El revuelo espectacular que desató la detención del empresario Lázaro Báez y su asesor contable Daniel Pérez Gadín en el aeropuerto de San Fernando, donde aterrizaron en un avión privado el martes, siguió ayer en los tribunales de Comodoro Py. Allí los llevaron esposados y con chaleco antibalas, con todas las cámaras de televisión encima. Ambos seguirán detenidos por ahora en el penal de Ezeiza, sospechosos de protagonizar una maniobra de lavado de por lo menos 5 millones de dólares provenientes de un gran fraude tributario con facturas truchas presentadas por Austral Construcciones SA. Ninguno de los dos aceptó declarar, aunque presentaron descargos escritos para desligarse. Lo que define que sigan presos es que el juez Sebastián Casanello considera que podrían escaparse, porque tienen los medios para hacerlo. Tampoco quiso contestar preguntas el hijo de Báez, Martín, quien comparte negocios con él, y que aparece contando billetes en el famoso video tomado dentro de la financiera SGI, junto con Pérez Gadín y con su hijo Sebastián, citado para hoy también como imputado.

Al rechazar la excarcelación de Báez, Casanello detalla que tiene “tres aeronaves a su entera disposición” además de registrar “más de mil vehículos y maquinarias a su nombre o de empresas vinculadas a su persona”. Para el juez, que disponga de un “patrimonio abultado”, aumenta sus posibilidades de fuga y de entorpecer la investigación. A eso suma que es alta su sospecha de que esté involucrado en el delito de lavado, que prevé una pena alta, de tres a diez años de prisión, con grandes chances de cumplimiento efectivo. Insiste en que todo esto ya lo tuvo en cuenta cuando ordenó la captura, al establecer por tareas de inteligencia que se estaba subiendo a uno de los aviones privados sin una ruta específica, aunque aterrizó en Buenos Aires, donde hoy tenía la indagatoria, que fue anticipada. En el caso de Pérez Gadín, dice que la sospecha es la misma, al igual que su disposición de medios para obstaculizar la causa o huir, y que además su vinculación con Báez es a través de varias empresas. Venían en el mismo avión, inclusive. Agrega que en el expediente hubo amenazas a testigos y que el periodista Daniel Santoro (de Clarín) declaró que podía haber más.

Quien sí decidió declarar ante el juez por otros hechos accesorios fue Federico Elaskar, primer dueño de la financiera SGI, o “La Rosadita”. Su aparición en 2014 en el programa Periodismo Para Todos con Leonardo Fariña, llevó a que se abriera esta causa que ahora involucra a Báez. Allí dijeron en cámara que habían sacado del país 55 millones de euros del empresario, pero en tribunales se desdijeron. Ambos están procesados ya por lavado. Cuando el mes pasado se difundió el video del conteo de plata en SGI, Elaskar quiso salir a aclarar que ya había vendido la empresa a Pérez Gadín y a Gustavo Fernández. Recorrió sets de televisión, se refirió a Báez y dijo que a la “cueva” iban funcionarios. Ayer le preguntaron si tenía algo que decir sobre eso y contestó “no gracias”. Pero denunció que se sentía amenazado por las declaraciones de Jorge Lanata en un programa televisivo y entregó un audio: “yo lo quiero matar (...) lo hubiera cagado a trompadas”, dijo el periodista en alusión a que Elaskar se desdijo. Fariña también está citado para el viernes. Así sigue el show, entre la tevé, el juzgado y la cárcel.

El video de las cámaras de seguridad la oficina de SGI, que deja en evidencia a Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, además de Gustavo Fernández y Walter Zanzot (presidente de la empresa de Aviones Top Air) en el momento en que cuentan grandes fajos de billetes, fue considerado por el juzgado como una prueba clave de la maniobra de lavado de dinero. Por eso fue cuestionado como evidencia válida tanto por Báez (padre) como por Pérez Gadín en las presentaciones escritas. Pide una pericia específica y sugiere que puede haber sido editado y manipulado. El escrito de Báez cuestiona que sea involucrado su hijo, quien “sólo colaboró” en sus negocios, según afirma. Agrega que no comprende la imputación por lavado: “el solo hecho de contar con dinero no lava nada”, dice. Cuestiona su detención con el argumento de que no tiene ningún procesamiento en otras causas y que mostró “hasta el hartazgo” su “vocación de someterse a proceso”. Pérez Gadín hace un planteo similar. Dice además que siempre fue un simple asesor de Báez, que hizo verificaciones de calidad en sus empresas. No quiso contestar preguntas, pero le recriminó: “¡Mi detención es injustificada!” y quedó escrito en el acta. Zanzot, quien habría puesto los aviones para el traslado de dinero, y Fernández, que maneja SGI, también presentaron descargos escritos.

Casanello llegó a la conclusión de que pudo haber existido lavado al unir dos expedientes que él mismo investiga. Primero, le pidió a un experto del Banco Central que determinara el monto que representan los billetes que aparecen en el video: de ahí surgen los 5,1 millones de dólares. Luego, sostiene que ese dinero sería de origen ilícito, proveniente de la empresa Austral Construcciones, de la que Báez es dueño en un 95 por ciento y su hijo en 5. Esto surgiría de otro expediente en el cual Margarita Stolbizer denunció a la AFIP por no perseguir a Austral Construcciones como usuaria de facturas truchas. La existencia de esos comprobantes apócrifos fue corroborada. Las extendían empresas fantasma (como Grupo Penta y Calvento) y se usaban para justificar gastos inexistentes. Con eso, la compañía podía, por ejemplo, deducir más ganancias y cometer otros fraudes tributarios, según el juzgado. La ley exige, para demostrar el lavado de dinero, que haya un ilícito precedente (no hace falta que sea un delito probado), que en este caso sería ese fraude. El dinero de Austral era insertado, según la teoría del juzgado, en la financiera SGI para disimular su origen ilícito. Luego podían darle distintos destinos, que se están investigando. Una hipótesis es que iba sociedades en paraísos fiscales; otra es que lo sacaban del país y reingresaba a través de bonos; o que se aplicó a la compra de bienes suntuosos, como un campo en Uruguay y otro en Mendoza.

Casanello tiene diez días para resolver la situación procesal de quienes ya fueron indagados, y si los deja detenidos con prisión preventiva.