su trabajo. El sindicato realizará hoy y mañana un paro de 48 horas.

El decreto lleva el número 230/2106 y da poder a los funcionarios de la primera línea del gabinete también para contratar nuevo personal, disponer el traslado del existente y ampliar “suspensiones preventivas”. Fue firmado el 28 de marzo, aunque entró en vigencia ayer, tras su publicación.

La semana pasada, el gobierno nacional dio por terminada la “primera etapa” de la “revisión” de los estatales contratados en la administración pública, proceso en el que casi 11 mil personas quedaron en la calle. La mayoría eran trabajadores con sede en la Capital Federal. Aunque en las intendencias del resto del país y en las gobernaciones también hubo cesantías, su intensidad se había frenado. Ahora parece ser el turno de la provincia de Buenos Aires.

Los estatales bonaerenses de ATE vienen juntando tensión porque el aumento otorgado por Vidal fue de un 15 por ciento. Ese porcentaje fue establecido sin una reunión paritaria previa con todos los gremios, como ordena la ley, y si bien abarca sólo a los primeros seis meses del año, fue rechazado por el gremio, que lo consideró por debajo de la inflación aún antes de que se definieran los últimos aumentos del gas y las tarifas del transporte público. Sin embargo, otros sindicatos estatales que conformaron una mayoría numérica lo validaron. Los días de paro que hicieron los de ATE en el marco del conflicto salarial les fueron descontados. El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó una medida precautelar en la que exigió a la gobernación que no cierre la paritaria, pero quedó hasta ahora en la nada.

El gremio viene denunciando a un paquete de leyes enviadas por Vidal a la Legislatura bonaerense que, combinadas con el decreto 230, hacen una suerte de combo. “Abren la puerta para despedir masivamente, desguazar el Estado y contratar empresas con mínimos controles”, aseguró Oscar de Isasi, titular del ATE provincial.

Esos proyectos de ley están planteados como de “modernización del Estado” y bajo declaración de la “emergencia administrativa y tecnológica”. Según alertó De Isasi, “en nombre de la eficiencia del Estado, permitirán el ingreso masivo del sector privado al Estado, restringiendo la actuación de los organismos de control. Habilita, por ejemplo, a que hagan negocios con el Estado empresas que no están inscriptas como sus proveedoras”.

“Otro aspecto es que crea una nueva forma de contratar trabajadores, bajo la denominación de autónomos, y quieren pasar automáticamente a ese contrato de autónomos a los trabajadores de planta temporaria que hoy están contratados bajo la ley 10.430. A partir de pasar al contrato de autónomos, carecerán de los derechos que les da la ley 10.430, flexibilizando sus condiciones laborales. Esto significará una pérdida de derechos para miles de compañeros”, agregó.

La redacción del decreto es de a tramos enrevesada. El artículo sobre los despidos faculta a los ministros y secretarios a “disponer los ceses de personal excluidos los de personal de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada y retiro voluntario”. Para los abogados gremiales, esto permitirá despedir masivamente sin justificación y sin pagar indemnizaciones.

En el articulado también se otorga a los funcionarios la prerrogativa de fijar el valor de las horas extras, lo que debería hacerse en la discusión paritaria.

En este mismo sentido, agravó el alerta que no se menciona ningún criterio para decidir una eventual cesantía. “Echar personal va a ser un simple trámite”. Otro de los motivos de la huelga es el malestar porque la Dirección General de Escuelas, ante las medidas de fuerza de un sector de los auxiliares de la Educación, que se declararon en paro, autorizó a los Consejos Escolares a reemplazar a los trabajadores en huelga con empresas de limpieza privadas.

El paro de 48 horas que comienza hoy será acompañado de acciones regionales y asambleas en los lugares de trabajo. Por otra parte, los abogados de ATE analizan llevar a la Justicia una presentación para que el decreto sea declarado inconstitucional.