La resistencia opositora a la utilización de la base de datos de la Anses –con información de 16 millones de personas donde figuran dirección, teléfonos y email– para difundir propaganda del Gobierno a través de las redes sociales ya tiene varios expedientes judiciales abiertos en los tribunales federales y otros en preparación, además de propiciar una batalla parlamentaria en la Cámara de Diputados que unificaría a toda la oposición para derogar por ley la resolución del Ejecutivo (ver aparte).

Los diputados del Frente para la Victoria presentaron ayer un amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal contra la transferencia de los datos de la Anses a la Jefatura de Gabinete “porque viola la Constitución y la ley de Protección de Datos Personales”. Otros dos legisladores del kirchnerismo denunciaron penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, su secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y violación de secretos y de la privacidad” y al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; y el subdirector del instituto de previsión, Federico Braun, por haber firmado la resolución para la transferencia de la base de datos de la Anses. Acusaron a Peña de pretender “utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública”, según dice el escrito que los diputados presentaron en los tribunales federales.

A ellos se sumará la semana próxima una denuncia de habeas data que diputados del Frente Renovador presentarán ante la Justicia, para “proteger a los beneficiarios del sistema de seguridad social no sean instrumento de propaganda del Gobierno”. Y la abogada Valeria Carreras, que presentó un amparo el martes, ayer amplió los fundamentos de su planteo a la espera de que el fuero Contencioso Administrativo habilite la feria para tratarlo.

El escrito firmado por los diputados FpV Héctor Recalde, Carolina Gaillard y Teresa García solicita como medida cautelar la suspensión de la aplicación del convenio marco firmado entre la Anses y a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación, que depende de la jefatura de Gabinete y que “si la información ya ha sido total o parcialmente transferida, que se prohíba a la Secretaría de Comunicación Pública utilizarla de cualquier forma, hasta tanto se dicte sentencia de fondo” en la causa.

En sus fundamentos, los legisladores sostienen que la ley de protección de datos, establece que los mismos “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”. Allí advierten que la Resolución 166/16 habilita que los datos suministrados por las personas a la Anses – nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de e-mail de cada persona– “sean usadas” por la secretaría de Comunicación para otros fines, como llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por los individuos para este fin. “Claramente, se altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado”, afirman.

“Esta práctica remite a estrategias empresariales (propias de los CEOs que integran el gobierno) que a cambio de un ‘regalo’ obtienen los datos personales de los consumidores y los someten, posteriormente, a un permanente asedio por vía telefónica o por el envío de correos electrónicos”, dice el escrito que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo de la jueza Liliana Heiland, quien tendrá que definir si habilita la feria judicial para analizarlo.

En tanto, los también diputados del FpV Juan Cabandié Rodolfo Tailhade apuntaron a las responsabilidades penales de los funcionarios que rubricaron el convenio. “Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales”, advirtieron los legisladores en su denuncia y acusaron a Peña de pretender “utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública”.

Además de señalar las dificultades con que se encontraría la Jefatura de Gabinete para manejar esos datos sensibles. “O generan un ingreso masivo de miles de nuevos trabajadores a la Secretaría, o contratan distintas consultoras para que realicen la tarea. No parece muy difícil conocer la respuesta: los datos personales de todos los argentinos que Anses remitirá periódicamente al licenciado Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas”, aseguran los diputados. La denuncia recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo, y deberá ser investigada por el fiscal Guillermo Marijuan si se habilita el receso invernal en el fuero penal federal.

“Resulta conveniente recordar que el artículo 5 inciso 2c sólo exime de consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando ‘se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio’, es decir que excluye de esta concesión a datos personales como el estado civil, estudios y, fundamentalmente, teléfono y correo electrónico”, argumentan los diputados, al tiempo que sostienen que “un simple razonamiento permitiría sospechar que esta maniobra ilegal fue planificada con antelación y ejecutada oportunamente”.

No escapa a los legisladores, que el jefe de Gabinete ya había intentado sin suerte acceder a la base de datos de la AFIP y de la Tarjeta Sube a cargo del Ministerio de Transporte, quienes se habrían negado a cederlas hasta que la Anses le facilitó la propia para que Peña difunda la propaganda de Gobierno.

El resto del arco opositor tampoco aprueba que el Gobierno maneje la base de datos de la seguridad social para difundir propaganda oficial a través de las redes sociales. La jefa del bloque de diputados massistas, Graciela Camaño, no dudó en cuestionar la medida del Gobierno y anticipó su decisión –previamente consultada con Sergio Massa antes que el líder renovador partiera a los Estados Unidos– de recurrir a la Justicia.

El Frente Renovador acudiría a una presentación judicial de habeas data “proteger a los beneficiarios del sistema de seguridad social no sean instrumento de propaganda del Gobierno”. Por las características del tema, que deberá ser a título personal, el massismo le encomendó a su aliado del interbloque de UNA, el diputado cordobés y abogado constitucionalista Juan Fernando Brugge que prepare el escrito. Brugge, o algún otro diputado, hará la presentación la semana próxima cuando ya concluya la feria judicial.

Todo un frente jurídico que el oficialismo tendrá que abordar para intentar hacerse de una base de datos que le permitiría expandir en forma selecta y dirigida su propaganda de Gobierno.