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¿Cuántas derechas hay en la Argentina? A una de ellas nos referiremos en esta declaración, apenas algunas de las tantas que existen, aquí y en el mundo, en las que sin duda hay también hombres y mujeres con quienes la discusión sería otra si no se apartaran tanto de un pensamiento regido por un mínimo criterio de razonabilidad. Como tantas veces se dijo, la esencia de todo núcleo civilizatorio supone que impere la justicia.

¿Pero de qué modo? ¿Llamando “deber cívico” a una penosa solicitada sin fundamentos serios, o mal interpretando lo que es justamente uno de los escritos más sólidos de un miembro destacado de la justicia argentina, como el doctor Daniel Rafecas? La justicia debe ser entendida como una búsqueda incesante, y es en sí misma esa búsqueda la que recorre toda la historia, como un mandato escrito pero también forjado por un saber profundo.

Es el saber que se sostiene con la sola fuerza de una intimidad que siempre nos ronda. Habita en nuestra conciencia, que no puede ser un agujero negro. Pero otra cosa es cuando las derechas clásicas se alborozan en su propio mar de desmesura. Veamos un caso específico. La solicitada contra el juez Rafecas está firmada por numerosos representantes del áulico conservatismo argentino, jueces, periodistas, políticos, con biografías matizadas por distintos rangos de desacierto o imprudencia. ¿Por qué razón se agitan? El juez Rafecas se halla entre los más probos y capacitados de la historia judicial contemporánea del país. Quizás, en este momento donde todo enunciado (jurídico, social, económico, moral) está destinado a pasar por un proceso de trituración especializada (tanto de los servicios de inteligencia como de un numeroso batallón de operadores en acciones de difamación) vale la pena recordar cómo este juez habla siempre con el específico sostén de sus conocimientos sobre la cuestión penal en casos de genocidio. Uno de sus libros, unánimemente saludado por muchos que ahora cuestionan su persona, analiza con rigor las acciones de criminalidad durante el régimen del nazismo, mostrando los movimientos de su condensada trama jurídica, que progresivamente iba involucrando a una densa capa funcionarial, a fin de proveerle un absurdo sustento jurídico al Holocausto. Era “un nuevo tipo de derecho”.

Rafecas ha escrito así un volumen de gran precisión sobre la cuestión penal en el Holocausto. Reflexiona con singular originalidad sobre el sistema penal puesto al servicio de una acción que vulneraba la forma esencial de la justicia. Ahora, su dictamen sobre el caso Nisman sigue esta misma rigurosidad, observa con una precisión impresionante las deficiencias notables del escrito acusatorio de este fiscal, mostrando sus debilidades intrínsecas, no solo en materia de pruebas sino de alteración de las mismas. Realiza un análisis pormenorizado de los escritos de la causa, y descarta con minuciosidad la existencia de cualquier plan de encubrimiento del atentado a la AMIA, asentando y demostrando la ausencia total de cordura específica que debería albergar todo dictamen. Así como en su libro sobre la Shoá demuestra cómo en la ley puede haber una criminalidad indiferente que pasaba por instancias burocráticas de todo tipo, en su análisis de las páginas improvisadas escritas por Nisman y el tratamiento posterior que recibiera por otros fiscales –donde se ha comprobado el empalme indebido de escuchas telefónicas–, revela de qué modo las pobres evidencias existentes demuestran lo contrario a lo que se les hizo forzadamente decir. No hubo, pues, tal “plan criminal”, lo que pone bajo otra dimensión totalmente diferente la muerte del fiscal Nisman, y la necesidad de investigarla sin la tupida maraña de intereses que desde hace tiempo se desencadenaron para afectar a los funcionarios actuantes en aquel momento, en especial a Cristina Fernández de Kirchner.

Estudiando la madeja jurídica ficticia que amparó un genocidio, Rafecas la llama “el gran agujero negro de la modernidad”. Para el modo de discurrir actual del debate político argentino, la forma en que la derecha nacional se apresta a interpretar este lamentable caso –por implicar la dolorosa muerte de un fiscal–, significa realizar una inculpación que representa una torpe maniobra en las tinieblas del Estado, del sistema jurídico y de la sociedad, más allá de que los firmantes de la solicitada, en muchos casos, se hayan apresurado a rubricarla sin considerar la insensata significación de lo que estaban avalando. La destitución de un juez independiente –la historia de sus fallos lo demuestra– adultera de una marea trágica las instituciones del país. Rafecas deberá permanecer en su cargo, si todos los argentinos hacemos lo que corresponda para ello. En cambio, los que han asentado su firma sobre una versión local de ese agujero negro, lo ignoran todo sobre derechos humanos y derechos políticos, con un grado de irracionalidad preocupante. En esta trágica boca de pozo resultan deglutidos los rasgos resistentes de la institucionalidad del país, los hilos conductores de la razón crítica argentina, y del mismo Poder Judicial en su carácter de representante del imperio de la prueba, la verificación y el sentido verdadero de las acciones públicas. Momento triste y negro para la conciencia pública.