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La última semana de febrero, según confiaron los jefes de los bloques justicialistas de ambas cámaras, llegará el final de la cuestionada reforma laboral. En principio todo está acordado –esto incluye tanto a las centrales de trabajadores como a las empresariales– para que tanto el Senado como Diputados en sesiones continuas deroguen la norma que se aprobó durante la gestión de Fernando de la Rúa y que, previo pago de sobornos, flexibilizó aun más los derechos de los trabajadores.
La determinación se alcanzó ayer cuando José María Díaz Bancalari (jefe del bloque de diputados) y su par de la Cámara alta, Miguel Pichetto, se reunieron con el jefe de Gabinete Alberto Fernández. Los legisladores aseguraron que el nuevo texto de la norma está en el escritorio del presidente Néstor Kirchner y sólo resta que la firme.
“Están todos de acuerdo, las centrales de trabajadores y hasta los empresarios”, indicó Bancalari, quien señaló además que la demora que sufrió la anunciada derogación se basó en que Kirchner sólo estaba dispuesto a enviarla al Congreso siempre y cuando haya consenso entre todos los actores implicados. “No hay ley que valga pagar un costo innecesario”, dicen los legisladores que escucharon decir al Presidente.
En principio, la ley deroga en parte la que impulsó la gestión de la Alianza. Las principales modificaciones están centradas en la disminución del período de prueba de un año a tres meses, la eliminación de los convenios colectivos por empresa que prevalecían por los de la rama sindical. En este último punto hay una salvedad, podrán subsistir o aprobarse nuevos convenios salvo que contemplen mejores condiciones laborales.
Para avanzar en el tratamiento de esta norma, los bloques tienen planeado convocar a sus integrantes para la semana próxima. En el Senado, en tanto, tienen ya agendado que el martes se reunirán con Fernández y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Según confió Díaz Bancalari, la derogación es un hecho y es “el primer peldaño en el camino de la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores”, esos que durante la década menemista el justicialismo se encargó de destruir.
La reforma laboral no será la única ley que los legisladores tienen planeado debatir. En lo que será la única sesión del período extraordinario y que sólo puede ser convocada por el Ejecutivo, tienen pensado llevar al recinto dos proyectos más: donante presunto y el aumento de los impuestos al tabaco.
Si la modificación de la ley laboral se da por descontada, en el oficialismo saben que para que las otras dos corran la misma suerte habrá que trabajar un poco más. Es que, como sostienen, la ley que transforma a todo ciudadano en un potencial donante de órganos –salvo que indique lo contrario–, genera cuestionamientos en la mayoría de los bloques que van desde lo ético, lo religioso y hasta lo político.
El proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Salud, pero no con el consenso mayoritario de los bloques más importantes, esto es el PJ y la UCR. Los legisladores consideran que es muy probable que se intenten incorporar modificaciones al texto y que por lo tanto termine dilatándose su tratamiento para el período ordinario que comienza en marzo.
Algo similar ocurre con el pretendido incremento del impuesto al tabaco. La iniciativa genera rechazo entre los legisladores que provienen de provincias productoras de tabaco y, por lo tanto, es posible que el proyecto quede también postergado.