El juez federal Claudio Bonadio dio marcha atrás con su decisión de destruir 60 mil moisés y bolsas de dormir del plan Qunita y derivó ayer en el Ministerio de Salud la facultad de disponer qué hacer con los elementos del kit, inutilizados desde abril. Bonadio tuvo que ceder ante la presión que académicos, neonatólogos, referentes sociales, diputados nacionales y organizaciones civiles ejercieron en su contra, y que llegó hasta los oídos del Papa Francisco. En un escrito publicado ayer, el juez finalmente estableció que la reutilización de los elementos que había mandado a destruir es “jurisdicción exclusiva” de la cartera que conduce Jorge Lemus, hacia donde, explicó, se debe a partir de ahora “dirigir todo reclamo o sugerencia” sobre el futuro del programa.

Pese al vuelco de ayer, el Ministerio de Salud continuó con el silencio que mantuvo desde que se conoció la decisión de destruir los kits. De todas formas, según pudo saber este diario, la presión de los profesionales llegó también hasta los funcionarios cercanos a Lemus, que comenzaron a buscar posibles alternativas. Entre ellas, hacer caso al planteo de conformar un equipo interdisciplinario que corrija las fallas de las cunas y los sacos para que puedan seguir repartiéndose. Mientras tanto, los kits siguen juntando polvo en los depósitos de Oca y en las maternidades públicas desde hace cinco meses. Al respecto, el ex ministro Daniel Gollán indicó a Página/12 que “le toca al ministerio estar ahora a la altura de un programa que apunte a evitar las dos mil muertes por colecho por año que el Qunita prevenía”.

Desde la primera resolución, del 26 de agosto, en la que ordenaba “destruir” los elementos del plan, Bonadio cosechó el repudio de buena parte de la comunidad médica. El caso más revelante fue el del prestigioso neonatólogo Alejandro Jenik, quien había firmado un informe que advertía sobre los riesgos de las bolsas de dormir, a pedido del Ministerio de Salud. Jenik, junto a neonatólogos como Alicia Benítez, de la maternidad Sardá, Adriana Gorenstein, del sanatorio Trinidad, y el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Sergio Provenzano, firmaron la semana pasada una carta dirigida al Papa para que interceda en defensa de “los derechos de millares de niños y niñas de las familias más humildes” afectados por la decisión del juez.

El propio fiscal de la causa, Eduardo Taiano –el mismo que pidió la elevación a juicio oral de los 18 procesados– debió interceder para que Bonadio reviera su decisión. Incluso Unicef, en sintonía con la opinión de especialistas, solicitó una evaluación interdisciplinaria “antes de tomar cualquier decisión”. Hubo un proyecto de resolución de la diputada del FpV, Ana Carolina Gaillard, y un escrito presentado en el juzgado por el diputado Martín Doñate. Finalmente ayer, no sin pataleo, Bonadio resolvió deshacerse de la presión y pasarle la pelota nuevamente al Ministerio de Salud.

El pataleo de Bonadio

“¿Por qué se dispuso la destrucción de las cunas y los sacos de dormir? Obviamente que ello no fue caprichoso ni antojadizo, sino que se basó en elementos concretos y precisos glosados al expediente, que determinan su peligrosidad”, arremetió el juez en uno de los apartados de su resolución de ayer, dirigido a la diputada Gaillard, a quien acusó de actuar “con ignorancia absoluta o tal vez mucha mala fe”. Bonadio publicó, a modo de anexo, uno de los tres informes del INTI que espefica que el moisés sólo soporta el peso de un bebé de 9 kilos. “No es necesario ser ingeniero para advertir los riesgos” del kit, ironizó.

En el escrito, Bonadio asume haber ordenado la destrucción de los moises, lo que en un principio había desmentido. Ayer se dedicó también a denostar que “mediáticamente se pretendió establecer que los efectos peligrosos debían incinerarse”, lo que, dijo, “nunca fue ordenado por el Tribunal”.

El juez hizo además una defensa cerrada de su actuación al frente de la causa, en la que, opinó, “se investigó una de las causas de corrupción más explícita y grosera que el suscripto tenga memoria”. Bonadio ya procesó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y a otros diecisiete ex funcionarios y empresarios por supuestos sobreprecios y direccionamiento en la licitación del plan, aunque sobreseyó al ex ministro y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur.