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El pago clandestino de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, acusado en la causa por el atentado a la AMIA, aparece como emblema de la actuación del juez Juan José Galeano en esa investigación. Pero la lista de irregularidades y posibles delitos atribuidos a Su Señoría es mucho más larga y el Consejo de la Magistratura se dispone por primera vez a hacer algo al respecto basándose en una denuncia de la diputada frepasista Nilda Garré. El mes próximo podrían citarlo para que haga un descargo, como paso previo a acusarlo.
Durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde reinó el criterio de no cuestionar a Galeano, a pesar de las denuncias sistemáticas de los familiares de las víctimas agrupados en Memoria Activa. La causa que él instruyó llegó al juicio oral, que terminaría en marzo. En abril del año pasado, la diputada Garré presentó una extensa denuncia contra el magistrado ante el Consejo. Por sorteo le tocó al diputado Jorge Casanovas quien, como estilan los consejeros cuando quieren eludir y dilatar un tema, se lo delegó al plenario. Ahí quedó.
La decisión que el 3 de diciembre tomó la Sala II de la Cámara Federal, de apartar a Galeano de lo que queda de la causa AMIA (la conexión internacional), tornó al tema ineludible. El consejero Beinusz Smukler decidió comenzar a instruir la investigación y ya ordenó medidas de prueba. En el Consejo, igual, varios miembros presumen que “hay irregularidades ya probadas” a partir de lo establecido por los camaristas y por el Tribunal Oral que sustancia el juicio por el ataque terrorista.
La denuncia de Garré acusa a Galeano de: “amenazas y extorsiones a testigos, destrucción o pérdida negligente de pruebas fundamentales, la negociación por dinero con uno de los procesados a cambio de su declaración, manipulación de pruebas, intervención ilegal de teléfonos y eventual encubrimiento”. Algunos temas puntuales que se analizan son:
u La conformación por parte de Galeano de legajos paralelos, reservados, una estrategia que aplicaba, dice la presentación, cuando no quería que los familiares vieran alguna actuación. La Cámara incluso planteó que se privilegiaba con información a las querellas de DAIA y AMIA.
u El pago a Telleldín de 400 mil dólares para que acusara a los policías bonaerenses que fueron procesados. Más de una vez Galeano lo negó y nunca lo asentó en el expediente. Sin embargo, hay un video y escuchas que lo acreditaron durante el juicio oral.
u El relato de un ex secretario del juez, Claudio Lifstchitz, que narró cómo Galeano extorsionaba a testigos e imputados.
u La destrucción de la declaración de un testigo que probaría la participación de la SIDE en una detención y en la realización de apremios ilegales.
u Nunca se explicó ni el juez denunció la destrucción en el ámbito de la SIDE de 66 casetes con escuchas telefónicas, varias correspondientes con el número de Telleldín. Además, hubo intervenciones telefónicas, tanto al reducidor de autos como a abogados defensores, hechas sin orden judicial.
u Garré señala, además, que se obvió durante dos años la ampliación del testimonio del famoso testigo “C”, un iraní arrepentido, que había apuntado al gobierno de Menem.
u La denuncia enumera otras tantas pruebas no producidas,
producidas tardíamente, o destruidas. Ejemplo: los libros de guardia de las comisarías a cargo de la custodia de la AMIA aparecieron alterados y eso nunca se investigó. No se investigó la adulteración de un informe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que entregó la SIDE.