Esta vez la alianza oficialista tuvo que sudar para imponer su voluntad en la Cámara de Diputados. Finalmente, Cambiemos –PRO, UCR y CC– con el respaldo del massista Frente Renovador, el Bloque Justicialista y otros bloques provinciales logró consagrar la vigencia una decenas de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otros decretos de facultades delegadas con los que el presidente Mauricio Macri gobernó durante casi tres meses con el Congreso clausurado. Los diputados del Frente para la Victoria se retiraron del recinto luego de que el presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, se negara a realizar la votación en forma nominal para que quedara registrado cómo votaron los bloques partidarios y sus diputados. Esto ocurrió luego de un largo debate sobre el DNU que creó el Enacom, disolvió la Afsca y la Aftic y anuló artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luego, Monzó y el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, apuraron la votación del resto de los DNUs en un solo paquete ante el riesgo de quedarse sin quórum. Antes, Cambiemos sufrió para abrir la sesión, ante la decisión del massismo de regatear el quórum. Recién lo consiguió 45 minutos después de la hora convocada, cuando la jefa de la bancada del FR, Graciela Camaño, se sentó en su banca.

El debate sobre los decretos comenzó con el DNU 267/16 que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital y disuelve organismos autárquicos Afsca y Aftic.

El macrista Pablo Tonelli fue el encargado de defender el decreto. Lo justificó porque “unifica dos organismos de dos leyes distintas que generan dificultades para que el país avanzara a la altura de los tiempos y en la tendencia mundial en la materia”. Luego cargó contra el ex director del Afsca Martín Sabbatella por la “politización de conducción”. “El Afsca estaba conducida por un notorio militante político, con falta de independencia e idoneidad” y reprochó la falta de aplicación de la ley, aunque sin mencionar las múltiples cautelares judiciales que el Grupo Clarín impuso durante tres años para evitar, justamente, la aplicación de la ley.

El kirchnerista Marcos Cleri fue el encargado de refutarlo. El diputado del FpV-PJ sostuvo que “hay que ponerle límite al avasallamiento” presidencial, que anula por decreto una ley aprobada por el Congreso con amplias mayorías y tras años de debate, además de disolver organismos autárquicos, desplazar a sus directores aprobados por el parlamento y que “deja a mucha gente sin trabajo”. Cleri agregó que el oficialismo buscaba evitar dar explicaciones a nivel internacional en la OEA, dentro de un par de días, por la urgencia para una sanción ficta de un decreto que “anula la pluralidad de voces” y que “avanza hacia la censura y viola la libertad de expresión”. El diputado santafesino sumó que el decreto “intenta tapar los que pasa en la Argentina con los despidos y la inflación, le devuelve el poder de la comunicación a Clarín y los medios concentrados en contra de las pymes y las fuentes de trabajo”, y denunció que “toda la extensión de la fibra óptica que pagó todo el pueblo argentino ahora la concesionan a los grupos económicos”.

Graciela Cousinet, de Libres del Sur, afirmó que a pesar de los “errores del kirchnerismo en su aplicación, no se justifica borrar de un plumazo una ley por un decreto que elimina la participación de provincias, las facultades y los pueblos originarios” y que “aumenta la concentración económica y territorial” de los grupos hegemónicos. Junto al socialismo, la bancada Progresista votó en contra del decreto.

El massismo y parte del PJ disidente cargaron contra Sabbatella para justificar el DNU, mientras se mostraban esperanzados “en la sanción de una nueva ley verdaderamente pluralista y legítima”. El massista Raúl Pérez dijo que la ley de medios fue “forzada y carente de consenso” lo que motivó “la intervención judicial con un festival de amparos”. Y señaló, en consonancia con el macrismo, de ir a la convergencia de medios y telecomunicaciones.

Desde el FIT cuestionaron la aplicación que llevó adelante el gobierno kirchnerista pero se pronunciaron en contra del DNU de Macri. Para el diputado Pablo López “el decretazo elimina todos los límites de expansión” para los monopolios concentrados. Myriam Bregman criticó los DNU por “arbitrarios y cuasi monárquicos” y llamó a frenar “la forma de gobierno menemista” de Cambiemos.

El DNU se votó rápidamente y a mano alzada. También el pedido massista de girar a la “comisión de notables” que desde el Ejecutivo redacta el nuevo proyecto de ley de medios una serie de recomendaciones a modo de “declaración de buenas intenciones”, que necesitó el voto favorable de dos tercios de los presentes que Monzó convalidó con la vista sobre las manos en alto.

Fue entonces que el FpV reclamó rever la votación y que todas fueran nominales. Cambiemos le devolvió el pedido con chicanas. El jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, dijo que “le estaban tomando el pelo” y Elisa Carrió desató inoportunamente su ironía, afirmando que no le aprobarían el pedido y que el problema pasaba por la duración del debate y “un tema de cervical”. Fue entonces que los diputados del FpV abandonaron el recinto ante el destrato del oficialismo. “No quieren que la gente sepa cómo se votó para anular a través de un decreto una ley de la democracia”. Rápido de reflejos, Monzó advirtió que si otros diputados se levantaban ponía en riesgo el quórum y la aprobación de los DNUs. De acuerdo con el massismo aprobaron en solo paquete con las modificaciones a la Ley de Ministerios; al Presupuesto 2016, así como el traspaso del sistema de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema. También incluye el DNU que prórroga la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, el cambio de denominación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la prórroga hasta abril de la eximición del impuesto al biodiesel. Además del decreto que deja sin efecto de manera transitoria los impuestos a los bienes suntuosos y al champagne, la prórroga del impuesto al tabaco y el DNU sobre contribuciones patronales de los empleadores titulares de establecimientos educativos privados.