El presidente Mauricio Macri fue denunciado penalmente por presunto lavado de dinero y evasión fiscal a raíz de la revelación de que participó en dos empresas offshore en Panamá y las islas Bahamas. El escrito lo presentó el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, quien advirtió que ningún fiscal inició la acción de oficio, ni tampoco le da garantías la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, cuya titular Laura Alonso dijo el primer día que Macri no cometió ningún delito. Martínez también indicó que el Ejecutivo no dio explicaciones suficientes y el oficialismo trabó una convocatoria al Congreso. “El lugar donde tiene que explicar esto, por lo tanto, es la Justicia”, sostuvo el diputado de Neuquén. La causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. El fiscal federal que intervendrá es Federico Delgado.

Como parte de la filtración internacional conocida como Panama Papers, en la que intervinieron más de 300 periodistas de todo el mundo, se conoció que Macri era vicepresidente de la empresa Fleg Trading, cuyo presidente era Franco Macri. La información provino de los documentos internos del estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca, a quien se vincula a la creación de sociedades offshore para ocultar patrimonios y otros posibles delitos. La creación se trianguló, además, con un estudio de contadores uruguayos. Tanto el Presidente como su padre sostuvieron que la empresa era para hacer inversiones en Brasil. También aseguraron que nunca fue utilizada en los diez años que existió (la cerraron, dijeron, en enero de 2009).

El Gobierno filtró parte de la declaración jurada a la AFIP de Franco Macri, pero los documentos no probaron que el Presidente no fuera accionista, que no existieron operaciones a través de esa empresa, que no tenía una cuenta asociada ni tampoco que haya sido cerrada. De todas formas, insistieron en que Macri no recibió ni un peso y que por eso no era necesario que lo asentara en sus declaraciones juradas.

La segunda empresa de la que Macri participó (o participa) es Kagemusha, radicada en Panamá. En este caso, el mandatario también figura como vicepresidente, según consta en el Registro Público de Panamá. Sobre esta segunda compañía el Gobierno no ofreció ninguna explicación. En el Gobierno, aseguraron que le enviaron papeles a la diputada Elisa Carrió y también a Alonso, en la Secretaría de Lucha contra la Corrupción. A este diario le negaron el acceso a la documentación sobre ambas empresas. Quizás ahora deban entregársela a un juez federal.

El diputado Martínez presentó una denuncia penal contra el Presidente por la presunta comisión de los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. El dirigente advirtió en el escrito que “Mossack Fonseca es un estudio conocido por hacer gestiones y constituir sociedades en paraísos fiscales. Esas sociedades se constituyen en vehículos para lavar activos, concretar una evasión impositiva u otro delito”. Sobre Kagemusha, remarcó que “estas sociedades se fundan con el único propósito de lavar dinero”.

El diputado citó la Ley contra el Lavado de Activos y la Convención contra la Corrupción de la ONU y la Convención Interamericana contra la Corrupción. “La Nación Argentina está comprometida por ambas convenciones a investigar estos hechos a investigar, enjuiciar y condenar estos hechos que destruyen las instituciones”, argumentó el dirigente kirchnerista, quien pidió investigar al presidente y a los otros miembros de la organización.

En diálogo con este diario, Martínez indicó como una de las causas de la presentación de la denuncia a “las declaraciones de Laura Alonso, que está a cargo de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, y lo primero que dice es que desvincula al Presidente de cualquier delito. Esa tendría que ser la primera investigación, la de la Oficina Anticorrupción. Esa vía queda clausurada por su titular: Alonso es una militante del PRO que defiende al presidente en lugar que investigarlo”. “Yo aporto los elementos públicos que hay como presunción de que puede haber evasión de impuestos. Ante el descontento que me produce el no accionar de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, no me queda otra opción que ir a la Justicia a que investigue”.

En segundo lugar, Martínez destacó que “las explicaciones desde la presidencia no explicaron nada. No aclararon para que fue creada la empresa. De la segunda compañía, no hablaron. Tampoco quedó claro para qué el padre crea una empresa en un paraíso fiscal para hacer inversiones en Brasil”. El diputado kirchnerista sostuvo que el mandatario tendría que dar explicaciones ante la Justicia, “más allá de que tendría que dar una conferencia de prensa por esto. Se la pasó criticando al Gobierno anterior por no dar conferencia de prensa y ahora, que es el momento de salir y explicar en una conferencia, no da ninguna”

Martínez recordó que “también aparece otro miembro de su gabinete porteño, Néstor Grindetti, que ya venía de Socma. Hay muchas vinculaciones de cuentas para evadir que están vinculadas a él. El presidente de Boca dice que las cuentas fueron creadas durante su gestión. La Justicia debe investigar porque la Secretaría de Lucha contra la Corrupción no lo va a hacer. Yo, como funcionario público, tengo la obligación de denunciar”.

La causa ya fue sorteada y ahora está en manos del fiscal Delgado y del juez Casanello, quienes serán los responsables de definir si existió un delito.