El ex vicepresidente Amado Boudou sigue sufriendo procesamientos en causas extrañas. Ayer, el juez federal Sergio Torres tomó esa medida en el expediente en el que se lo investiga por la compra de 19 automóviles de alta gama cuando era ministro de Economía. El fallo, que significa el tercer procesamiento para el ex vicepresidente, incluye también un embargo por 3 millones de pesos.

El delito por el que lo procesó el juez Torres es “administración fraudulenta agravada”. Según determinó, la compra de esos 19 vehículos resultó un “capricho” que “no sólo implicó la adquisición de un lote de vehículos no esenciales para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y por un monto superior a la firma Guido Guidi SA por una vinculación que se presenta particular”. Torres dio por probada tanto la amistad que existía entre Boudou y el empresario Guido Guidi, como el hecho de que uno de los vehículos fue destinado para su uso personal luego, en el Senado.

Además, citó a Boudou a una nueva declaración indagatoria en un desprendimiento de esta causa por la supuesta falsificación de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hecha para justificar la compra de los vehículos en 2009, cuando la encabezaba Daniel Reposo, otro de los procesados. Y también incluyó en la medida al ex secretario Legal y Administrativo de Economía, Benigno Vélez, por el mismo delito que Boudou, y como partícipes necesarios al ex director de Asuntos Administrativos, Álvaro Palencia Reffino; y los empresarios de la concesionaria, Fernando y Guido Guidi.

Es el tercer procesamiento que suma Boudou. El ex vicepresidente ya fue enviado a juicio en la causa por la falsificación de documentos de un automóvil Honda modelo ‘92, que supuestamente quiso evitar colocarlo en el reparto de bienes en el divorcio con su mujer. El otro expediente, a priori el más serio, es en que se investiga el levantamiento de la quiebra y venta de la ex Ciccone Calcográfica.

En cambio, Boudou fue sobreseído en otras denuncias de poca relevancia. Una, en la que se lo investigaba para saber si había puesto un domicilio falso en su DNI. Otra, por haber realizado un viaje de unos minutos a Necochea en un helicóptero que pertenecía a una constructora que tenía contratos con el gobierno nacional.