El fiscal federal Federico Delgado sostuvo que investiga si es “maliciosa” la inconsistencia detectada en la declaración jurada de Mauricio Macri, en la que el Presidente omitió “cuentas en el exterior y datos de dos sociedades” offshore.

“La causa trabaja por dos andariveles, una es la inconsistencia de la declaraciones juradas del señor Macri, porque hay datos que debió consignar y no lo hizo”, señaló ayer el fiscal. Explicó que su “trabajo es reconstruir si esa omisión es maliciosa o no y determinar si fue a propósito o no. Si no es a propósito, es una falta administrativa, si es a propósito es un delito”.

Delgado advirtió, sin embargo, que el avance de la investigación depende “de la información que viene del exterior. El sistema judicial –indicó–, lo que hace es pedir información, después, el que la va a buscar es el propio Poder Ejecutivo a través de la Cancillería”. De manera que el sistema “se rige por la buena voluntad de los estados entre sí, es un acto de colaboración política”.

En este caso, la información debe ser proporcionada por “Bahamas, Panamá, Brasil, Italia e Inglaterra”. “Si hay buena voluntad, se demora un día”, aseguró Delgado.

Después de que trascendieron los primeros datos a través del escándalo internacional de los Panamá Papers, la causa fue abierta con una denuncia del diputado Norman Martínez (FpV) para que se investigaran los vínculos entre las offshore Fleg Trading Ltd, en Bahamas, y Kagemusha, en Panamá, que Macri omitió declarar. El diputado señaló que además de las contradicciones en las declaraciones juradas de Macri, hay propiedades que cambian de valor, sociedades valuadas en cero, porcentajes accionarios que varían e inmuebles al parecer valuados en montos irrisorios.

Al elevar su dictamen, el fiscal Delgado señaló que se trata de “demostrar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de bienes al no presentar en su declaración jurada el ser director de las firmas Fleg Trading Ltd, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá”. El fiscal detalló en un cuadro explicativo las relaciones de Fleg y Kagemusha con otras personas jurídicas, y señaló que la segunda parte de la pesquisa “se vincula con determinar si la ‘vida social’ de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.

El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que la semana pasada pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) un informe en el que el organismo reportó grandes incongruencias entre las declaraciones juradas que Macri presentó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y ante la Oficina Anticorrupción (OA). El juez ha sido muy cuestionado por haber encargado a dos organismos controlados por el PRO –la OA y la Dirección de Ética porteña– el estudio comparativo de las declaraciones de Macri entre 2013 y 2015. El fiscal había pedido que el análisis fuera realizado por especialistas de la UBA.