Los defensores del Pueblo de provincias y ciudades fueron las voces que representaron los reclamos federales excluidos de la única audiencia pública realizada en Buenos Aires para discutir el tarifazo en el gas. “Progresividad, proporcionalidad y razonabilidad”, fue un reclamo común que además incluyó la incorporación de las Pymes, clubes de barrio y entidades de bien público” en un cuadro tarifario especial, así como el precio de la garrafa –único acceso al gas para más de la mitad de la población del país que no tiene acceso a gas natural– y los cuestionamientos al ministro de Energía que prometió terminar el gasoducto del NEA pero no la construcción de las redes domiciliarias en las provincias que atraviesa.

“Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en unas situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias”, planteó Alejandro Amor, ombusdman porteño y presidente de la Asociación Nacional de Defensores del Pueblo. Adrián Rodríguez, Defensor del Pueblo de Corrientes, planteó “la discriminación y la asimitería” del NEA y su provincia donde una garrafa de diez kilos “se paga 160 y 170 pesos”, mientras que cuestionó a Juan José Aranguren porque el gasoducto del NEA no abastecerá de gas a su provincia. Raúl Lamberto, de Santa Fe, reclamó “una auditoria externa para conocer con bases ciertas el precio de gas en boca de pozo” y criticó que el Gobierno “haya atado su valor a una moneda extranjera”.