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“Todavía no hay un Astiz encarcelado en una cárcel común sin ningún privilegio especial”, señaló Sophie Thonon, abogada de los familiares de desaparecidos franceses. La mujer vino a Buenos Aires para seguir de cerca el expediente sobre la extradición del represor por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet y, a la vez, la causa abierta aquí por el mismo crimen.
Thonon y al abogado Horacio Méndez Carreras se entrevistaron la semana pasada con el juez Sergio Torres, que está a cargo de la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La abogada aseguró que se encuentra en una situación de “espera” respecto de la actuación de la Justicia argentina. Aunque afirmó que existen “vientos de cambio” en relación con la política de derechos humanos, remarcó que el ex marino Alfredo Astiz todavía no está en el lugar que le corresponde, ya que se encuentra en una unidad de la Armada y no en una cárcel común. “Está en Zárate, una quinta que es como su casa. Nadie controla sus ingresos y salidas. ¿Dónde va a pasar las fiestas? Con su familia. Porque puede salir y entrar”, protestó Méndez Carreras. Thonon explicó que Torres fundó su decisión de alojar a Astiz en una unidad de la Marina en razones de seguridad. “Dijo que hubo amenazas. Que por la seguridad de Astiz y para no transformarlo en una especie de víctima había que ponerlo en un lugar especial”, señaló la abogada francesa, pero recalcó que para los familiares de las víctimas resulta “muy chocante” porque continúa el mismo estado de excepción. “Todavía no hay un Astiz encarcelado en una cárcel común sin ningún privilegio especial”, indicó.
A pesar de que en Argentina se reabrieron los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura, Thonon insiste en reclamar la extradición de Astiz, quien fue juzgado en ausencia en París: “Mientras la Corte no se pronuncie (sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida) existen motivos de preocupación”.