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El gobernador Felipe Solá dio marcha atrás con el proyecto de convertir a la Comisión Provincial de la Memoria en un organismo dependiente de su gobierno. Lo hizo tras dos horas de reunión con los representantes del organismo. Luego de varios pases de facturas y otros tantos cruces verbales, Solá accedió a retirar del proyecto presupuestario para el 2004 el controvertido artículo 56 que quitaba a la comisión su autonomía para convertirla en un ente dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La reunión fue convocada de urgencia por Solá luego de que la subsecretaría denunciara el mal manejo económico de la comisión y ésta reclamara mediante un amparo judicial una medida que no le quitara su autonomía.
En el encuentro que se realizó al mediodía de ayer, por la comisión estuvieron presentes su presidente, Adolfo Pérez Esquivel; Laura Conte, Mauricio Tenembaum, Elisa Carca, Carlos Sánchez Viamonte y Alejandro Mosquera. Junto a Solá estuvo el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Remo Carlotto.
El gobernador comenzó criticando a los miembros de la comisión porque “habían estado inflexibles” con su administración. “Ustedes no me quieren” o “lo quieren más a (Néstor) Kirchner que a mí”, fueron dos muletillas repetidas durante las dos horas del cónclave por este ex referente de los hombres de campo en los ‘90, que hoy está al frente del Ejecutivo provincial.
Los miembros de la comisión plantearon que “la presencia de una comisión autónoma lo prestigiaba”. Fue inevitable que en el diálogo se repasara parte de los conflictos que los habían enfrentado. Para los miembros de la Comisión de la Memoria la relación con Solá empeoró cuando este año el gobernador otorgó facultades, a las que califican de inconstitucionales, a la policía para realizar allanamientos, sin orden judicial. A partir de ese conflicto, Solá había reclamado la renuncia de Leonardo Franco, ex secretario de Derechos Humanos provincial, quien había coincidido con la crítica a los decretos que habilitaban esas facultades especiales para las fuerzas policiales.
Al analizar la disputa que habían generado estos decretos provinciales, Solá respondió que “finalmente no habían traído cola”, en referencia a que no se habían generado grandes excesos represivos o escándalos que merecieran la condena de los organismos humanitarios. El argumento pone al descubierto un aspecto que persigue a Solá. “No quiere ser confundido con Carlos Ruckauf. A cada rato afirma que él no es lo mismo”, comenta a este diario un dirigente de derechos humanos que suele discutir de estos temas con el bonaerense.
En diálogo con Página/12, Conte señaló que “el gobernador dejó en claro que para él no hubo mal manejo de los fondos”. El tema no es para nada menor ya que en la misma reunión, Remo Carlotto, insistió en investigar el manejo que la comisión había realizado de los fondos públicos. Desde la primera hora del día, la secretaría provincial había explicado a través de un comunicado que “los objetivos de la comisión no han sido respetados y los dineros del tesoro provincial han sido gastados para otros fines”.
A primera hora de ayer, antes de que se concretara el encuentro con Solá, la Comisión de la Memoria había reclamado judicialmente un amparo para “que se dictara una medida de no innovar” para que el organismo no perdiera su autonomía. Allí planteaban que de aprobarse el artículo 56 del proyecto de presupuesto bonaerense, la comisión no sólo perdería su autonomía sino que “la transformaría en un suborganismo, sin recursos propios, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es miembro del gabinete”. Finalmente Solá accedió y retiró ese artículo del presupuesto. El acuerdo se supone que relajará la tensión entre los organismos y la gobernación.