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Los jueces y fiscales federales de Comodoro Py, otro tanto la Corte Suprema y a su modo la central de inteligencia, coparon los medios. Ellos, junto con las historias, los personajes y las anécdotas de las causas que investigan, dominan la escena. Hacen gala de su poder inmenso. Allanan, detienen, llaman a indagatoria, pinchan teléfonos, piden pericias, todo sin solución de continuidad, en el tumulto de los expedientes, donde pareciera que todo es igual o da lo mismo, aunque sea obvio que no. No es lo mismo la causa (mínima) del título de abogada de Cristina Kirchner (por la que fue sobreseída), o la (caprichosa) del dólar futuro, que la de los casi 9 millones de pesos que tiró José López adentro del convento o la de lavado de Lázaro Báez. Las noticias se entreveran, se mezclan los géneros, en lo de Marcelo Tinelli bailan las “monjitas de López” y aparece su abogada hot de la vida real, Fernanda Herrera; un fiscal federal es por una noche estrella de Animales Sueltos. El Gobierno les dobla la apuesta a todos, le implora a través de los diarios a Ibar Pérez Corradi que “hable” y a los hijos de Báez que “sean arrepentidos” y prendan el ventilador para denunciar al gobierno pasado. Con más diplomacia, ya hace tiempo el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, les viene indicando a los jueces que “actúen” contra “la corrupción”. “Que no vayan a creer que esto es solo para el kirchnerismo, también es para que el gobierno de Cambiemos esté advertido”, le dijo un juez a Página/12.

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–La información de Suiza está muy buena. Cierra el círculo del lavado. Voy a hacer una conferencia de prensa. Quiero explicar todo con un PowerPoint. Sería muy bueno que la hagas conmigo –invitó el fiscal Guillermo Marijuán, entusiasta y acelerado, al juez federal Sebastián Casanello. Los datos habían llegado el jueves: según un informe de inteligencia de Suiza enviado a la Unidad de Información Financiera (UIF), en ese país hay cuentas no declaradas con operaciones por 25 millones de dólares cuyos beneficiarios son los hijos de Lázaro Báez (Martín, Leandro, Luciana y Melina).

–Está bien, me convenciste –concedió Casanello después de meditar, ya que no le agradan las apariciones públicas. Esta vez en sus ideas coincidía con Marijuán, le parecía bueno explicar, y no estaba de más que diera la cara el mismo día que Lázaro Báez iba por segunda vez a la Cámara Federal a cuestionarlo. -Hacemos la conferencia acá en mi despacho–, le dijo el juez al fiscal, quien soltó una carcajada.

–¡Hay como cien periodistas afuera! –le advirtió Marijuán.

Mientras hacían gestiones para concretar su exposición en una sala de audiencias de Comodoro Py, los portales de noticias explotaron: “La UIF pide detener a los hijos de Báez.” La unidad de lavado del Gobierno, que actúa como auxiliar en las causas, irrumpía en la escena atribuyéndose la gloria del hallazgo de las cuentas y el dinero en Suiza, pero además pedía con la brutalidad de la tribuna, que vayan todos presos. Con un mínimo saber, es evidente que nadie puede ir a la cárcel con un informe de inteligencia que dice que alguien se pudo haber beneficiado con operaciones sospechosas. La expectativa de los medios crecía en el pasillo de tribunales y en el ínterin, el presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, avisó que no podían usar ninguna sala, porque las que hay no están previstas para otros usos que no sean juicios. “No hay precedentes”, explicó. El entuerto daba cuenta de un fenómeno desconocido en la justicia federal, donde los jueces y fiscales poquísimas veces hablan de las causas dando la cara. La información abunda, se instala, crece, pero siempre suministrada “off the record”, sin que conste su origen, muchas veces por los mismos jueces y los mismos fiscales, o sus colaboradores, café de por medio con los periodistas especializados. Y a menudo es para sondear efectos. Si no, no se explicaría –por ejemplo– cómo se arraigó la idea de que CFK iba a ser procesada por el grave delito de asociación ilícita, y terminó implicada por un delito mucho más leve como es la defraudación.

Lo que reveló la situación es que en los tribunales federales no hay un lugar previsto para conferencias de prensa. El monopolio de la información y las cámaras lo tiene, hasta ahora, el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema. A menos que alguien se vea tentado y, como el fiscal Federico Delgado esta misma semana, se convierta en la estrella del programa televisivo Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino. Delgado, históricamente reacio a los medios, dio un sorpresivo vuelco.

Desafiando los contratiempos, al final salió primero solo Marijuán a hablar al pasillo del cuarto piso, cerca del ventanal que mira al río, pero donde esta vez no se veía nada con semejante multitud. El fiscal es de baja estatura, y se le venían los cronistas y los micrófonos encima. Alcanzó a delinear una explicación sobre cómo salió el dinero del país, volvió, se compraron bonos y fue invertido, y balbuceó que habría indagatorias pero no detenciones. Después apareció Casanello, que otra vez tuvo que responder que jamás fue a la Quinta de Olivos ni se reunió con la ex presidenta. Frente a tanta insistencia al respecto, el propio juez pedirá que se lo investigue.

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La aparición pública de Casanello tuvo un efecto quizá no buscado: logró desplazar de la tapa de los diarios y los principales titulares la denuncia perseverante de Báez, quien afirma que el juez participó en alguna reunión en Olivos con CFK el año pasado y por eso pidió su apartamiento. Báez fue recibido el viernes por segunda vez por la Sala II de la Cámara Federal, y ratificó que había escrito a mano en la cárcel, pero no aportó pruebas. “Yo imputé, procesé y detuve a Lázaro Báez. Me llamaría la atención que hable bien de mi”, dijo Casanello públicamente, y volvió a negar algún encuentro, que ya también rechazó la ex mandataria. Báez fue trasladado esposado, con chaleco y la cara tapada, por el pasillo de tribunales en una imagen incongruente con el entorno semivacío. Pero Báez no es el único que quiere sacar de juego al más joven de los jueces federales. También lo sugirió, insólitamente desde Paraguay, Ibar Pérez Corradi, quien dijo que en Argentina no tiene garantías. Casanello pidió su extradición porque lo tiene como procesado en la causa de la mafia de los medicamentos, por lavado. Pero la causa más importante, donde se lo acusa de ser el autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez (donde fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina) está a cargo de María Servini de Cubría, sobre quien no expresó reparos. Pérez Corradi asoció también la falta de garantías con supuesto ataques de agentes de inteligencia, cuando en realidad estaba pactada su entrega. El otro dato sorprendente es que en los últimos días en el Gobierno se jactaban de tener “arreglado” el regreso del acusado al país, aunque sea por expulsión, y que la promesa llegó de la mano del presidente de Boca, Daniel Angelici, quien se reunió con el presidente paraguayo Horacio Cartes. Angelici está denunciado por Elisa Carrió por tráfico de influencias en tribunales, papel que niega. ¿Quién tiene la causa? Casanello, quien también tiene la de Panamá Papers y Time Warp. Las causas que entran por denuncias se sortean con un sistema informático, cuyo servidor está en otro edificio, a la vuelta del Palacio de Justicia. Se supone que el sistema distribuye de manera equitativa las causas entre los seis juzgados de turno. Pero alguien se hartó de que a Casanello le toque todo, y el día que se hizo el sorteo de la causa de la muerte de Alberto Nisman, la computadora falló justo cuando aparecía su nombre (se abrió una causa judicial por esto).

Después de la detención del ex secretario de Obras Públicas López empezaron casualmente a resucitar denuncias contra el juez que investiga su enriquecimiento ilícito, Daniel Rafecas. El diputado por Cambiemos Waldo Wolff pidió su juicio político alegando que “tergiversó” pruebas para desacreditar la figura de “Alberto Nisman” y aseguró que el juez lo llamó por teléfono y lo amenazó después que apareció en un programa de televisión, algo que el Rafecas ya desmintió meses atrás cuando el ex directivo de DAIA intentó introducir el tema en la causa sobre la muerte del fiscal. También lo denunció una diputada radical la semana pasada. Todas las presiones políticas apuntan que también sea alcanzado el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Esta semana quien se ocupó de De Vido fue el juez federal Luis Rodríguez, quien allanó su casa y una chacra después que lo habilitó el Congreso, en una causa que se remonta a 2009 en la que se investiga su evolución patrimonial mientras fue funcionario. Fueron días de una suerte de excitación aguada en Comodoro Py, donde a varios de los jueces se les ocurrió activar causas o tomar decisiones al unísono. En el cúmulo, ante los ojos de la opinión pública, se hace difícil distinguir entre casos, funcionarios y gravedad de los temas. Todo se presenta como una masa kirchnerista involucrada en supuestos actos de corrupción. El juez Ariel Lijo procesó por lavado de dinero al ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, a Sebastián Gramajo, Néstor Lorenzo y Gabriel Brito, entre otros, por haber lavado 886 mil pesos de la mafia de los medicamentos para financiar la campaña de la fórmula Cristina-Cobos en 2007, o sea, hace nueve años. Servini de Cubría procesó por fraude en el uso del Fútbol para Todos a dirigentes de la AFA, los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, y Juan Manuel Abal Medina y Gabriel Mariotto. El juez Julián Ercolini citó a indagatoria al ex titular de la AFIP y de la Auditoría Ricardo Echegaray, al de la DGI Rubén Toninelli y a Cristóbal López imputados por supuesta asociación ilícita en una operatoria que habría permitido una evasión de 8000 millones. El mismo juez tiene que decidir si levanta el secreto fiscal de Cristina Kirchner y sus hijos ante un pedido del fiscal Pollicita en la causa Hotesur.

Lijo y Ercolini son los jueces más apegados al discurso de Lorenzetti. El primero también tuvo apariciones recientes en radio con libreto anticorrupción. Y todo esto es sólo de los últimos ocho días. Semejante nivel de actividad, en algunos casos tardía, nunca fue visto en los tribunales de Retiro.

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Una pregunta que ronda es cuál es el nivel de influencia concreto que ejerce el Gobierno en los jueces federales y sobre ciertos imputados. ¿Influyen? ¿Piden? ¿Va Angelici? ¿Fabián Pérez Simón? ¿Otros? Aunque nada de esto esté descartado, las declaraciones de algunos funcionarios son tan explícitas que ni ya ni causan escándalo. El día que apareció Pérez Corradi, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inició una serie de apariciones verborrágicas casi implorándole que acuse a alguien: “Creemos que él puede decirnos quién es la cabeza.” Apuntó a Aníbal Fernández sin mucho rodeo. “Debe estar nervioso”, se mofó. Y habló de “un mapa de relacionamiento en el Estado”. Justo un día antes de que Lijo procesara a Capaccioli, Bullrich sacaba el tema de la campaña de 2007 y los medicamentos. A ella se sumó en varias oportunidades la voz del ministro de Justicia, Germán Garavano, con distintas afirmaciones como que el Gobierno “ofreció a la justicia todo el apoyo para casos de corrupción” y que los hijos de Báez se pueden “acogerse a la figura del arrepentido”, que está vigente para casos de lavado y narcotráfico, y a cambio de información pueden obtener beneficios. Como lo hizo ya Leonardo Fariña. El oficialismo, es ostensible, intenta forzar a todos los Báez a “hablar” y acusar al gobierno anterior.

Hay un máximo contraste entre la ansiedad con que el Gobierno aborda estos casos y la que cunde, apenas existente, en la Oficina Anticorrupción, que reconoce que las acciones en Shell de Juan José Aranguren, ministro de Energía, representan un tema “complicado”, aunque solo le harán una “recomendación preventiva”. De las sociedades offshore de Macri y un ejército de funcionarios, Laura Alonso hasta dijo que no había delito.

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Otro de los interrogantes del momento es si, después de su regreso triunfal y relajado para declarar después de un año que a Nisman lo mataron, el ex jefe de operaciones de la ex Side (actual Agencia Federal de Inteligencia) Antonio Horacio Stiuso, volvió a ejercer poder en influencia en los tribunales federales ( o tal vez nunca dejó de hacerlo). De hecho, una de las hipótesis tras la increíble escena de López arrojando dinero dentro del convento, es si no habría sido presionado o inducido en los días previos por agentes. Esto no pone en discusión la gravedad del caso, sólo lo contextualizaría. Y la pregunta resurge con los multiprocesamientos y multijuicios desatados en los juzgados de Retiro. Los jueces en general tienen un gran enojo con el kirchnerismo, que intentó hacer los cambios más drásticos en sus estructuras arcaicas y corporativas, pero en especial los que investigan a los funcionarios y empresas, han sido permeables a “los servicios”.

Este panorama coincide con una regresión casi total respecto de la reforma que había intentado empezar a democratizar y transparentar la AFI. El gobierno de Macri eliminó por decreto la rendición de gastos, lo que sirvió en múltiples ocasiones históricas para repartir sobornos y sobresueldos. Hubo secreto y discrecionalidad hasta que, en 2015, el Congreso sancionó una reforma impulsada por CFK (que a la larga terminó en la salida de Stiuso, entre otros personajes). Lo que eliminó un decreto de Macri y Marcos Peña es el régimen de Administración de la AFI. Esto revertía una medida con la que el Estado Argentino había dado cumplimiento a su compromiso con las víctimas del atentado a la AMIA en el marco de una solución amistosa. Había una suerte de obligación internacional de generar nuevos mecanismos transparentes en la AFI. También se derogó el régimen profesional establecido para el personal y la estructura orgánica y funcional, y delegó la conformación en el nuevo director Gustavo Arribas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa se quejaron y pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo y la increíble respuesta fue que le iban a consultar a la AFI.

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Por si el reino judicial necesitara más respaldos, el martes último Lorenzetti reunió a representantes de jueces, fiscales, defensores y del gremio judicial que lidera Julio Piumato (los demás no fueron invitados) para hablar de la situación de la eximición de pago del Impuesto a las Ganancias de la que gozan todos. La cumbre había sido anunciada como la puesta en discusión y, por primera vez en años, la posibilidad de analizar que comiencen a tributar como cualquier ciudadano. El momento elegido, en plena crisis y tarifazo, fue casi provocador. Pero también el presidente de la Corte quiso ganarles de mano (y agotar el tema a su modo) a los jueces supremos que están por asumir para ocupar las vacantes –Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz– quienes en sus audiencias públicas dijeron que bregarían porque los jueces tributen.

En un comienzo todos los empleados y funcionarios agremiados se declararon en estado de alerta y anunciaron medidas de fuerza. Porque así como en 1996 una acordada de la Corte de la mayoría automática declaró inaplicable el impuesto a los jueces, luego por transitividad y para evitar conflictos se trasladó el beneficio a todo el personal. El hecho es el que el megaencuentro, que se hizo alrededor de la inmensa mesa oval del majestuoso salón Gorostiaga de la Corte, devino en una especie dedeclaración conjunta del 99 por ciento de los presentes de rechazo de pago al Impuesto a las Ganancias. El sector sindical se niega a pagar porque dice que “el salario no es ganancia” y que así debería ser para todo asalariado. Los jueces, fiscales y defensores alegan que implicaría una deducción en sus sueldos, lo que va contra la garantía constitucional de intangibilidad de sus salarios, que consideran garantía de independencia. El lema de la familia judicial de estos días parece ser, más poder y privilegios por siempre.