La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 13 de abril en Comodoro Py. Foto: Pablo Piovano

La Cámara Federal aceptó como querellante a Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga al juez Claudio Bonadío. El magistrado está imputado por haber permitido que se hagan pagos por el dólar futuro cuando él mismo consideró que esa operatoria era un delito. En el expediente también se investiga a funcionarios macristas y a uno de los amigos más cercanos del Presidente, Nicolás Caputo, por haberse beneficiado con el dólar futuro cuando Cambiemos ya estaba en el gobierno. El juez Sergio Torres había rechazado el pedido de la ex mandataria, pero la Sala I la aceptó cómo querellante. Eso significa que puede ver la causa, pedir medidas, participar como damnificada.

Los desaguisados de la causa dólar futuro no dejan de producir nuevos episodios. El mayor de todos es de origen: se judicializó una medida tomada en el marco de una política económica decidida entonces por el Banco Central. El objetivo de aquella política fue desalentar las expectativas de devaluación, evitar corridas e incluso los ya habituales saqueos de diciembre. Con esa mirada, se fijó el dólar futuro a algo más de 10 pesos, aunque la operatoria no implicaba ni reservas ni dólares, sino compensaciones en pesos.

En la denuncia inicial no figuraban ni la ex presidenta ni el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, pero Bonadío se despachó con un procesamiento de ambos, así como de los directores y funcionarios del Banco Central.

Cuando asumió Cambiemos, el nuevo titular del Central, Adolfo Sturzenegger, le preguntó al juez si debía pagar los contratos de dólar futuro pese a que la operación se estaba investigando bajo la hipótesis de que se había cometido un delito. Bonadio dijo que debía avanzarse con los pagos normalmente. A esto se agregó que funcionarios del más alto nivel de la administración Macri participaron de la operatoria, entre ellos, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; el jefe de asesores del Presidente José María Torello; el amigo de Macri Nicky Caputo –que operó nada menos que el equivalente a tres millones y medio de dólares– y la empresa Chery-Socman, del grupo Macri, que se jugó con ocho millones de dólares. Todos ellos y, por supuesto, el juez Bonadío y el titular del Central, Sturzenegger, fueron denunciados por legisladores del Frente para la Victoria encabezados por Héctor Recalde. El fiscal Jorge Di Lello impulsó la acción y el juez Sergio Torres instruye la causa.

En rigor, todo está patas para arriba: los legisladores del FPV consideran que en el dólar futuro no hubo delito, pero denuncian a los macristas porque si existió el delito, como determinó Bonadio, ellos fueron parte de la maniobra y se beneficiaron con ella. Es que las ganancias, además, surgieron de la devaluación dispuesta por los funcionarios de Macri.

La denuncia contra los macristas se concretó el mismo día que la ex presidenta fue a declarar a Comodoro Py, el 13 de abril, acompañada por una multitud. Y el abogado de Cristina, Alberto Beraldi, recusó a Bonadío porque estaba interviniendo en el caso dólar futuro siendo él mismo un acusado por haber permitido los pagos de esa operatoria. Ese pedido de apartamiento del juez fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal.

Beraldi, entonces, se presentó ante Torres y pidió que CFK fuera tenida como querellante, es decir como damnificada, porque Bonadío la perjudicó con su accionar en la causa original, la del dólar futuro, al mismo tiempo que permitía los pagos de la operatoria. Torres, que instruye este segundo expediente, el de los pagos, rechazó el pedido y Beraldi apeló a la Cámara. Dos integrantes de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, aceptaron que la ex mandataria fuera querellante. El tercer miembro, Eduardo Farah, se abstuvo de votar porque ya fue recusado por CFK a raíz de que firmó la continuidad de Bonadío en el expediente original del dólar futuro. Como se ve, son todas jugadas cruzadas en un tema en el que no se acusa a nadie de haberse quedado con un peso –no es un expediente de corrupción– sino que se juzga una política económica.

En Comodoro Py que hay una fuerte presión para enjuiciar y, tal vez, detener a CFK. El impulso proviene de la tropa judicial que tiene como líderes al ex hombre fuerte de la SIDE Horacio Jaime Stiuso y los operadores judiciales que provienen del radicalismo. Entre tantas jugadas en contra, la Sala I aceptó casi un pedido de mínima: que CFK pueda intervenir como damnificada en la causa donde los acusados son Bonadío y los funcionarios macristas.

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