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La lectura de la causa penal iniciada hace cincuenta años con motivo de los incidentes registrados durante la llamada “Noche de los Bastones Largos” permite inferir que la sangrienta represión desplegada por la policía dentro de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires contra estudiantes y profesores formó parte de la “Operación Escarmiento”, urdida por el entonces jefe de la Policía Federal, el general Mario Adolfo Fonseca, una de las personas más influyentes del gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía.

El viernes 29 de julio de 1966 se había publicado el decreto-ley 16.912 por medio del cual Onganía anulaba el gobierno tripartito de la universidad y subordinaba al Ministerio de Educación de la Nación a las autoridades –rectores y decanos– de las ocho universidades nacionales, a quienes otorgaba 48 horas para aceptar su nombramiento como interventores.

Rolando García, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, cuya sede quedaba por entonces en la Manzana de la Luces, decidió rechazar la intimación, al igual que el resto de la comisión directiva.

Ese mismo día, cuando la intervención de la universidad era un secreto a voces, García les dijo a un grupo de estudiantes que lo iban a tener que “sacar a palos” del edificio de Exactas. Y así fue.

Aquella noche, bautizada luego como de Los Bastones Largos, la Guardia de Infantería de la Policía Federal ingresó y reprimió a alumnos y profesores en las facultades de Filosofía y Letras, de Ingeniería, de Arquitectura y, especialmente, de Ciencias Exactas.

En esta última facultad, el operativo contó con cinco carros de asalto, una autobomba y un centenar de agentes de Infantería. Los heridos por los bastonazos policiales fueron más de cien y hubo cerca de 150 estudiantes detenidos que fueron distribuidos en las comisarías 1ª, 2ª, 4ª y 22ª de la Capital Federal.

García, quien esa noche recibió palazos en la cabeza y al cual le fracturaron un dedo, estaba convencido de que el operativo en Exactas había sido liderado por el jefe de la Policía Federal en persona, el general Fonseca.

Días después de la represión, y con el patrocinio del abogado Carlos González Gartland, García se presentó como querellante en la causa penal iniciada a raíz de lo ocurrido en la Facultad de Exactas y acusó a Fonseca y a sus subordinados por los delitos de lesiones graves calificadas en razón de la alevosía y el ensañamiento empleados durante la represión policial.

Los paraguas asesinos

La denuncia tenía pocas probabilidades de prosperar y así se lo habían hecho saber a García diferentes abogados con los que consultó antes de llegar a González Gartland.

Antes de aceptar el pedido, González Gartland le dijo: “Usted está mal de la cabeza. ¿Hacerle un juicio a Fonseca, uno de los cuatro generales que dirigen el país? Usted está loco… pero, peor aún, se ha encontrado con otro loco: vamos a iniciarle juicio a Fonseca”.

La causa se radicó primero en el entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, a cargo de Jorge Alberto Aguirre, pero años más tarde pasó al Juzgado Criminal de Instrucción N° 12, de Raúl de los Santos.

Cuando presentaron la querella, González Gartland y García se encontraron con un acta inicial, firmada por el comisario Osvaldo Raúl Zotta, titular de la seccional 2ª, y según la cual el accionar policial parecía salido de un libro de cuentos.

Allí constaba que la policía había ingresado al edificio de Exactas, en Perú 222, porque desde el interior del edificio, que tenía sus puertas cerradas, se arrojaban pedazos de sillas y bancos, y se oían gritos de estudiantes que querían salir de la facultad.

Según el relato policial, al entrar en la casa de estudios y ser recibidos con proyectiles, los agentes no tuvieron más remedio que defenderse de las agresiones y arrojar gases lacrimógenos. En el acta consta que “algunos estudiantes esgrimían paraguas con los que castigaban al personal policial”.

Para el subcomisario Héctor David Marcos, “la defensa policial estaba en un plano de notoria desventaja con respecto a los estudiantes, por cuanto estos conocían las características del teatro del suceso”. Casi como decir que los policías enfrentaban al Vietcong.

De cualquier modo, según surgía del acta, a la policía le llevó tan solo 45 minutos “dominar la situación y restablecer el orden”. Se detuvo a los alumnos que “no cesaban en su actitud belicosa hacia el personal policial” y continuaban entregados a “sus depredaciones en el interior del edificio”.

En el expediente se dejaron asentados los daños supuestamente producidos por los estudiantes: muebles rotos, trozos de vidrio e incluso “un aparato telefónico tipo monofón negro completamente destrozado en su vaquelita (sic) dentro de la oficina de Vedelía” (sic).

Esa noche fueron detenidas más de 150 personas en las comisarías 2ª y 4ª, acusadas por “atentado, resistencia, desobediencia directa a la autoridad, lesiones y daños”.

Si bien unos de los comisarios reconoció que algunos estudiantes y directivos de la facultad presentaban heridas leves, no se pudo explicar “en qué circunstancias y cómo resultaron lesionados”. Por su lado, uno de los agentes afirmó que la punta de su sable se había roto al tener que utilizarla para “contener los golpes que le dirigían los estudiantes”.

Operación Escarmiento

Si la versión oficial obviaba cualquier mención a la represión policial y atribuía las lesiones de los estudiantes a un misterio inexplicable, la querella presentada por García era terminante: acusaba a Fonseca y demás funcionarios policiales por el delito de lesiones graves calificadas por su alevosía y ensañamiento, y en subsidio, del delito de vejaciones y apremios ilegales.

En su denuncia, García explicaba que, terminada la reunión de la comisión directiva que analizaba la situación de la universidad, unos estudiantes le avisaron que fuera del edificio se encontraba la policía, que había dado por megáfono la orden de desalojo, pero el decano no salió porque esperaba la notificación oficial que nunca se produjo.

En su lugar llegaron los gases lacrimógenos que obligaron a los estudiantes y profesores a salir al patio. Allí, las fuerzas policiales, gritando e insultando, les ordenaron salir con los brazos en alto. Según el escrito de García, los policías “semejaban una horda bárbara al asalto de un templo”.

El decano se presentó frente a un oficial, a quien le dijo que el despliegue de fuerza era innecesario, pero por toda respuesta obtuvo un garrotazo en la cabeza.

Luego se ordenó a los universitarios colocarse de frente a la pared del patio, mientras “les aplicaban fuertes palazos en la región lumbar, en la espalda, en estado de indefensión”.

Para salir del edificio los obligaron a pasar por el medio de una doble hilera de policías, donde docentes y estudiantes fueron apaleados. García mismo recibió varios golpes en la cabeza y, al querer defenderse con sus manos, un bastonazo le quebró el dedo meñique de su mano derecha.

Ya en el exterior de la facultad, el decano observó que, desde un auto, un hombre impartía órdenes a los policías. Al consultar con uno de los oficiales, éste le comentó que dentro del vehículo estaba “el general de brigada Mario Fonseca, jefe de la Policía Federal”, que estaba a cargo del operativo.

García afirmó que llegó incluso a escuchar el nombre que le habían puesto al procedimiento, Operativo Escarmiento, y que según él había sido “minuciosamente preparado e instrumentado para castigar la pacífica rebeldía de los científicos argentinos”. Más adelante, también sostuvo que el fin del procedimiento era “vejar y apalear al personal docente, auxiliar, directivo y a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales”.

En una entrevista concedida con motivo de los 30 años de la Noche de los Bastones Largos, el decano había especulado con que la “Operación Escarmiento” constituía la venganza de los militares por la “agresión” que habían sufrido el 19 de octubre de 1965, en un acto frente al monumento al general Roca sobre Diagonal Sur y Perú, cuando los estudiantes de Exactas arrojaron monedas de un peso y cincuenta centavos desde la terraza de la facultad contra los funcionarios presentes, entre ellos el general Onganía, por entonces jefe del Ejército.

El amigo americano

Warren Ambrose era un profesor estadounidense del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que estaba de visita en la Argentina y que se encontraba en la facultad de Exactas la Noche de los Bastones Largos.

A raíz de lo que presenció ese día, escribió una carta que luego fue publicada por el New York Times, en la que criticaba al gobierno de Onganía y en la que pedía a los lectores del diario que enviaran cartas de protesta al gobierno argentino.

Sin necesidad de un traductor, Ambrose declaró en la causa penal, donde explicó que una vez terminada la reunión de la comisión directiva había decidido permanecer en el edificio “para ver qué pasaba”, aunque aclaró que en ningún momento se había comentado la posibilidad de resistir a la intervención policial.

Según el profesor norteamericano, “el personal policial comenzó a golpear a las distintas personas que se encontraban en el lugar, a pesar de que no oponían resistencia”. Una vez en el patio y de cara a la pared, “si alguna persona bajaba los brazos era nuevamente golpeada”.

Ambrose detalló que, al formarse la doble hilera de policías, “se hacía salir a cada uno de los detenidos espaciadamente, de manera que no se acercaran mucho a la persona que iba adelante, de modo de posibilitar a los policías el golpearlos efectivamente”.

En ese pasillo, Ambrose recibió golpes en la cabeza, cintura y espalda, por lo que al momento de su declaración los hematomas eran todavía visibles, tal como consta en el acta judicial.

La sombra de Fonseca

Si bien el general Fonseca nunca fue llamado a declarar, su presencia en las inmediaciones de la Facultad de Exactas fue probada en la causa penal a través de diferentes testimonios.

Así, el comisario Zotta admitió que el jefe de Policía había estado en el lugar en “algún momento de la noche” y presumía que lo había hecho “para enterarse de las novedades”.

Por su parte, el subcomisario Marcos declaró que al salir de la facultad vio un coche particular en la esquina de Perú y Diagonal Sur, donde se encontraba el general Fonseca junto a dos comisarios inspectores que le informaban lo ocurrido.

Uno de esos comisarios, Anzulovic, sostuvo luego que Fonseca sólo había hecho una “pasada” por el lugar cuando la policía ingresaba en la facultad y que había regresado más tarde cuando los universitarios “estaban siendo sacados de la casa y derivados a la comisaría”.

La presencia de Fonseca en los alrededores de Exactas fue corroborada también por dos profesoras de Filosofía y Letras que se encontraban cerca del monumento a Roca en el momento del operativo. Una de ellas, Manuela Amanda Tauber de Albertotti, refirió que un policía le había comentado que era un procedimiento “importante” que era dirigido “personalmente por el señor jefe, el general Fonseca”. Incluso declaró que había visto a Fonseca en la rotonda del monumento, “rodeado de policías que permanentemente lo consultaban” por lo que “era absolutamente evidente que nada se hacía en el lugar sin consulta previa al general Fonseca, quien efectivamente dirigía en forma personal el procedimiento”.

Una colega que estaba a su lado, Noemí Fiorito de Labrune, afirmó en el expediente que un policía les había dicho que el operativo lo dirigía personalmente Fonseca, a quien pudo ver desplazándose dos o tres veces hacia la puerta de la facultad y dar órdenes, por lo cual concluyó que el jefe de Policía “efectivamente dirigía la operación”.

Incluso dos periodistas del diario La Nación que cubrieron el hecho prestaron testimonio en el sentido de que esa noche oyeron que Fonseca había estado en las inmediaciones de la Facultad, aunque no habían podido verlo.

Sobreseimiento provisional

En 1968, dos años después de iniciada la causa, el juez federal Jorge Aguirre resolvió no hacer lugar al pedido de procesamiento de Fonseca y remitir las actuaciones a la Justicia ordinaria.

A criterio del magistrado, en el expediente se presentaban dos versiones de los hechos. Una “policial”, según la cual los agentes se limitaron a repeler la agresión de los estudiantes, y otra “universitaria” en la que se describía la inusitada violencia empleada por las fuerzas del orden.

El juez admitió que, si bien existían elementos para procesar al menos a dos funcionarios policiales (el comisario Zotta y el subcomisario Marcos), no se justificaba la competencia federal del caso por no existir pruebas para procesar al jefe de la Policía.

En la misma resolución desestimó los testimonios de las profesoras de Filosofía que habían declarado haber visto a Fonseca impartiendo órdenes, por considerarlos “meras conjeturas”. Asimismo, consideró que lo manifestado por los periodistas de La Nación acreditaba que Fonseca recién había llegado al lugar cuando el procedimiento ya había terminado.

Es curioso que el magistrado descartara los testimonios directos de las profesoras como “meras conjeturas”, mientras le daba plena validez a la declaración de los periodistas que habían admitido no haber visto a Fonseca.

La resolución fue apelada por García, pero la Cámara Federal confirmó la declaración de incompetencia aunque exhortó al juez a resolver la situación procesal de Fonseca.

Por tal motivo, a las pocas semanas Aguirre declaró el sobreseimiento provisional del jefe de Policía por “ausencia de elementos procesales de juicio y por no resultar suficiente la sola responsabilidad funcional” que le imputara la querella y según la cual Fonseca era culpable por haber actuado por omisión, al no haber impedido que las fuerzas policiales reprimieran violentamente a docentes y estudiantes.

Si bien el sobreseimiento provisional implicaba que Fonseca podía seguir siendo investigado y se contraponía a la opinión del fiscal que había solicitado el sobreseimiento definitivo, en los hechos la resolución del juez implicaba el fin de la causa contra el jefe de la Policía.

A la Justicia ordinaria

La causa pasó al Juzgado Criminal de Instrucción n° 12 para investigar a los demás policías, pero en julio de 1970 el juez decidió sobreseer provisionalmente “la causa” por entender que no se había podido establecer quién había tenido “la iniciativa en la agresión desencadenada” y dado que los hechos se habían desenvuelto “en un clima de total confusión, en recintos de escasa iluminación y con gran número de participantes”.

Así fue cómo la “Operación Escarmiento” del general Fonseca quedó impune mientras centenares de científicos tuvieron que emigrar del país en busca de mejores destinos.